Ausbanc, Sacyr, Martinsa... Los espionajes de BBVA que acorralan a FG en el caso Villarejo

La posibilidad de citar a Francisco González como investigado sobrevolaba el caso Villarejo desde el pasado enero. Anticorrupción lleva meses recabando pruebas de los trabajos que realizó el comisario para BBVA entre 2004 y 2017, labor que empujó a los fiscales a pedir este miércoles la imputación del expresidente del banco por cohecho y revelación de secretos. Los delitos que el Ministerio Público pone sobre la mesa reflejan cuál es su principal sospecha: el exdirectivo no era ajeno a las operaciones de espionaje de Villarejo contra sus rivales, ni tampoco a las cantidades millonarias que le pagaron por estas maniobras.

Como adelantó El Confidencial en una investigación conjunta con 'Moncloa.com', en la causa constan audios y documentos que salpican de forma directa a González. Ya en noviembre de 2018, este diario informó de que el BBVA había camuflado sus pagos a Villarejo para acabar con Ausbanc, la asociación de usuarios de banca que presuntamente extorsionó a entidades financieras. El banco había abonado más de seis millones al comisario entre 2010 y 2017, convirtiéndose así en su mejor cliente. Un mes después de publicarse la noticia, González dio un paso atrás: abandonó la dirección del banco y pasó a asumir la presidencia de honor.

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En enero, mientras la entidad reorganizaba su cúpula y anunciaba que ampliaba su investigación en torno a Villarejo, salió a la luz una segunda operación de espionaje que había ordenado a Villarejo. El encargo consistió en frustrar el asalto de Sacyr al banco e investigar a los principales promotores de esa operación en 2004, entre los que se encontraban el expresidente de la constructora Luis del Rivero y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián. Para controlar cada uno de sus movimientos, el policía facilitó a directivos de BBVA el detalle de hasta 15.000 contactos telefónicos e incluso investigó a Juan Carlos I por su posible relación con Sacyr. El control de llamadas por parte de Villarejo no se limitó a esta operación: en 2016, también rastreó los móviles de José Antonio Navas, entonces adjunto al director de El Confidencial, y de Jorge Zuloaga, entonces en 'Expansión' y ahora adjunto al director en este diario.

Al margen de este acceso a llamadas privadas, entre los audios de Villarejo a los que ha tenido acceso El Confidencial destaca uno que implica de forma directa a González en la operación contra Sacyr. En la grabación, efectuada por el propio comisario, se escucha la conversación que mantuvo en enero de 2005 con el entonces responsable de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, trasladándole este el gran interés que tenía su jefe por el espionaje. "Mi presidente ni las conclusiones lee, hay que decirle pim, pim, pim y pim y a tomar por culo", le indicó sobre cómo elaborar los informes. A partir de ese momento, quedó claro que Corrochano, que anteriormente también había ejercido de policía, hacía de puente entre González y Villarejo.

Tras publicarse el contenido de este audio, el juez que instruye el caso Villarejo, Manuel García Castellón, remitió un requerimiento a El Confidencial y a 'Moncloa.com' solicitando "toda la documentación relacionada con la denominada operación Trampa", nombre en clave que utilizaba el policía para referirse al espionaje contra Sacyr. La información que se facilitó consta en la pieza nueve de la causa, en la que se investigan los trabajos que realizó el comisario para el banco. De forma paralela, el Banco Central Europeo comenzó a interesarse por las revelaciones e instó a los responsables de la entidad a atajar el problema cuanto antes.

Pero la crisis del BBVA por su relación con Villarejo se fue agravando con nuevas revelaciones: el banco pagó al policía por auditar el riesgo de un crucero privado del expresidente por Turquía, le encargó crear una célula clandestina para espiar a rivales que se reunía en su propia sede... En marzo, El Confidencial y 'Moncloa.com' publicaron entonces un nuevo audio que implicaba de nuevo a González, pero esta vez en la contratación de Villarejo para espiar a Fernando Martín. La grabación dura 32 minutos y recoge una cita en un bar entre Corrochano y el policía en 2009, encuentro que habría servido para poner en marcha este nuevo trabajo del agente para el banco.

Según se desprende de la grabación, González ordenó que la entidad contratara al comisario para investigar al constructor Fernando Martín, principal accionista de Martinsa Fadesa. El interés del banco en el empresario estaba relacionado con la deuda de unos 80 millones que arrastraba con la entidad. En la grabación se escucha a Corrochano explicarle a Villarejo cómo se habían producido los movimientos internos para su contratación: “Ángel [Cano], en un momento dado, me comenta: 'Oye, estos son unos gilipollas' [en referencia a otra agencia de detectives] (…) Bueno, de hecho, lo dije, y cogieron y se fueron al otro lado. Es que no lo entiendo. Yo creo que les han pegado el tirón de orejas, porque además les insistió mucho, porque yo creo que estaban acojonados por segunda vez. Cogió el presidente [Francisco González], la primera que le llamaron y cuando él se entera y les dice: 'Pero bueno, ¿habéis hablado con Julio? ¡Hablad con Julio!'”.

El 14 de marzo, después de dos décadas en el banco, González dio entonces un segundo paso atrás: renunció a la presidencia de honor y a la presidencia de la fundación. En una carta a la que tuvo acceso Europa Press, explicaba que abandonaba "temporalmente" los cargos a la espera de que concluyesen "las investigaciones en curso", misiva en la que subrayaba además que la orden de investigar las contrataciones con la compañía de Villarejo la había dado él para "disponer de toda la información sobre estos asuntos". En el texto también cargaba contra los medios: "Desde hace un año hemos sufrido una larga y continua agresión mediática derivada de la investigación policial y judicial".

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Pero su renuncia no puso fin a la crisis reputacional del banco. El golpe judicial llegó el 3 de julio, cuando el juez Manuel García Castellón imputó a nueve personas por cohecho activo y revelación de secretos, entre ellas el que fuera consejero delegado del banco Ángel Cano, el exjefe de seguridad de la entidad Julio Corrochano, y el expresidente de Distrito Castellana Norte Antonio Béjar. 20 días después, García Castellón fue un paso más allá e imputó al propio BBVA, rechazando así los intentos del banco de presentarse como parte perjudicada. La apuesta de la entidad por desmarcarse de González no había surtido efecto: él seguía sin ser imputado mientras el BBVA acudía a declarar como investigado.

Las citaciones provocaron entonces el despido de los principales implicados en la investigación. El 24 de septiembre, el BBVA cesó tanto a Corrochano como a Béjar, decisión que este último achacó a la declaración que había prestado ante el juez, en la que apuntó de forma directa a González al abordar la contratación de Villarejo. Según aseguró, durante su etapa en la dirección del banco se ordenó al comisario que investigara dos compañías que mantenían deudas con la entidad en 2014: las inmobiliarias andaluzas Prasa y Osuna.

La declaración de Béjar terminó así por arrinconar a González, que tras conocer este miércoles la solicitud de que se le impute, emitió un comunicado: "En relación con las noticias que están apareciendo en diferentes medios de comunicación, el expresidente de BBVA Francisco González quiere reafirmar hoy su plena disposición a colaborar con la Justicia". La decisión de imputarle o no queda ahora en manos del juez Manuel García Castellón, pero mientras avanzan las pesquisas, El Confidencial y 'Moncloa.com' rastrean ya los trabajos que realizó el comisario Villarejo para otra de las mayores empresas del Ibex 35: Iberdrola.