La última bala de España para bajar la luz: dará la batalla en Europa contra la especulación del CO₂

España vuelve a la carga en Bruselas y utilizará las últimas balas que le quedan para tratar de contener la luz. Mientras las asociaciones de consumidores denunciaban que julio cerró con el segundo recibo más caro de la historia, pese al tope al gas y la rebaja del IVA de la electricidad, el presidente Pedro Sánchez rescataba en el cierre del curso político dos viejas reivindicaciones para iniciar el siguiente: una reforma del mercado eléctrico europeo para desligar los precios del gas y de la luz y el establecimiento de un tope al valor de los derechos de emisión de CO₂.

La primera medida estaba cantada. Después de que lo demandasen varios Estados miembros, encabezados por la propia España, la Comisión Europea aceptó finalmente iniciar el camino hacia una nueva regulación eléctrica y presentará una propuesta legislativa a lo largo de 2023. Antes, dará a conocer el resultado de una evaluación de impacto y abrirá una consulta pública para que los agentes implicados hagan sus contribuciones. En ese contexto, Sánchez anunció que el Gobierno pondrá encima de la mesa de la Comisión la iniciativa española en septiembre. "Hay una oportunidad", proclama ahora el presidente, pese a que en otoño del 2021 la medida se quedó en el tintero ante la oposición de un bloque de países liderado por Alemania.

Sánchez quiere establecer un tope al CO₂ igual que lo hizo con el gas. Pero con una diferencia: esta vez la península no sería una excepción

La segunda propuesta tampoco es nueva, pero Moncloa ha redoblado la apuesta consciente de que supone la forma más rápida para embridar los récords de la electricidad mientras no se culmine la compleja reforma del mercado. El presidente quiere establecer un tope al precio de los derechos de emisión del CO₂, igual que lo hizo con los del gas. Pero con una diferencia: esta vez la península no sería una excepción, sino que formaría parte de la nueva regla europea para limitar la subida de la electricidad.

A la espera de conocer los detalles, que desde el Ministerio de Transición Ecológica no desvelan, la referencia es un documento de trabajo ('non-paper') que España hizo circular en octubre del año pasado. Entonces la crisis energética no había hecho más que empezar, y el gas todavía estaba muy lejos de los niveles alcanzados tras la guerra de Ucrania. Sin embargo, los derechos del CO₂ ya batían máximos históricos y, con ellos, la electricidad. Un informe del Banco de España, accesible aquí, demostró que el 20% del incremento de la factura de la luz en el primer semestre del año pasado se debió a la revalorización de esos títulos.

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Nuestro país demandaba entonces frenar la especulación en un mercado que nació como una forma de incentivar la transición energética, pero se ha acabado convirtiendo en una fuente de beneficios rápidos para fondos y bancos de inversión. El sistema funciona desde 2005. Cada año, la Comisión establece un volumen global de emisiones de gases de efecto invernadero, que se reparte a través de derechos para que las empresas contaminantes paguen para compensar las externalidades negativas de su actividad. Pero estos derechos se pueden comprar y vender, lo que ha creado un mercado secundario cada vez más sofisticado. A medida que existen menos créditos y más interés por ellos, los precios suben. Ya está ocurriendo.

El objetivo es precisamente ese: conseguir que contaminar resulte cada vez más caro y que las empresas, incluidas las que generan electricidad, orienten sus inversiones hacia las tecnologías limpias. Es lo que se conoce como la señal de precios. Pero en los últimos meses todo ha ido demasiado rápido. Con el valor de una tonelada de CO₂ en torno a los 80 euros, los objetivos que se querían alcanzar en 2030 se han adelantado unos cuantos años, recuerdan fuentes del ministerio dirigido por Teresa Ribera. Y esto, en plena espiral energética, solo contribuye a alimentar nuevos récords de la luz.

El Banco de España: "No puede descartarse que exista un componente especulativo significativo"

Según el mismo estudio del Banco de España, para generar un megavatio hora de electricidad son necesarias 0,37 toneladas de CO₂. La cuenta resulta sencilla: a los niveles actuales de los derechos, este concepto supone unos 30 euros del precio de la luz. El propio regulador apunta a que una parte de ese sobrecoste la estamos pagando todos los consumidores para llenar los bolsillos de algunos: "No puede descartarse que exista un componente especulativo significativo".

Para solucionar este problema emergen dos opciones: o se ponen más derechos de emisión en el mercado —actualmente el número se reduce un 2,2% cada año— para alterar el equilibro entre la oferta y la demanda o directamente se establece un tope, como pide Sánchez. Ambas van en contra del espíritu original de la norma, al difuminar la señal de precios, recuerda Natalia Collado, del 'think tank' EsadeEcPol. Sin embargo, la investigadora señala una tercera vía: establecer un máximo para contener los récords de la electricidad, sí, pero también un mínimo que obligue a los agentes del mercado a apostar por las energías limpias. Un estudio del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia avala esta fórmula contra la volatilidad, conocida como 'precio collar'.

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Sea cual sea la opción elegida, la reforma —que ya ha pasado por el Parlamento Europeo y los Veintisiete abordarán durante los próximos meses— deberá recoger otros aspectos si realmente quiere frenar la especulación. El 'non-paper' español también contemplaba establecer un precio objetivo flexible a lo largo del tiempo, reducir el número de derechos con los que se puede comercializar, excluir a los actores especulativos del mercado, ahora que ya existe la liquidez que motivó su inclusión, y limitar el periodo de validez de los derechos de emisión adquiridos.

La crisis de Ucrania ha puesto en el mismo plano lo urgente y lo importante, repitió en varias ocasiones Sánchez para referirse a la transición energética durante su comparecencia de este viernes. El día que la luz llevó a la inflación a su mayor dato en 38 años, lo urgente era demostrar que el Gobierno no se conforma con el tope al gas y seguirá defendiendo los intereses de los consumidores españoles en Europa. Lo importante ya llegará después de las vacaciones.