Feijóo se complica ante las eléctricas con la promesa de extender la vida de las nucleares

Alberto Núñez Feijóo ha prometido este lunes que, si gobierna, revertirá el desmantelamiento acordado por el actual Gobierno de Pedro Sánchez de las centrales nucleares y prolongará la vida de estas plantas atómicas. "Debo concretar que será una política de mi Gobierno revertir el desmantelamiento previsto y la prolongación de la vida de nuestras centrales nucleares", señaló este lunes el líder del PP, al que las encuestas sitúan como ganador de las elecciones generales del 23 de julio. El mandatario gallego aseguró que no es viable "desenchufar" las centrales nucleares —proveedoras de un 21% de la energía en España— mientras las instalaciones de energías renovables no puedan cubrir ese porcentaje de consumo.

La propuesta —que ya había puesto encima de la mesa el Partido Popular desde el pasado año, en plena crisis energética— complicará toda la política energética que quiera desplegar el futuro Gobierno, señalan diversos expertos del sector. Según destacan, las eléctricas solo aceptarán una ampliación de la vida de sus plantas nucleares bajo unas condiciones de rentabilidad mucho más favorable de la que tienen ahora, ya que en la actualidad cuentan con mejores opciones de inversión en otras tecnologías. Iberdrola no se niega a abrir el debate de la extensión nuclear, pero, en boca de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, habrá que ver cuánto cuesta y quién lo paga, según recogió Expansión el pasado 31 de mayo.

"Feijóo le ha regalado una carta negociadora a las eléctricas con esta propuesta, que desde el punto de vista político tampoco mueve tantos votos"

"Feijóo le ha regalado una carta negociadora a las eléctricas con esta propuesta, que desde el punto de vista político tampoco mueve tantos votos", detalla otro de los expertos consultados. "Tanto Iberdrola como Endesa, los principales propietarios de las centrales nucleares, actualmente no están interesados en invertir más en nucleares, ya que prefieren dedicar sus esfuerzos a proyectos de renovables, redes o nuevas energías, donde extraen mayor rentabilidad", coinciden varias de las fuentes consultadas. Según advierten, las eléctricas pedirán unas garantías muy fuertes, casi de rango constitucional, para evitar que los gobiernos posteriores que vengan después no puedan restarles rentabilidad con nuevos impuestos o gravámenes. Tratarán de blindar la potencial prórroga.

La batalla se va a jugar con Iberdrola y Endesa, ya que Naturgy y EDP, las otras dos propietarias de las centrales, tienen una participación minoritaria. Iberdrola ha sido la más beligerante en el pasado respecto del cierre nuclear. Tuvo enfrentamientos con el anterior Gobierno de Rajoy por el cierre de Garoña y también se mostró partidaria del cierre anticipado en la negociación del actual calendario por la baja rentabilidad. Una de las fuentes consultadas cree, además, que tampoco estaría dispuesta a operar bajo un precio regulado, ya que eso podría arrastrar también a la hidráulica, la otra tecnología marginal de respaldo para el sistema, la gallina de los huevos de oro de la multinacional vasca.

Endesa siempre se ha mostrado mucho más proclive a la extensión. La firma propiead de Enel, cuyo máximo accionista es el Estado italiano, ha mantenido la amortización contable de sus plantas a 50 años, pese al calendario acordado en 2019, que prevé la clausura y desmantelamiento de las siete centrales de 2027 a 2035. Sin embargo, con la actual propuesta de Feijóo, consideran que el mandatario político le ha dado a las empresas una baza negociadora, y el hipotético Gobierno del PP que pudiera salir de las urnas se ha colocado en una posición de debilidad.

Endesa, además, sabe que sus centrales son las que se cierran más tarde y buscará garantizarse que, en el final de la vida útil de las nucleares, no se incremente con fuerza la carga impositiva para costear el desmantelamiento, de ahí que, además de precio por generar la electricidad —o, simplemente, por estar disponibles para el sistema—, puedan buscar garantías de rentabilidad a largo plazo.

No hay que olvidar que los costes de desmantelamiento ya son un problema en la actualidad, con la planificación de este Gobierno, ya que hay dudas de que las actuales tasas sean suficientes para cubrir toda la gestión de los residuos y el desmantelamiento futuro. Por el camino, el PP tendrá que decidir si mantiene los cementerios radiactivos frente a las actuales centrales nucleares o, por el contrario, retoma el proyecto fallido del Almacén Temporal Centralizado (ATC), que se propuso para Villar de Cañas. Un melón de consecuencias políticas imprevisibles que ya generó fuertes controversias en el pasado.

Dicho de otro modo, con la ampliación, el PP tendría que rehacer de arriba abajo el 7.º Plan General de Residuos Radiactivos, que estaba a punto de ser aprobado por el Consejo de Ministros después de más de una década sin actualizar, por las complicaciones a la hora de asignar las cargas. De ampliarse la vida útil de las nucleares, los costes que pagan las eléctricas a Enresa habrán de ser modificados con los nuevos horizontes. El problema es que, tras los nuevos protocolos establecidos después del desastre de Fukushima, existe mucha incertidumbre sobre el coste de las nuevas inversiones en seguridad que habría que acometer para prolongar la vida de las nucleares más allá de 40 años. Las eléctricas ya han manifestado que no están dispuestas a asumir ese extracoste.

Tendría que rehacer todo el PNIEC

Las consecuencias de la extensión de vida de las nucleares van mucho más allá de las propias plantas atómicas, ya que condiciona toda la planificación energética y los compromisos con Bruselas. Europa obliga a unos objetivos de penetración de renovables por encima del 42% de la energía final consumida para 2030. Por ello, si el PNIEC —cuya revisión se presentará a la Comisión Europea esta semana— cuenta con la ampliación de las nucleares, se deberán buscar consumos finales distintos para todas las renovables que hay que instalar. Es decir, deberá corregir la hoja de ruta energética para la próxima década. Unos cambios que, de cara al mercado, provocan inestabilidad, ya que los inversores creen que el plan que presentará el actual Gobierno esta semana es papel mojado dadas las expectativas de que pueda haber cambio de Ejecutivo este verano.

Todos los proyectos de almacenamiento, hidrógeno, vehículo eléctrico o bombas de calor estarán condicionados por el nivel de electrificación, y el nivel de peso que tenga la nuclear es fundamental para conocer cuántas renovables podrán entrar. Francia, líder mundial de nuclear, lleva años incumpliendo los objetivos de renovables comprometidos con Bruselas, dado que no consigue desplazar su elevadísima producción atómica.

Por todo lo anterior, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se preguntaba en una reciente entrevista con El Confidencial quién va a pagar todos esos costes. Este mismo lunes, el director general del IDAE, Joan Groizard, profundizaba en la misma cuestión y señalaba que bienvenidos los nuevos debates, pero, si se va a encarecer la factura de los consumidores, debería explicarse. "Tengo la impresión de que a Feijóo se le está poniendo cara de Rajoy con Garoña", ha dicho la vicepresidenta Ribera en sus redes sociales.

Un camino para Feijóo plagado de minas cuando aún la crisis energética es latente. Un compromiso en la línea de derogar el sanchismo, pero sin que sea una demanda social de su electorado. "Todo un reto para cumplir con una promesa que apenas mueve votos más allá del propio lobby nuclear", concluyen uno de los expertos consultados.