JUNTO A OTRAS OCHO PERSONAS

Caso Villarejo: imputan al exCEO del BBVA Ángel Cano y al exjefe de seguridad del banco

El BBVA contrató en 2004 a José Manuel Villarejo para frustrar el asalto de Sacyr y el PSOE al banco, un trabajo que pasaba por investigar a los principales promotores de la operación

Foto: Francisco González (d) y Ángel Cano (i), conversan durante una junta general de accionistas. (EFE)
Francisco González (d) y Ángel Cano (i), conversan durante una junta general de accionistas. (EFE)

La investigación en torno a los trabajos realizados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo para el BBVA sigue adelante en la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas confirman a El Confidencial que el magistrado Manuel García Castellón ha citado a nueve personas como investigadas por cohecho activo y descubrimiento de secretos los próximos 4 y 5 de julio, entre ellas el que fuera consejero delegado del banco Ángel Cano y el exjefe de seguridad de la entidad Julio Corrochano. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de todos ellos por su posible relación con la operación que se llevó a cabo en 2004, cuando el banco pagó a Villarejo para que investigara, entre otras personas, al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, al industrial Juan Abelló y al jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián.

El BBVA contrató ese año al comisario jubilado para frustrar el asalto de Sacyr y el PSOE al banco, un trabajo que se centraba en investigar a los principales promotores de la operación y que, según las primeras pesquisas, se materializó en la intervención de más de 15.000 llamadas de miembros del Gobierno, empresarios, instituciones y periodistas, lo que derivó en la renuncia en marzo de Francisco González como presidente de honor. Los contratos que se firmaron entre el banco y las empresas de Villarejo, a los que ha tenido acceso El Confidencial en una investigación conjunta con 'Moncloa.com', prueban que la relación entre la entidad y el policía encarcelado fue más intensa de lo que se pensaba, pues en ellos se establece que Villarejo llevaría a cabo un "asesoramiento continuo y sostenido durante las 24 horas del día sin interrupción de fines de semana ni festivos".

Además de Cano y Corrochano, el magistrado también ha citado como investigadas a otras siete personas: Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo; Ignacio Pérez Caballero, director de Red de Banca Comercial de BBVA; Javier Malagón Navas, ex director general de Finanzas; Antonio Béjar, ex responsable del área inmobiliaria; Ricardo Gómez Barredo, ex responsable de contabilidad y supervisión; Inés Díaz Ochagavía, exjefa de seguridad tras la marcha de Corrochano, y Nazario Campo Campuzano, jefe de equipo del banco.

A falta de que se aclare la posible relación de cada uno de ellos con la mencionada operación, cabe señalar que Corrochano aparece en las grabaciones del comisario jubilado asegurando que despachaba estos asuntos con “el presidente” y "Ángel", a lo que se suma que los mencionados contratos entre el BBVA y las empresas de Villarejo los firmaban tanto él como Redondo. Antes de su salto a la empresa privada en 2002, Corrochano ocupó destacados puestos policiales, como el de comisario jefe de la Policía Judicial o el de jefe superior de Policía de Madrid.

Según ha podido saber este diario, la cantidad total cobrada por el policía por estos servicios ascendió a 417.000 euros (IVA incluido), dinero al que se sumó un pago adicional de 120.000 euros. Destaca también un escrito de marzo de 2005 en el que Villarejo exige esta última cantidad al banco porque, según sostiene, el BBVA no había cumplido "el compromiso acordado" tras lograrse los objetivos "a pesar del riesgo". En este documento, el trabajo realizado por el comisario se menciona como operación Trampa, nombre que lleva también la pieza 9 de la Audiencia Nacional en la que se investigan los servicios prestados por Villarejo al BBVA.

En el contrato de diciembre de 2004, que abarca un periodo que va "hasta finales de febrero de 2005", el BBVA establece además que la empresa de Villarejo llevaría a cabo un "asesoramiento de acuerdo a su singular especialización en metodología de análisis de información, con posibilidades de actuación tanto nacional como internacional". El banco esperaba del policía un "análisis estratégico-empresarial" de la entidad, abriendo al mismo tiempo la puerta a que este pudiese "intervenir 'a posteriori" utilizando "de manera quirúrgica la información para demostrar la verdad".

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