Moncloa prepara la Operación Diálogo II en todos los frentes... incluida Cataluña

La Operación Diálogo fue la gestión estratégica que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha en Cataluña, antes de desatarse la fase final del proceso independentista. Para algunos fue solo una operación cosmética, para la Moncloa fue el intento real de alcanzar un acuerdo que resultó imposible por la deriva soberanista en Cataluña y, en todo caso, fue un intento con un resultado cercano al fracaso absoluto.

Ahora en el inicio del año, el mantra del diálogo y los pactos es la vía de escape del Gobierno de Mariano Rajoy, para Cataluña y también para hacer frente a las encuestas adversas y la amenaza de Ciudadanos. El pasado lunes ante la Junta Directiva, Rajoy no anunció cambios de personas ni modificaciones visibles de estrategias, pero el mensaje que han recibido sus colaboradores y que confirman fuentes de la Moncloa es el de buscar la manera de recuperar la iniciativa y el pulso político a través de diferentes pactos políticos y preparar el terreno para que puedan recuperarse las relaciones con la Generalitat de Cataluña cuando se supere la crisis política e institucional. Una especie de segunda edición de la Operación Diálogo, pero en casi todos los frentes posibles.

El objetivo fundamental de esos acuerdos es el PSOE y tienen que ver con financiación autonómica, con Justicia, con Educación, con pensiones y hasta con las medidas contra el terrorismo yihadista que expuso el Gobierno en la última reunión del pacto. Y en otros ámbitos busca cerrar acuerdos con los sindicatos y con sectores como las Fuerzas de Seguridad del Estado, al acceder a su equiparación salarial con cuerpos policiales autonómicos.

Rajoy no hace casi nunca cambios visibles y radicales, pero modula la estrategia según le convenga, de manera que se perciba a medio plazo

Rajoy no hace casi nunca cambios visibles y radicales, pero modula la estrategia según le convenga, de manera que solo se percibe a medio plazo. El lunes ante los dirigentes de su partido empezó por la financiación autonómica para asegurar que "es imprescindible en esta materia un acuerdo con el PSOE. Lo es porque nosotros tenemos 137 diputados en el Congreso, y con eso no se puede aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, y lo es —sobre todo— porque el PSOE gobierna en muchas comunidades autónomas en nuestro país. Vamos a intentar llegar a un acuerdo, y lo vamos a hacer de buena fe, pero esto no depende solo de nosotros. Insisto, depende también, y espero que lleguemos a un entendimiento, del PSOE".

Y lo amplió a otras materias al asegurar que "acabamos de aprobar el Plan Anual Normativo para el 18. Es la primera vez que se hace. En él se recogen los proyectos de ley y en general las normas jurídicas que vamos a remitir en el primer caso a las Cortes, en el segundo caso a aprobar en el Consejo de Ministros, y ahí están las prioridades para el año 2018. Para los próximos años tocará ganar al independentismo, pero no con el 155, sino haciendo política en Cataluña cada día y dando la batalla en todos los ámbitos, y apelando a la concordia y a la reconciliación de la gente".

Hasta ahora, el Gobierno se había limitado a tramitar los asuntos imprescindibles, como los económicos, y a parar los que presenta la oposición y ahora el cambio que anuncia es el de intentar tomar la iniciativa con proyectos de ley que debe pactar con otros grupos. Fuentes del Gobierno explican que ese cambio tiene que ver también con la decisión de evitar perder terreno político frente a Ciudadanos, dejando claro que no va a remolque del partido de Albert Rivera.

De hecho, aseguran que el PP intentará poner en marcha algunas de las medidas de regeneración pactadas para la investidura con Ciudadanos, con la pretensión de hacerlas suyas. Y otras como la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende pactar con el PSOE.

Con evidente optimismo, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este viernes en Antena 3 que el acuerdo sobre pensiones está muy avanzado y antes de junio estarán ya las recomendaciones de la comisión de la Cámara baja y en este período de sesiones, ha añadido, también estará listo el pacto sobre la educación.

Su relación con Ciudadanos ha quedado aún más deteriorada en Cataluña, con episodios como el de la negativa a ceder un escaño

En ese movimiento, Rajoy tiene el obstáculo de la división y la desconfianza entre todos los partidos para llegar a acuerdos. Así, su relación con Ciudadanos ha quedado aún más deteriorada en Cataluña, con episodios como el de la negativa a ceder un escaño, y ha crecido la desconfianza por el objetivo claro de hacerse con la hegemonía del centroderecha. Y fuentes del PSOE muestran sus reticencias a llegar a acuerdos con el PP justo en el momento en el que pugnan con Podemos por la izquierda y la bandera de la oposición a Rajoy. También es una barrera difícil de superar el goteo de noticias sobre los asuntos de corrupción del PP que salpicará 2018.

La excepción puede ser la financiación autonómica, sobre todo por la presión de los presidentes autonómicos socialistas que necesitan fondos, con la vista puesta en las elecciones de 2019, y que ya presionan a Pedro Sánchez para buscar ese acuerdo. Al tiempo, el PP también está acuciado por esa cita electoral, para la que podría "vender" su decisión de mejorar las cuentas de las comunidades para 2019.

En esa hoja de ruta dictada por Rajoy se incluyen los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que solo están a la espera de que "se alivie" el 155 en Cataluña, según la expresión utilizada por el lendakari Iñigo Urkullu en una reunión con embajadores de la UE. En septiembre estuvo casi cerrado el acuerdo y ahora el Gobierno espera poder abrir el procedimiento parlamentario en marzo, con apoyo de Ciudadanos, PNV y los dos partidos canarios.

Para Cataluña, lo más perentorio para el Gobierno es hacer frente a una hipotética investidura de Carles Puigdemont. El objetivo de Rajoy es lograr que haya nuevos interlocutores en la Generalitat, como ya ha ocurrido con la elección de Roger Torrent en la Presidencia del Parlament. Y cuando comprueben que los independentistas no llevan a cabo solo un repliegue táctico, poder tener presencia en Cataluña como Gobierno central, puesto que la labor de oposición puede monopolizarla el grupo de Inés Arrimadas.

Rafael Hernando resumió a su manera ayer esta idea: "Todos los que han participado en el 'procés', que está muerto, son zombis políticos y todos acabarán inhabilitados y algunos en la cárcel".

Y de forma mucho más sutil, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría explicó en la Cope su intención de retomar el diálogo con el futuro Govern de la Generalitat, siempre y cuando no esté Puigdemont al frente y se abandone la vía unilateral: "Nosotros dialogaremos como dialogamos con otras Comunidades Autónomas que respetan la ley. Nosotros nos reunimos con la Generalitat porque decían que había 45 puntos importantes que les interesaban a los catalanes y algunas se han resuelto porque verdaderamente lo eran, pero solo querían hablar del referéndum y eso era imposible".

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Sobre la base de esos 45 puntos, retomaría el Gobierno el diálogo, además del mencionado nuevo sistema de financiación autonómico, entre otras opciones. La idea es mostrar que es posible avanzar por vía distinta a la del soberanismo, para lo que cuenta con la complicidad de sectores del PDeCAT que aspiran a retomar la posición catalanista de su partido y de sectores sociales catalanes como los empresarios que se han opuesto a la independencia.

La próxima semana, el Gobierno aceptará en la Diputación Permanente del Congreso todas las comparecencias de ministros solicitadas por la oposición y en la línea del impulso político concretará en breve la fecha del debate sobre el estado de la nación que la Moncloa ya preveía para antes de primavera, para el momento en el que se vea la luz al final del túnel catalán.

La Operación Diálogo II se amplía ahora también al intento de un acuerdo con sindicatos y patronal que no fue posible en 2017. Según explicó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, a El Confidencial los agentes sociales se han puesto de plazo hasta marzo para alcanzar un acuerdo en la negociación colectiva para determinar la subida salarial y el resto de cuestiones laborales del país. El Gobierno se ha volcado también en ese objetivo.