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El PP propone bonificar 2.900 M en la factura de las familias que reduzcan su consumo energético
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ENVÍA SU PLAN ENERGÉTICO AL GOBIERNO

El PP propone bonificar 2.900 M en la factura de las familias que reduzcan su consumo energético

Los populares tienden la mano al Gobierno, defienden prolongar la vida útil de las nucleares más allá de 2027 y se oponen al impuesto a los beneficios de las eléctricas y la banca

Foto: El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo. (EFE/Chema Moya)
El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo. (EFE/Chema Moya)

El PP quiere bonificar con 2.900 millones la factura de la luz y el gas a las familias españolas que reduzcan su consumo. Esa es la propuesta que los populares enviarán a lo largo de este lunes al Gobierno para afrontar la crisis energética, en la que también se muestran favorables a la idea europea de topar la retribución de las energías inframarginales y defienden prolongar la vida útil de las nucleares más allá de 2027. El principal partido de la oposición coincide con la Moncloa en muchos aspectos, pero discrepa en un punto fundamental: el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca.

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El documento, titulado 'Plan de rescate energético para empresas y familias', detalla en ocho puntos las propuestas que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, esbozó el pasado martes en un cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado. En ese momento, Feijóo tendió la mano al Ejecutivo para pactar aquellas medidas que rebajen el recibo de la luz. Tras conseguir que adoptase algunas de sus banderas, como la rebaja del IVA del gas y de la luz o la inclusión de la cogeneración en la excepción ibérica, los populares instan ahora a bonificar una parte del recibo a aquellas familias que reduzcan su consumo energético.

Foto: Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, en el congreso del PP de Madrid. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Bajo la premisa de no prohibir, sino incentivar, el ahorro de energía, el PP propone que los hogares que ahorren entre un 3% y un 7% reciban una subvención por valor del 5% de la factura de la luz y del 10% de la del gas. Para los que consuman entre un 7% y un 15% menos, la rebaja sería del 10% para la luz y del 20% para el gas. Y llegaría al 20% y al 40%, respectivamente, para quienes ahorren más de un 15% de energía. Esto, estiman los populares, podría rebajar un punto la inflación.

El vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha cifrado el coste en 2.900 millones de euros, que afrontaría el Estado gracias al exceso de recaudación que, según la oposición, está suponiendo la actual situación para las arcas públicas. La medida estaría vigente entre noviembre y marzo, cuando está previsto que la crisis energética alcance su punto álgido con la llegada del invierno. Para realizar el cálculo, se establecería la comparación del consumo que aparece en la factura (la primera sería la de noviembre) con el del mismo periodo del año anterior.

Los populares proponen simplificar en un único impuesto todos los tipos fiscales que afectan a la energía

"De entrada decimos sí a todas las medidas que reduzcan el recibo de la luz y no a las medidas que hacen que el dinero pase de estar en las casas a estar en la caja [del Estado] y no rebajen la luz", ha enfatizado Bravo. Los populares mantienen el discurso de que Hacienda se está beneficiando de la crisis energética para aumentar sus ingresos fiscales. Para devolver ese exceso de recaudación, que cifran en más de 16.500 millones de euros, a las familias, proponen deflactar el IRPF —como ha anunciado este mismo lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— y simplificar en un único impuesto todos los tipos fiscales que afectan a la energía, una medida de muy difícil aplicación que tendría que tener el visto bueno de Bruselas.

El tributo extraordinario sobre los beneficios de las energéticas y de la banca no entra en esa ecuación. A un día de que se debata en el Congreso, los populares reiteran su oposición a la medida del Gobierno, que pretende recaudar 7.000 millones de euros adicionales, ya que consideran que no reducirá la factura. Según Bravo, el tope a la remuneración de las energías inframarginales —principalmente la nuclear y las renovables— que se discute en el ámbito europeo evitaría que las eléctricas recibiesen los llamados 'windfall profits', por lo que el hachazo del Gobierno resulta innecesario. "No parecen compatibles", ha enfatizado Bravo. Sin embargo, lo cierto es que las petroleras, que han disparado sus ganancias en el actual escenario, no se verían afectadas por la nueva regulación comunitaria.

Prolongar la vida útil de las nucleares

Los populares proponen ir en todo momento de la mano de la Unión Europea y recuerdan que el plan está abierto a discusión, por lo que no es necesario que se apliquen todas las medidas que recoge. El modelo energético resulta muy similar al que promueve el Gobierno, en línea con Bruselas: promoción de las renovables, prohibición del 'fracking' y desarrollo de nuevas infraestructuras, como el gasoducto MidCat, para que la península ibérica deje de ser una isla energética. Sin embargo, existe una discrepancia fundamental a corto plazo: para el principal partido de la oposición, resulta esencial prolongar la vida útil de las centrales nucleares más allá de 2027. El Ejecutivo ha rehuido hasta ahora el debate, y mantiene su plan de desmantelamiento a partir de esa fecha.

Para calcular el impacto de todas estas medidas, el PP propone crear una AIReF energética. Es decir, un organismo autónomo que, de la misma manera que hace la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal con el gasto del Ejecutivo, cuantifique el coste las diferentes alternativas para las arcas públicas.

El PP quiere bonificar con 2.900 millones la factura de la luz y el gas a las familias españolas que reduzcan su consumo. Esa es la propuesta que los populares enviarán a lo largo de este lunes al Gobierno para afrontar la crisis energética, en la que también se muestran favorables a la idea europea de topar la retribución de las energías inframarginales y defienden prolongar la vida útil de las nucleares más allá de 2027. El principal partido de la oposición coincide con la Moncloa en muchos aspectos, pero discrepa en un punto fundamental: el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca.

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