Gobierno y PP, más cerca de lo que parece en energía; separados en fiscalidad y nucleares

El Congreso y la calle Génova están a solo dos kilómetros de distancia, pero parece que se encontrasen en dos mundos paralelos. Mientras el presidente, Pedro Sánchez, reunía este lunes a su grupo parlamentario para acusar al Partido Popular de bloquear la política energética del Gobierno, la principal fuerza de la oposición presentaba a los periodistas un plan que avala las grandes líneas de la misma. Ambos parecen haber acordado su discrepancia, aunque estén de acuerdo en lo fundamental, mientras miran a Bruselas como avalista de unas propuestas que, en esencia, siguen las directrices establecidas por la Comisión Europea. Solo existen dos brechas de fondo, más allá de los detalles técnicos —o cronológicos—, y una sempiterna batalla por el discurso que lo nubla todo a un año de las elecciones generales. Son el impuesto extraordinario a las empresas energéticas y la extensión de la vida útil de las centrales nucleares.

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El primero se debate este martes en el Congreso de los Diputados, y fue el pretexto que utilizó Sánchez para situar al PP al lado de las élites económicas y en frente de los ciudadanos. "La pregunta es bien clara: ¿van a votar contra el sentido común? ¿Van a defender los intereses de la mayoría o los de una minoría, por muy poderosa que sea?", dijo el presidente del Gobierno. El objetivo de la Moncloa es maximizar las diferencias para retratar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y equiparar su oposición a la línea de bloqueo que siguió su antecesor, Pablo Casado. Ya se vio en el cara a cara parlamentario del martes pasado.

Entonces, el propio Feijóo esbozó una serie de medidas que ahora el Partido Popular ha puesto negro sobre blanco en un documento de 46 páginas que recuerda al plan económico con el que el líder del centro derecha se estrenó en abril: sin siglas, con el membrete del escudo nacional y acompañado de una carta personal al presidente del Gobierno. Es el quinto, recuerdan desde el PP, para recriminar la falta de respuesta de la Moncloa. Si se atiende a la literalidad del documento, la mano tendida que ofrecen los populares supone —además de una estrategia política— la constatación de una evidencia: Gobierno y oposición tienen más puntos en común de lo que parece. O, dicho de otro modo, existen las bases para un acuerdo energético si se excluye la fiscalidad.

Los populares se han acabado subiendo a la ola intervencionista que recorre Europa

No es nuevo. Ejecutivo y PP han recorrido caminos distintos para llegar, en muchos casos, al mismo punto. Y ambos utilizan la paternidad de las iniciativas para marcarse el tanto. En la misiva remitida a Sánchez, el propio Feijóo recuerda que su partido "ha demostrado tener capacidad de presentar iniciativas útiles", y pone como ejemplo las recientes bajadas del IVA de la luz, desde el 10% al 5%, y del gas, del 21% al 5%, que el Ejecutivo despreció en un primer momento. También la inclusión de la cogeneración en el mecanismo de compensación de la excepción ibérica. De la misma manera, Sánchez sigue recriminando al PP que se oponga a actuar sobre el mercado ante una situación crítica como la actual. Pero el plan enviado este lunes demuestra que los populares se han acabado subiendo a la ola intervencionista que recorre Europa.

La derecha interviene el mercado

El PP mantiene su rechazo a la excepción ibérica, que establece un tope de 50 euros el megavatio/hora para el gas utilizado en la producción de electricidad y reparte entre todos los consumidores el coste de la compensación a las centrales de ciclo combinado afectadas por la medida. La oposición pone el énfasis en algunas consecuencias negativas, como la subvención de la luz a Francia o el aumento del consumo del gas para producir electricidad. Y, sobre todo, en el hecho de que se trate de una acción aislada, que no se está aplicando en el resto de la Unión —salvo Portugal—. Pero se trata de una discusión técnica, no de fondo: el principal partido de la oposición no solo está de acuerdo con la 'intervención del mercado del gas' —este es el título literal de uno de los apartados del documento—, sino que defiende establecer un precio máximo a todas las compras, no solo las procedentes de Rusia, a través de una acción coordinada como la que se discute estos días en Bruselas.

Opinión

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De la misma manera, el PP defiende ahora limitar la retribución que reciben las tecnologías inframarginales, es decir, las que producen electricidad barata, pero se aprovechan de que el gas marca el precio de casación en el mercado la mayor parte del tiempo para obtener unos ingresos muy superiores a sus costes. Es lo que popularmente se conoce como 'beneficios caídos del cielo'. El Gobierno aprobó en octubre, con el voto en contra de los populares, una propuesta para minorar esas ganancias, cuyo efecto acabó diluyéndose tras varias reformas que limitaron su ámbito de aplicación.

Ahora, la Comisión Europea propone un tope de 200 euros a la remuneración de renovables y nucleares para financiar la rebaja en el recibo de la luz, y el PP lo avala en su documento "sin perjuicio de las decisiones adoptadas por el Gobierno de España a través de diferentes reales decretos leyes". Una vez más, el equipo de Feijóo utiliza la UE para desligarse de la estrategia de Casado y, de alguna manera, seguir la línea del Ejecutivo, que presume de haber sido el precursor de muchas de las medidas adoptadas posteriormente por Bruselas.

Las líneas básicas del PP se sitúan más cerca del PSOE que de algunos partidos de su propio espectro ideológico

Los populares se escudan en el tope de 200 euros para justificar su oposición al impuesto sobre las ganancias de las energéticas, que se debate este martes en el Congreso. De hecho, la propia Comisión Europea reconoció en este informe preeliminar que su propuesta "sería incompatible" con un hachazo como el que prepara España, aunque también es cierto que la minoración solo afecta a los mercados regulados. Las petroleras, principales beneficidadas de esta crisis, mantendrían sus beneficios intactos. Una vez que el Gobierno ha ido adoptando una por una las rebajas fiscales sobre energía que pedía el PP —pese a su carácter regresivo—, este es el verdadero abismo que separa las propuestas del Ejecutivo y su alternativa. En palabras de Juan Bravo, vicesecretario de Economía de la formación conservadora: "Decimos sí a todas las medidas que reduzcan el recibo de la luz y no a las medidas que hacen que el dinero pase de estar en las casas a estar en la caja [del Estado]".

Por último, los populares defienden que el PVPC, que determina el coste de la factura regulada, se vincule a los mercados a plazo, y no solo al llamado 'spot' horario, como hasta ahora. Esta fue una de las condiciones que estipularon las autoridades comunitarias a cambio de la aprobación de la excepción ibérica. El objetivo: reducir la volatilidad. El documento también propone establecer una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para favorecer la liquidez en el mercado en periodos de grandes oscilaciones de precios, como el actual.

La izquierda relega el ecologismo

Al contrario de lo que dice Sánchez, las líneas básicas del PP se sitúan más cerca del PSOE que de algunos partidos de su propio espectro ideológico. Mientras la nueva primera ministra del Reino Unido, la conservadora Liz Truss, ha dado carta blanca al 'fracking' y la derecha italiana hace de la soberanía energética —prospecciones incluidas— uno de los ejes de su campaña, el equipo de Feijóo no se desmarca ni un milímetro de la estrategia verde diseñada por la Comisión. Fuentes de los populares consultadas por este periódico descartan que el partido vaya a abrir la puerta a la fractura hidráulica para la extracción de gas, que no se menciona en ningún momento en el documento.

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Como para el Gobierno, para el PP autonomía energética significa seguir desplegando todos los recursos posibles para que España se convierta en vanguardia mundial de energías renovables, con propuestas muy similares a las que se están llevando hasta ahora, que en todo caso pide acelerar. Mientras no sea posible abastecerse solo con energías limpias, los populares proponen extender la vida útil de las centrales nucleares más allá de 2027, que es la fecha que el Gobierno marcó para iniciar el cierre de las cinco plantas que todavía permanecen en funcionamiento. Hasta ahora, el Ejecutivo ha rehuido este debate, lo que supone un claro choque con la propuesta popular. Más allá de esta discusión de plazos, que se produce hasta en el seno del propio Gobierno alemán, la estrategia de fondo de Sánchez y Feijóo no es tan diferente: el texto no recoge en ningún momento la construcción de nuevas centrales, como ha proyectado Francia.

Los populares defienden mantener con vida las nucleares y, si es necesario, volver a quemar carbón como una crítica a lo que consideran falta de pragmatismo del Gobierno. Pero, pese a sus credenciales ecologistas, el Ejecutivo también ha renunciado —o, al menos, aplazado— a algunas de sus banderas ante la situación actual. Empezando por la posible reapertura de la central térmica de As Pontes, la más contaminante de España. Y siguiendo por el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que duerme el sueño de los justos en las Cortes después de que su tramitación haya sido aplazada en diversas ocasiones. Este instrumento pretendía trasladar parte de los costes de la factura desde las energías limpias hacia las más sucias, lo que encarecería aún más el precio de los combustibles.

El PP propone "una rebaja sustancial" de los derechos de emisión, como prometió Sánchez que lucharía en Bruselas

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha conseguido que la derecha opositora acceda a intervenir los mercados energéticos con unas políticas que hasta hace poco hubiera calificado de bolivarianas, pero también que la izquierda gubernamental hinque la rodilla de la acción climática en favor de una urgente contención de precios. Con Bruselas, una vez más, como escenario, el PP propone "una rebaja sustancial" de los derechos de emisión (e incluso suspenderlos temporalmente, si fuese necesario). En otras palabras: poner un techo al precio que pagan las empresas por contaminar, y que ha originado un mercado secundario altamente especulativo que contribuye a incrementar la electricidad. Es exactamente lo mismo que anunció Sánchez en su comparecencia de antes de verano como la última bala del Gobierno para intentar embridar los récords de la luz. La mayoría de los expertos en transición energética considera que esta medida resulta nefasta para la descarbonización, al alterar la señal de precios que desincentiva el uso de las energías más contaminantes.

El matiz del ahorro energético

En el baño de realidad que ha supuesto la crisis, el Gobierno también ha rescatado del olvido el Midcat, una tubería que permitiría duplicar la capacidad de exportación de gas desde España hacia Francia y que el propio Ejecutivo desechó en su momento al considerar este hidrocarburo una energía contaminante. Los populares no solo apoyan la construcción del gasoducto, que fue paralizado en 2019 por las dudas sobre su rentabilidad, sino que replican el discurso del Gobierno y enfatizan que la infraestructura debe estar preparada para transportar hidrógeno verde en un futuro. Como Sánchez, los de Feijóo ponen el énfasis en aprovechar todo el potencial regasificador de España para dejar de ser una isla energética y convertirse en una pieza clave del abastecimiento europeo tras el seísmo provocado por la guerra en Ucrania.

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En el corto plazo, la Comisión ha fiado buena parte del éxito de su plan para independizarse de la energía del Kremlin a la reducción del consumo. Y, como no podría ser de otra manera, Gobierno y oposición están de acuerdo en este punto, pese al ruido generado por la convalidación del real decreto del Ejecutivo. Los populares se opusieron entonces, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, incluso llegó a llamar a la insubordinación contra la medida. Sin embargo, el plan enviado a Sánchez recoge un sinfín de medidas para fomentar el ahorro y la eficiencia energética, e incluso propone destinar 2.900 millones de recursos públicos a premiar a las familias que consuman menos (aquí toda la información). Solo existe un matiz que diferencia a la izquierda y la derecha: la obligatoriedad, que el PP únicamente defiende para el ámbito de la Administración.

Muchos ciudadanos se estarán preguntando si ese es motivo suficiente para oponerse a un decreto que va en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea. Otros pensarán que un plan de 46 páginas con tantas propuestas constructivas merece una respuesta del presidente del Gobierno. Con la política energética empieza a ocurrir lo mismo que con la exterior: cuando se rasca un poco, siempre aparece un consenso de Estado detrás de tanto postureo de partido.