Vox choca con la realidad: la reapertura de la central nuclear de Garoña no es viable

Vox vuelve a quedarse solo. Esta vez con su propuesta estrella para afrontar la actual crisis de precios de la energía que pasa porque España vaya ganando soberanía energética. Para ello, el partido de Santiago Abascal apuesta por la energía nuclear, por "proporcionar energía limpia, abundante y barata" y entre las iniciativas está la reapertura de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que dejó de funcionar hace una década. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León (de Vox), Juan García Gallardo, anunciaba la propuesta a bombo y platillo este miércoles visitando la central burgalesa. "Encargar un estudio de viabilidad para unos nuevos reactores para la Central Nuclear de Santa María de Garoña", decía contundente García Gallardo ante los medios de comunicación, poniendo incluso la fecha del 2030 como la estimada para la reapertura.

Sin embargo, Vox es el único que defiende este posible escenario que ni siquiera comparte Nuclenor, propietaria de la central y de la que forman parte Iberdrola y Endesa. La empresa ha manifestado que considera "inviable" la reapertura por los costes que supondría. Las instalaciones dejaron de funcionar en 2012 precisamente por los costes que suponía su actualización y actualmente se encuentran en proceso de desmantelamiento. Un mensaje nítido de Nuclenor que no ha sido escuchado por Vox que insiste en su propuesta.

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La idea tampoco ha cosechado el favor del PP, con quienes gobiernan en coalición en Castilla y León. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, afirmaba que la decisión depende de la voluntad de los propietarios. Más clara dejaba la posición el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, que calificaba de "un poco absurdo" este debate si no cuenta con el respaldo de la empresa: "Si Nuclenor no tiene voluntad o no puede, poco debate cabe en la reapertura de Garoña". Aun así, y para no ahondar más la brecha en este asunto con su socio de ejecutivo, Carriedo apoyaba tras la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves que la Consejería de Industria (gestionada por Vox) realice el polémico informe que deberá tramitarse "con total transparencia". Argumentaba este apoyo del gobierno autonómico al informe propuesto por Vox en que la Junta (gobernada entonces por el PP en solitario) siempre se opuso al cierre de Garoña. "Fue un cierre precipitado, al igual que la minería o las térmicas, y hoy pagamos las consecuencias".

De hecho, está cascada de críticas a las que suma las de toda la oposición, hizo virar el mensaje de Vox en solo 24 horas. La contundencia por reabrir Garoña del miércoles se tornaba este jueves en una posibilidad dentro de otras muchas. Su portavoz en las Cortes autonómicas, Carlos Menéndez, matizaba las palabras del vicepresidente Gallardo para explicar que su iniciativa no implica "la literalidad" de reabrir el actual reactor de Garoña, sino de que se analice la posibilidad de instalar reactores con la tecnología actual SMR que asegura serían "perfectamente viables" para la empresa si hubiera un cambio normativo. Según Menéndez, lo que Vox plantea es un estudio de viabilidad que no solo se circunscribe a Santa María de Garoña. Barajará también otros posibles emplazamientos en Castilla y León para estos nuevos reactores nucleares que incluirán las demolidas centrales térmicas de La Robla (León) y Velilla (Palencia) por si pudieran aprovecharse sus instalaciones para este proyecto.

Para Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León, este debate muestra como el gobierno de coalición de PP y Vox es un "circo". Dice Tudanca que "no hay nadie al mando, porque el Partido Popular y Vox dicen un día una cosa y al día siguiente la contraria. El señor García Gallardo decía una cosa y el señor Carriedo otra cosa".

El informe podría acabar en los tribunales

Ese informe, encargado y financiado por la Junta de Castilla y León, podría terminar en los tribunales. Es la advertencia que realiza gran parte de la oposición al gobierno autonómico ante la falta de competencias en este asunto y la negativa previa de la empresa a la reapertura. El líder socialista, Luis Tudanca, calificaba de "desfalco" este informe por "usar dinero público de todos los castellanos y leoneses en algo que no es competencia de la Junta de Castilla y León". Aseguraba además que la reapertura de la central "es imposible desde el punto de vista de la seguridad y es inviable económicamente". Para el PSOE, esta propuesta de Vox es una "cortina de humo" porque "no soluciona ni uno solo de los problemas del mercado energético y, desde luego, no rebaja ni un céntimo el precio del recibo de la luz a las familias de Castilla y León y de España".

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Ciudadanos y Unidas Podemos van más allá en sus críticas a este informe financiado por la Junta. Ambas formaciones han coincidido en que acudirán a los tribunales si encuentran indicios de que ese informe suponga malversación de fondos públicos. El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, denunció que se destine dinero público "para financiar la propaganda de Vox". Pablo Fernández, portavoz de Unidas Podemos, advirtió que estará vigilante porque considera "un escándalo que la Junta licite un estudio de viabilidad de una empresa privada" como es Nuclenor, participada por Iberdrola y Endesa.

Para Vox estas amenazas de la oposición "se les pueden volver en contra". Carlos Menéndez retó a Ciudadanos y Unidas Podemos a que lleven el informe ante la justicia. "Que lo hagan, pero lo tendrán que argumentar muy bien".

Garoña: arma política

Una década después de ser parada y cuando se encuentra en pleno proceso de desmantelamiento, la Central Nuclear de Santa María de Garoña vuelve a la primera línea del debate público. Unas instalaciones que se han utilizado históricamente como arma política en Castilla y León.

La Central Nuclear de Santa María de Garoña estuvo en funcionamiento durante 46 años. Se inauguró el 2 de marzo de 1971 y durante décadas se convirtió en el motor económico del burgalés Valle de Tobalina. Cesó su actividad el 16 de diciembre de 2012 por decisión de Nuclenor, ya que aseguraba que las inversiones que se exigían para seguir funcionando eran demasiado elevadas.

La batalla política por Garoña comenzó en 2008. Una de las promesas electorales de José Luis Rodríguez Zapatero era cerrar la Central Nuclear de Garoña dentro de su programa antinuclear. El entonces presidente del Gobierno se comprometió al cierre en 2011 de la planta burgalesa que más tarde decidió posponer hasta 2013, a pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear había dado el visto bueno a que continuara su actividad hasta 2019. En 2011, el accidente en la central nuclear japonesa de Fukushima reaviva el debate público sobre Garoña al tratarse de un reactor muy similar al siniestrado. Aumentan las exigencias de seguridad para que la central burgalesa pudiera mantener su actividad, lo que lleva a sus propietarios a renunciar a seguir adelante alegando motivos económicos.

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A partir de entonces, los gobiernos del PP de Mariano Rajoy trabajaron por la reapertura de Garoña al entender que se había cerrado por problemas económicos y no de seguridad. Esta central se convirtió en una de las reivindicaciones políticas más repetidas por el PP de Castilla y León. Sin embargo, las distintas decisiones e informes del Consejo de Seguridad Nuclear siguieron obligando a Nuclenor a realizar fuertes inversiones en las instalaciones para lograr el permiso para volver a funcionar, por lo que en agosto de 2017, tras un nuevo rechazo de la empresa, el entonces ministro de Industria, Álvaro Nadal, confirmó el cierre definitivo de la central burgalesa.

Desde su cierre, se suceden los trabajos en las instalaciones para ir completando el complejo y largo proceso de desmantelamiento de la central. Precisamente este otoño está previsto que se realice la eliminación del calorífugo y el amianto que envuelve las tuberías de turbinas. Unos trabajos que se prolongarían durante unos ocho meses y que son el paso previo para comenzar el grueso del desmantelamiento. El calendario marcado establece que todas las etapas estarían terminadas en 2033, momento en el que Garoña sería un recuerdo si la política no vuelve a cambiar los planes.