Rajoy intenta impulsar una agenda política que dé imagen de actividad

Albert Rivera proclamó el viernes (de nuevo) el fin de lo que se llama bipartidismo, entendido como la hegemonía de dos partidos, el PP y el PSOE. Está por ver que sea así, que las elecciones catalanas no hayan sido más que un espejismo no extrapolable, pero en ese supuesto tránsito se encuentra la política española desde hace tiempo: atascada porque unos no terminan de llegar y otros se resisten a irse.

Por eso, para 2018, el guion previsto es el de la batalla por la supervivencia de eso que se llama bipartidismo en el camino hacia las vitales municipales y autonómicas de 2019.

Para empezar, Mariano Rajoy intenta estas semanas recuperar la iniciativa política y llenar una agenda con propuestas para dar imagen de fortaleza y de actividad. Ha pedido a los ministros que hagan propuestas, que presenten proyectos, quebrando en parte la directriz del último año, según la cual, no se presentaban en las Cortes más proyectos de ley que los pactados previamente y sobre los que había la seguridad de que podían salir adelante.

La falta de iniciativa afecta al desarrollo del pacto de investidura entre PP y Ciudadanos: de las 150 medidas acordadas quedan por cumplir un 85,8%

En trece meses de legislatura, el Gobierno ha remitido 14 proyectos de ley, pero nueve eran transposiciones de directivas europeas y las cinco restantes estaban vinculadas a los Presupuestos. De hecho, por primera vez en democracia el número de leyes aprobadas definitivamente procedentes de los grupos de la oposición superan a las que proceden de iniciativas del Gobierno.

La falta de iniciativa del Gobierno afecta especialmente al desarrollo del pacto de investidura entre PP y Ciudadanos: de las 150 medidas acordadas quedan por cumplir un 85,8%, según un estudio cuantitativo del Grupo Socialista del Congreso.

Ahora, tras el resultado de Cataluña con el que el partido de Rivera se ha venido arriba, el objetivo del Gobierno, según fuentes del PP, es "intentar sepultar a Ciudadanos en hojas del BOE". La idea es mostrar que quien realmente tiene capacidad para decidir y aprobar reformas es el PP.

El catálogo está recogido en el listado de iniciativas legales aprobadas hace dos semanas en el Consejo de Ministros y que incluye ese propósito político. No hay propuestas nuevas, ni seguridad de que salgan adelante, pero el Gobierno asegura que pretende dar un giro en el segundo año de legislatura.

Por ejemplo, el capítulo de Justicia incluye el proyecto de ley de reforma de Enjuiciamiento Criminal para cambiar el proceso penal y que los fiscales puedan instruir y un cambio en la ley Orgánica del Poder Judicial.

El primero fue apuntado en el inicio de la legislatura, sobre la base de dos textos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y luego del PP, pero fue bloqueado en favor de una subcomisión del Congreso. Ahora hay un texto ya terminado en Justicia que intentará desbloquear el ministro Rafael Catalá.

Para el primer semestre de 2018, la Moncloa cree inevitable convocar un debate sobre el estado de la nación que no se celebró en 2017

El segundo parte de la idea genérica de "despolitizar la Justicia" para cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, coincidiendo con la obligada renovación de sus vocales, durante 2018.

Ese giro de la estrategia del Gobierno se completa estos días con la visualización de varios pactos de Estado en vigor y con distinto grado de aplicación y eficacia: el de violencia machista y el de lucha contra el yihadismo.

Le queda para el inicio de año el de financiación autonómica y el de reforma de las pensiones, ambos con el PSOE. Y si las circunstancias de Cataluña mejoraran abordaría los Presupuestos para 2018. No obstante, sobre las cuentas del Estado, hay una especie de contradicción en los objetivos de Rajoy: por un lado una resolución rápida de la investidura en Cataluña facilitaría la aprobación de los Presupuestos, pero por otro la imposibilidad de formar un nuevo Govern ratificaría la estrategia del presidente del Gobierno.

Y la Moncloa cree que es probable que sea imposible una investidura en Cataluña por la división entre independentistas.

Para el primer semestre de 2018, la Moncloa cree inevitable convocar un debate sobre el estado de la nación que no se celebró en 2017. Y tendrá el gran escollo que no se quita de encima: el de los procesos judiciales por corrupción. Tiene pendiente la sentencia de la primera parte de Gürtel y luego, como una avalancha, le vendrá el de los papeles de Bárcenas donde figura Rajoy como uno de los receptores de sobresueldos y otros procedimientos y declaraciones como Lezo, entre otras.

La vía del PSOE es paralela en lo que se refiere a diseñar una estrategia para hacer frente a los partidos nuevos. En su caso, Pedro Sánchez intenta recuperar el terreno perdido en la izquierda, con la ventaja de que Podemos no vive su mejor momento, como se demostró en las elecciones catalanas y, a pesar del fiasco del PSC respecto a las expectativas de campaña.

La tesis del PSOE, compartida con el PP, es intentar mostrar que los nuevos partidos no han aportado nada a la democracia, solo bloqueo

En su caso también se trata de mostrar iniciativa y, sobre todo, resultados. Es decir, mostrar que solo los socialistas garantizan la aprobación de reformas e iniciativas y para eso se remiten al hecho de que el grupo más decisivo en el Congreso en las votaciones haya sido el PSOE. De 73 votaciones en el pleno desde mayo, el PSOE solo ha perdido cinco, teniendo en cuenta las veces que su voto haya coincidido con lo que finalmente salió. El PP ha perdido 40 votaciones. Unidos Podemos ha votado en 22 ocasiones de forma diferente al resultado final en el pleno y Ciudadanos ha perdido 27 veces.

La tesis del PSOE, compartida con el PP, es intentar mostrar que los nuevos partidos no han aportado nada a la democracia, solo bloqueo.

La nueva encrucijada para Sánchez será la que tiene que ver con los Presupuestos del Estado y la financiación autonómica. El Gobierno puede caer en la tentación de usar las cuentas de 2018 como factura a pagar por un nuevo sistema de financiación autonómico que reclaman con insistencia los barones regionales del PSOE. Su ventaja es que el PNV está en disposición de volver a dar su voto al PP en los Presupuestos, entre otras cosas, porque debe terminar de cumplirse el pacto que se inició con las cuentas de 2017 y la aprobación del cupo.