Moncloa impone su criterio: un técnico para una Fiscalía foco de polémicas

Julián Sánchez Melgar hereda una institución enredada en polémicas. La Fiscalía es una institución a medio camino entre la Justicia y la política, entre el Poder Ejecutivo y el Judicial y con obligación de rendir cuentas ante el Legislativo y que, casi siempre, ha estado sometida a la controversia partidista.

Por eso, parte del Gobierno prefería aprovechar el nombramiento para buscar un fiscal general del Estado que, sin mermar su preparación técnica, intentara también mejorar su imagen pública. Y, por eso, una parte del Gobierno apostaba por otros candidatos como José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, o Fernando Grande Marlaska, vocal del Poder Judicial. Finalmente, se ha optado por un técnico sin aparente peso político, ni proyección pública.

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La Fiscalía ha sufrido el desgaste de su intervención en casos como el que afectaba a la infanta Cristina y a Urdangarin y ahora en la respuesta al proceso independentista en Cataluña. De hecho, en una reciente junta de fiscales, Maza escuchó cómo los presentes lamentaban que el Gobierno se parapetara tras el Ministerio Público en Cataluña.

El Gobierno ha vuelto a nombrar a un juez, ajeno a la carrera fiscal, al frente de la Fiscalía General del Estado, como ya hizo con el fallecido José Manuel Maza hace un año, como antes hizo el PSOE con Cándido Conde-Pumpido y con Carlos Granados en su momento. Hay dos formas de verlo: una positiva, según la cual el Ejecutivo desconfía de la capacidad de manejar al colectivo de fiscales, y por eso necesita a alguien ajeno, y otra negativa, según la cual ningunea a los miembros de la carrera fiscal y les niega la capacidad de dirigirse a sí mismos.

No hay muchos ejemplos de colectivos que no son dirigidos por un miembro de su propia carrera, lo que se suma a otras decisiones del poder político respecto a la Fiscalía que han sido cuestionadas por sus miembros, a la desconfianza ciudadana frente a esta institución, a su opacidad y a la polémica por algunas de sus actuaciones.

Por ejemplo, en la última renovación del Consejo General del Poder Judicial, los dos principales partidos incluyeron representantes de todos los sectores de la Justicia, salvo los fiscales. No hay ningún representante del Ministerio Público en el actual Consejo. Otro ejemplo: el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), la escuela por la que pasan durante un año los futuros fiscales antes de incorporarse a sus plazas, depende del Ministerio de Justicia y no de la Fiscalía General del Estado y está dirigida ahora por un miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (TAC), en lugar de tener al frente un miembro de la carrera que controle los temarios o la actividad profesional del colectivo. El equivalente entre los jueces es la Escuela Judicial, que depende del Consejo General del Poder Judicial, y está dirigida siempre por un magistrado.

El desgaste de la institución parte del propio marco procesal y legal; no hay ningún país del entorno en el que el fiscal tenga la misma posición procesal

De los tres fiscales generales del Estado que ha tenido el PP desde las elecciones de 2011, uno dimitió (Eduardo Torres-Dulce), otra (Consuelo Madrigal) no fue renovada por rechazar nombramientos que deseaba el Gobierno y José Manuel Maza, fallecido la pasada semana, fue reprobado por la mayoría del Congreso de los Diputados. En 1997, Juan Ortíz Úrculo dimitió como fiscal general del Estado, con un Gobierno del PP, después de solo ocho meses en el cargo plagados de polémicas públicas. Curiosamente, los dos dimitidos y la no renovada eran fiscales de carrera, no jueces. Todo ello, de las turbulencias políticas a las que está sometida la Fiscalía, más allá de su faceta estrictamente jurídica.

Ya hubo en su momento polémicas sobre otros fiscales generales, como Cándido Conde Pumpido, cuestionado permanentemente por la oposición del PP cuando gobernaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, o Eligio Hernández, nombrado por Felipe González y cuya designación fue anulada por el Tribunal Supremo por no reunir los requisitos legales. Conde Pumpido, ahora magistrado del Tribunal Constitucional, sí tenía gran peso político y llegó a participar en un Consejo de Ministros cuando el Ejecutivo hacía frente al conflicto con los controladores aéreos.

El desgaste de la institución parte del propio marco procesal y legal, porque no hay ningún país de nuestro entorno en el que el fiscal tenga la posición procesal que tiene en España, establecida en el siglo XIX en circunstancias obviamente muy diferentes a las actuales. Tanto los gobiernos del PSOE como los últimos del PP se han comprometido a equiparar su actividad a la de fiscales europeos, dándoles capacidad para instruir sumarios, dentro de una reforma procesal penal global y bajo control de jueces de garantías, pero ninguno ha terminado de hacerlo.

Zapatero llevó al Congreso un proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando ya no había tiempo para su aprobación; Alberto Ruiz-Gallardón elaboró un proyecto en esa línea, pero lo guardó en un cajón y Rafael Catalá hizo pública su voluntad de abordarlo, pero también lo frenó. De hecho, hay una comisión en marcha en el Congreso para llegar a un acuerdo para esa reforma, pero ese pacto se vislumbra imposible, entre otras cosas por las polémicas que han afectado a la Fiscalía y porque no se ha superado la imagen de vinculación al Gobierno que dificulta que asuman la instrucción.

El frenazo normativo de los fiscales llega también a su estatuto y a sus normas internas. Los fiscales han pedido sin éxito transparencia, publicidad y autonomía y el Gobierno se comprometió a modificar el Estatuto Fiscal para reforzar su autonomía, de tal forma que las órdenes que reciban tengan que estar motivadas, lo que no ocurre hasta ahora.

Tampoco han logrado los fiscales dos reivindicaciones históricas: autonomía presupuestaria y una cabecera propia en el BOE

Su reglamento es de 1929 y solo una parte fue actualizada en los años sesenta, pero hasta carecen de un régimen disciplinario. Un proyecto del ministro Francisco Caamaño quedó también en el cajón.

Tampoco han logrado los fiscales dos reivindicaciones históricas: autonomía presupuestaria para no tener que depender del Ministerio y una cabecera propia en el Boletín Oficial del Estado, para diferenciarse del Gobierno.

También hay queja desde la Fiscalía por el sistema de Justicia digital para el Ministerio Público, por sus múltiples fallos. De hecho, el propio Maza suscribió recientemente un acuerdo unánime del Consejo Fiscal para trasladar al Ministerio de Justicia su rechazo y para pedir una paralización que no se ha producido.

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A todo ello hay que sumar las polémicas de los últimos meses que han afectado a la Fiscalía. Por ejemplo, el anterior fiscal anticorrupción, Manuel Moix, tuvo que dimitir tras ser reprobado por el Congreso por aparecer su nombre en una grabación de vinculados a casos de corrupción y descubrirse que tenía relación con una sociedad en un paraíso fiscal.

Más recientemente, la sospecha y el escándalo han vuelto por las grabaciones del caso Lezo en las que Eduardo Zaplana e Ignacio González hablaban de nombramientos en la Fiscalía que, finalmente, se produjeron, y de reuniones y relaciones de amistad con representantes del Ministerio Público. Algunas de esas grabaciones mostraban control de la Fiscalía desde el Poder Ejecutivo.

Y de antes se recuerda cómo el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se comprometía a hablar con la Fiscalía para "afinar" un caso.

También afecta a la Fiscalía su falta de voluntad de comunicar. No utiliza mecanismos como una detallada instrucción de la etapa de Conde-Pumpido que regula con detalle la obligación de los fiscales de explicar públicamente sus decisiones y peticiones. De hecho, fuentes del Gobierno admiten ese déficit de comunicación de la Fiscalía y cómo han barajado esa carencia en la selección del nuevo fiscal general del Estado.