Dilema en As Pontes: el Gobierno estudia reactivar la central más contaminante del país

La descarbonización se llevó por delante la central térmica de Endesa en la localidad coruñesa de As Pontes, con una paralización progresiva iniciada en 2019 que podría revertirse ante la crisis energética vinculada a la guerra de Ucrania. Es, de hecho, firme candidata a ser rescatada de la inactividad para garantizar el suministro en España. La única que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está dispuesto a salvar. Un informe de Red Eléctrica Española (REE) desbloqueará una decisión basada en el análisis del sistema eléctrico, ajena a criterios medioambientales. De hecho, la planta es la más contaminante de España y una de más sucias de Europa, con una emisión anual a la atmósfera de 7,9 millones de toneladas de CO₂.

El Gobierno informó en julio de la petición del informe a Red Eléctrica. "Lo último que queremos es que haya un corte de luz en el próximo otoño-invierno", se justificó la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Pero el otoño se acerca y el estudio de REE no llega. Esta misma semana, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, reconocía la ausencia de novedades. "Seguimos esperando el informe. En cuanto tengamos la información la haremos pública y acataremos lo que diga", informó Miñones, que asegura que Ribera se mantiene "en contacto" con los actores implicados. El estudio no se centra exclusivamente en la de As Pontes, la mayor central de carbón de España, sino que evalúa distintos escenarios posibles en caso de escasez de gas natural o de otros productos energéticos, pero será fundamental para decidir si se reactiva o no la planta.

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Tal y como lo planteó la ministra, la decisión dependerá de las garantías de cobertura para el 100% de la demanda eléctrica de España. Solo en el caso de que no se pueda certificar la producción necesaria, se reactivaría la central explotada por Endesa e inaugurada en los años 70, que resultó fundamental para la economía de buena parte de la provincia de A Coruña, levantada en una localidad que no acaba de encontrar alternativas a la producción energética. Pero también extremadamente contaminante, contraria a los criterios de un ministerio que debe su nombre a la importancia de la descarbonización.

Un estudio de 2006 elaborado por la organización ecologista WWF situaba a la de As Pontes entre las 10 instalaciones alimentadas por carbón con más emisiones de CO₂, en una clasificación que se realizó teniendo en cuenta el nivel relativo por kilovatio/hora producido, con un total de 1.211 gramos de dióxido de carbono. Más recientemente, la organización ecologista Transport & Environment (T&E) la situó como la decimoséptima fábrica más contaminante de Europa, a partir de datos de la Agencia Europea del Medioambiente (EMA), con un total de 7,9 millones de toneladas de CO₂ emitidas a la atmósfera. El 'ranking' de emisiones publicado en 2019 por la Comisión Europea la revela como la instalación más contaminante España.

Endesa, del grupo ENEL, anunció a finales de 2019 el adelanto del cierre de la térmica gallega, pero la clausura no ha llegado a culminar. Las amenazas de Rusia de cortar el suministro de gas a Europa y la escalada de precios de la energía han obligado a replantear la decisión, especialmente después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidiera a los Estados miembro que se preparen para "disrupciones en el suministro de gas" e incluso un corte completo. En ese contexto, las centrales de ciclo combinado —que queman gas para producir electricidad— se presentan como garantía de suministro cuando no hay suficiente aportación de las renovables.

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La situación añade incertidumbre a una comarca extremadamente dependiente de la planta pontesa, acostumbrada a los vaivenes sobre el futuro de la misma. Ya en los años noventa, las exigencias medioambientales obligaron a realizar fuertes inversiones para combinar el lignito con el carbón de importación, menos contaminante. Las movilizaciones de los trabajadores lograron suavizar los recortes de una plantilla que en sus años dorados llegó a dar empleo a 4.000 personas. Apenas 10 años después, una directiva comunitaria exigió desechar por completo el lignito para utilizar exclusivamente carbón importado. Y en 2010, el famoso decreto del carbón hizo revivir las movilizaciones de la década anterior.

Los defensores de la planta se las prometían felices con la inversión de 220 millones de euros, anunciada por Endesa en 2018 para adaptarla a la normativa europea de emisiones, con un horizonte de 20 años. Pero la escalada del precio de compra de los derechos de emisión de dióxido de carbono y los impuestos que gravan el uso de este mineral para producir energía forzaron el cierre, que inicialmente se presentaba temporal y que después se anunció como definitivo. Parecía el fin del negocio del carbón en España y en Galicia, incapaz de competir con otras energías. "Las centrales térmicas peninsulares de carbón no resultan competitivas, y, por tanto, su funcionamiento no resulta previsible en el mercado de generación eléctrico en el futuro", anunciaba Endesa en el comunicado a la CNMV, en el que informaba del cierre. Hasta que la escalada del precio de la energía y la guerra en Ucrania transformaron radicalmente el escenario.

La Xunta ve con buenos ojos la eventual reactivación de la planta, que se puso en funcionamiento el pasado invierno ante la escalada del precio de la luz, pero que volvió a paralizarse a finales de junio. El presidente, Alfonso Rueda, viene reclamando con insistencia e indisimulada esperanza el informe encargado por el ministerio. Su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, también defiende la apertura, ahora como presidente del Partido Popular. Del lado socialista, el secretario general del PSdeG-PSOE es precisamente el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso. Tanto él como el 'conselleiro' de Economía, Francisco Conde, se han declarado claramente a favor de la operatividad de la térmica. El visto bueno de la empresa ya lo tienen. Su consejero delegado, José Bogas, ya ha informado a Ribera de la posibilidad de reactivar dos de los cuatro grupos de carbón de la planta a partir de octubre si lo solicita el Gobierno.