El contrato entre BBVA y Villarejo: 15 años sin trabajar con otros bancos y confidencialidad

El BBVA contrató en 2004 al comisario jubilado José Manuel Villarejo para frustar el asalto de Sacyr y el PSOE al banco, un trabajo que pasaba por investigar a los principales promotores de la operación y se materializó en una serie de contratos firmados entre diciembre de ese mismo año y marzo de 2005. Estos documentos, a los que ha tenido acceso El Confidencial en una investigación conjunta con 'Moncloa.com', prueban que la relación entre la entidad y el expolicía encarcelado fue más intensa de lo que se sabía hasta ahora, pues en ellos se establece que Villarejo llevaría a cabo un "asesoramiento continuo y sostenido durante las 24 horas del día sin interrupción de fines de semana ni festivos".

Los contratos los firman Julio Corrochano Peña, el entonces director de Seguridad Corporativa del BBVA, y Rafael Redondo, abogado y socio del excomisario José Villarejo. Según ha podido saber este diario, la cantidad total cobrada por el expolicía por estos servicios ascendió a 417.000 euros (IVA incluido), dinero al que se sumó un pago adicional de 120.000 euros. Destaca en este sentido un escrito de marzo de 2005 en el que Villarejo exige esta última cantidad al banco porque, según sostiene, el BBVA no había cumplido "el compromiso acordado" tras lograrse los objetivos "a pesar del riesgo". En este documento, el trabajo realizado por el excomisario se menciona como operación Trampa.

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En el contrato de diciembre de 2004, que abarca un periodo que va "hasta finales de febrero de 2005", el BBVA establece además que la empresa de Villarejo V&V Development llevaría a cabo un "asesoramiento de acuerdo a su singular especialización en metodología de análisis de información, con posibilidades de actuación tanto nacional como internacional". El banco esperaba del expolicía un "análisis estratégico-empresarial" de la entidad, abriendo al mismo tiempo la puerta a que este pudiese "intervenir a posteriori" utilizando "de manera quirúrjica la información para demostrar la verdad".

A cambio de esta labor, el comisario jubilado se comprometía a "no prestar sus servicios en España a empresas distintas de BBVA dentro del mismo sector (banca) en un periodo mínimo de quince años", así como a "no subcontratar o ceder a terceros los derechos y obligaciones" establecidos en el contrato. Otro de los aspectos que preocupaba al BBVA era la información que llegase a manos del comisario jubilado, ante lo que le exigió por escrito que no revelara ningún dato que aflorase durante su asesoramiento: "Su incumplimiento llevará aparejado el abono de 500.000 euros por parte de la incumplidora", establecía el noveno punto sobre confidencialidad.

En el contrato firmado en enero de 2005, que sustituye al anterior y alarga la duración de los servicios a un año, el BBVA insiste en que la empresa de Villarejo se encargaría de "una detallada, minuciosa y específica labor de pre-información, con el fin de disponer de capacidad para anticiparse a los riesgos, mediante el adecuado análisis preventivo y el tratamiento valorativo de la información obtenida". Para ello, ambas partes pactaron además acudir a los juzgados "para cuantas incidencias, disputas o discrepancias" se diesen durante el trabajo.