Aznar pide a Núñez Feijóo una reforma energética a medida de Iberdrola y Endesa frente a Repsol o Enagás

La Fundación FAES, presidida por el expresidente del PP y del Gobierno José María Aznar, ha lanzado una propuesta de reforma energética muy alineada con el programa electoral presentado esta semana por el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, formación favorita para ganar las elecciones generales del próximo 23 de julio.

El documento, que considera "necesario involucrar más a las empresas" en el proceso de transformación energética tras una legislatura "caracterizada por una suerte de populismo energético", recoge algunas de las reivindicaciones históricas y más recientes de las grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa, frente a los postulados defendidos por otras grandes energéticas como Repsol, Naturgy o Enagás.

1. Blindar las nucleares

Al igual que el equipo económico de Feijóo, la propuesta del think tank, que cuenta como vicepresidente con Manuel Pizarro, ex primer ejecutivo de Endesa, también pide extender la vida de las centrales nucleares más allá del calendario pactado por el actual Gobierno. Pero añade el blindaje de esta tecnología a largo plazo, tal y como buscan las dos grandes propietarias de las centrales atómicas. Tras pedir que "se elimine la excesiva fiscalidad", señala que "la existencia de riesgos regulatorios futuros o, dicho de otro modo, su papel como arma arrojadiza política, impide la toma de una decisión al respecto de la inversión en ampliación de vida útil".

"Esta extensión debe realizarse en colaboración con las empresas implicadas, incorporando mecanismos honestos que reduzcan los riesgos regulatorios y garanticen su viabilidad económica. En este sentido, convendría valorar la posibilidad de introducir contratos por diferencia a 25 años vista que estuvieran protegidos por normas con rango de ley".

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No solo eso, sino que la fundación que preside Aznar, que tras ser presidente del Gobierno fue asesor de Endesa, solicita "proporcionar aval del Estado para la compra de combustible mientras se hace la tramitación de las nuevas licencias y reconocer los costes fijos de operación en el supuesto de periodo de inactividad de alguna central".

2. Reducir la factura eléctrica y más cargas al carburante

Existen también otras propuestas encaminadas a sacar costes de la factura eléctrica para cargarlos a los presupuestos generales del Estado con el objetivo de incentivar el consumo eléctrico. La propuesta, además de recomendada por las grandes eléctricas, es muy similar a la que hizo la comisión de expertos del exministro Nadal. También el programa del PP apuesta por la electrificación.

FAES concreta lo anterior pidiendo la "eliminación de los impuestos específicos a la electricidad creados para solucionar una problemática de déficit estructural del sector eléctrico, problemática no existente en estos momentos (impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, impuestos sobre residuos nucleares, canon hidroeléctrico, impuestos autonómicos nucleares, entre otros)". También pide quitar del recibo los cargos, "(primas a las renovables cuando eran caras, déficit histórico del sistema, subvenciones a las Islas Canarias, etc.), trasladándolos a los presupuestos generales del Estado".

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Para que sea neutro sobre el déficit público, su apuesta es compensar el mayor gasto público con más impuestos a los combustibles fósiles. "Establecer la fiscalidad de los productos energéticos en función de las emisiones y del contenido energético" y "creación de impuestos ambientales (tipos únicos para toda la energía) sobre las emisiones industriales de gases contaminantes distintos del CO₂ (SOx, NOx, NH4) y de partículas sólidas a la atmósfera, para internalizar los daños medioambientales".

Pese a ser partidos enfrentados, la medida de FAES se parece a la que prometió el PSOE, de reducir costes de la electricidad para cargarlos a los carburantes, y que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se ha comprometido a rescatar si vuelven a gobernar. Dicho proyecto fue fuertemente contestado por empresas como Repsol, Cepsa o Naturgy.

3. Tumbar la interconexión de hidrógeno a Francia

Otra de las propuestas que hace FAES se alinea con los postulados de las eléctricas y se parece en gran medida a la del programa del PP, aunque la formación liderada por Feijóo no deja clara su intención de tumbar este gigantesco proyecto europeo impulsado por el actual Ejecutivo. De forma más o menos pública, tanto Iberdrola como Endesa han rechazado la megainfraestructura de exportación de hidrógeno.

El PP ha dicho que impulsarán las interconexiones energéticas "bajo criterios técnicos y económicos que aseguren un reparto proporcional del coste de las mismas sobre la base de los beneficios a cada sistema eléctrico interconectado". Ahora, FAES es más contundente al respecto y pide "evitar el desarrollo de infraestructuras nuevas asociadas al transporte de H2 por tubo, sea nacional o internacional, por su falta de competitividad. Carece de sentido realizar infraestructura de transporte a Francia, dado que no hay capacidad de electrólisis para producir dicho hidrógeno. Además, el hidrógeno renovable económico que se produzca en España debe ser destinado en primer lugar a la industria española y para atraer nueva industria a España (reindustrialización) y abandonar la idea de convertir a nuestro país en un mero exportador de materias primas baratas".

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Este discurso es frontalmente rechazado por el sector gasista, que asegura que el proyecto está avalado por Europa y se trata de una infraestructura rentable y justificada económicamente. De caerse el proyecto, uno de los grandes perjudicados sería Enagás, ya que se trata de una de sus puntas de lanza de inversión. No obstante, la decisión vendrá de las directrices comunitarias y eso puede pesar más que los deseos de las empresas eléctricas o el nuevo Gobierno.

4. Sacar el bono social de la factura y pagarlo con los PGE

De nuevo, la propuesta de FAES parece desarrollar otra de las medidas del programa de Feijóo y de nuevo recoge una de las reivindicaciones históricas de Iberdrola y Endesa: sacar el bono social de la factura de los consumidores, que se abarataría, y pagar los descuentos a vulnerables desde los PGE.

En el programa del PP, presentado esta semana, se enunciaba la creación de "un bono social único (BSU), como un pago directo al consumidor, que sustituirá y mejorará los actuales bonos eléctrico y térmico y será compatible con cualquier tipo de contrato de electricidad y gas". Esto ya suscitó la duda de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que tras conocer esa medida se preguntaba si eso significaba que lo pagaríamos de los presupuestos.

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Ahora FAES desarrolla la cuestión de forma muy similar al PP: "Eliminar el bono social eléctrico y el bono social térmico y crear una ayuda única energética (tipo cheque) que sea financiada por todas las suministradoras energéticas (gas, gasolina y electricidad) o por los presupuestos generales del Estado".

5. Eliminar medidas excepcionales y mantener mercado marginalista

Iberdrola siempre ha sido la compañía más defensora del mercado marginalista y partidaria de abandonar cuanto antes las medidas excepcionales levantadas durante la crisis energética, como el tope de precios a las inframarginales (hidráulica y nuclear) o la excepción ibérica. Desde Europa, ya se pidió ir retirando estas medidas excepcionales, al igual que desde otras instituciones como el Banco de España.

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El PP lo ha incluido en su programa y el think tank liderado por Aznar señala que, "desde el punto de vista de la política nacional, será necesario poner fin a todas las medidas excepcionales que se han tomado en los últimos años como consecuencia de la falta de una planificación real del proceso de transición y de la improvisación de los últimos gobiernos. Ahora es, además, un momento propicio, puesto que, quién sabe hasta cuándo, contamos con una cierta estabilidad en los precios energéticos en los mercados de corto plazo. Por ejemplo, medidas como la excepción ibérica, que se han vendido como un gran éxito, han servido para reducir los precios eléctricos de una parte de los consumidores, pero a costa de incrementar los precios de los que habían optado por precios fijos y estables y a costa, igualmente, de subvencionar la electricidad de nuestros países vecinos. Otras medidas como el tope (cap) de precios a las tecnologías inframarginales o el impuesto sobre ventas a energéticas deben revisarse sin dilación".

A lo anterior, añade que, en Europa, España debe defender "el mantenimiento del mercado marginalista de corto plazo como instrumento para un despacho eficiente en el conjunto de la UE".