El Gobierno promoverá en febrero la reforma para que instruyan los fiscales. Noticias de España
rajoy intenta impulsar la agenda legislativa para tomar la iniciativa

El Gobierno promoverá en febrero la reforma para que instruyan los fiscales

Rafael Catalá tiene previsto impulsar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que negociará con PSOE y Ciudadanos

Foto: El ministro de Justicia, Rafael Catalá, con Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso. (EFE)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, con Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso. (EFE)

El Gobierno está decidido a impulsar en los próximos meses una profunda reforma del proceso penal, con un cambio radical de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, por ejemplo, suponga dar a los fiscales la capacidad de instrucción. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, pretende impulsar el anteproyecto en el mes de febrero para que se inicie su larga tramitación.

Para ello, quiere contactar con PSOE y Ciudadanos para lograr los apoyos necesarios. El responsable de Justicia de Ciudadanos, Ignacio Prendes, asegura que aún no ha tenido ningún contacto con Justicia, que en principio está dispuesto a buscar un acuerdo, aunque asegura que está pendiente también la reforma de la Ley Orgánica del Judicial para eliminar lo que considera "politización de la Justicia". Y el ministro está dispuesto a abordar en esta legislatura la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero en este caso es consciente de la dificultad de lograr un acuerdo con el PSOE y de la imposibilidad de aprobarlo antes de que durante 2018 se proceda a la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

El presidente de Cs, Albert Rivera (d), acompañado del portavoz de Justicia del partido, Ignacio Prendes.
El presidente de Cs, Albert Rivera (d), acompañado del portavoz de Justicia del partido, Ignacio Prendes.

El impulso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una de las reformas más complejas y más aplazadas de la democracia, no es estrictamente nuevo porque ya se han producido varios intentos en las últimas legislaturas, pero sí es nueva la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de presentar proyectos de ley. En el primer año de legislatura, el Ejecutivo se ha limitado a frenar de diferentes maneras las iniciativas de la oposición, pero sin enviar al Parlamento más proyectos de ley que los estrictamente indispensables como, por ejemplo, los de Presupuestos.

Ahora, La Moncloa pretende dar impulso a la legislatura y una de las leyes afectadas será la que regula el proceso penal. Desde hace meses funciona en el Congreso una subcomisión sobre reformas de la Justicia, en la que ha habido comparecencias de expertos, que está a punto de terminar sus trabajos y de la que se ausentó recientemente Unidos Podemos. Celebrará su última reunión el 15 de enero y no es probable que de ahí salga un informe con acuerdos concretos, pero el Gobierno está dispuesto a actuar en todo caso.

La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal procede del siglo XIX, aunque ha sufrido cientos de reformas parciales. La última incluyó los polémicos plazos para la instrucción de los sumarios, que están pendientes de recurso ante el Tribunal Constitucional.

El modelo de Fiscalía que no instruye no existe en ningún país europeo y eso provoca problemas de cooperación judicial con estados de nuestro entorno. La idea básica sobre la que hay cierto consenso es la de fiscales que instruyen, sometidos al control de un juez de garantías. Por eso, es necesario un cambio notable en el Estatuto Fiscal que regula el funcionamiento del ministerio público, para dotarlo de mayor autonomía y cambiar su estructura.

En la última etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Francisco Caamaño como ministro de Justicia, se elaboró un anteproyecto que llegó a tramitarse en el Parlamento, pero que decayó por el fin de la legislatura. Fue elaborado, entre otros, por el entonces secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, hoy portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, y tenía el aval del entonces fiscal general del Estado y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Luego el PP, con Alberto Ruiz-Gallardón, constituyó una comisión de juristas de la que formaron parte, entre otros, Manuel Marchena, hoy presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y posible futuro presidente del Consejo General del Poder Judicial, que hizo otra propuesta que coincidía en el papel instructor de los fiscales.

El actual ministro de Justicia se inclina por un modelo más parecido al elaborado por el Gobierno de Zapatero, a falta de que inicie sus conversaciones con el resto de partidos.

El Gobierno espera lograr por ello el acuerdo con el PSOE y con Ciudadanos, aunque durante 2017 el proyecto fue frenado, entre otras cosas, por los escándalos que afectaron a la Fiscalía y que terminaron con la reprobación en el Congreso del ministro de Justicia, el entonces fiscal general del Estado y el fiscal anticorrupción, que luego tuvo que dimitir. El pacto de investidura del PP y el partido de Albert Rivera se limitaba a proponer "modernizar nuestras leyes procesales". Y antes el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos para la investidura de Pedro Sánchez se comprometía a "aprobar con el mayor consenso una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías". Ese texto permite deducir la posibilidad real de un acuerdo entre los tres partidos.

Unidos Podemos no hacía referencia en su programa electoral a la reforma del proceso penal y se limitaba a proponer la derogación de los plazos de instrucción y establecer "una reforma integral de la Fiscalía". El Gobierno ve más complicado un acuerdo con el partido de Pablo Iglesias.

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