La derecha presiona a Sánchez con mantener las nucleares por temor a un "apagón" energético

La amenaza de Rusia respecto a un corte total del suministro energético a Europa ha puesto en máxima alerta a los países comunitarios. La Comisión Europea trabaja en un plan de contingencia, pero los países de la Unión sacan su propia artillería para tratar de contener a tiempo una posible situación de emergencia energética con el consiguiente impacto en la ya delicada economía europea. Y el Gobierno español no es una excepción. La baja dependencia de España al gas ruso reduce la posibilidad de una crisis de suministro, pero, si Vladímir Putin cumple con su órdago, España no se librará de que la factura energética vuelva a dispararse. Pedro Sánchez tiene una hoja de ruta y también una línea roja: se mantendrá firme en su rechazo a las centrales térmicas y nucleares y en la "lucha contra la carbonización".

La densidad del debate sobre el estado de la nación, y el volumen de las propuestas que se votaron y se discutieron durante tres intensos días, alejaron del foco mediático el difícil invierno al que se acerca el país por próximas subidas de precios en la factura energética ante el cierre del grifo del gas ruso a Europa. Los tres grandes partidos situados a la derecha del PSOE presentaron sendas propuestas de resolución con iniciativas para garantizar la soberanía energética de España, y que pasan por transitar de nuevo el camino de la energía nuclear ante el riesgo, insisten en PP, Cs y Vox, de un "apagón" por la presión de Rusia. El bloque de la oposición defiende que, ante un escenario de alto riesgo del que ya advierte la propia Unión Europea, la apuesta energética de España debe ser la de extender la vida útil de las nucleares e, incluso, encender nuevos reactores.

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El Gobierno aprobó en 2019 con las grandes eléctricas un calendario para el cierre escalonado de las centrales españolas, que comienza en 2027 con Almaraz II y finaliza en 2035 con la central de Trillo. Y Sánchez no contempla un cambio de paradigma, sea cual sea la presión de la oposición. El mensaje del Ejecutivo es que España sufrirá subidas de precios por la tensión en los mercados del gas, pero, a diferencia de otros países europeos, no tendrá problemas de abastecimiento. Los tres partidos de la derecha han presentado en los últimos meses diferentes mociones parlamentarias instando al Gobierno a reconsiderar la posibilidad de posponer los plazos de cierre de las centrales. Ponen como ejemplo que países como Bélgica, Finlandia o Francia han decidido operar con energía nuclear a largo plazo e, incluso, construir nuevas unidades. Recuerdan, además, que la compra de energía nuclear de España al país galo alcanzó su máximo histórico en 2021.

PP, Cs y Vox se han ido encontrando con el portazo de la Cámara Baja a sus peticiones..., pero el debate sobre el estado de la nación obró el milagro. El Congreso aprobó el pasado jueves una propuesta de resolución de Foro Asturias pactada con Vox que, entre otros puntos, exigía la prolongación de la vida útil de las nucleares, revertir el cierre de las centrales térmicas y reactivar la construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) para gestionar residuos nucleares, un proyecto que inició el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2011 y que quedó en suspenso. A favor de la iniciativa se posicionaron PP —que llevaba un texto calcado en sus propuestas de resolución—, Ciudadanos, Vox, Foro y Teruel Existe. En contra, PSOE y el resto de socios nacionalistas, como ERC, Bildu, Junts, PDeCAT o BNG. Pero la sorpresiva abstención de Unidas Podemos decantó la balanza a favor de las posiciones de la derecha.

La abstención de Podemos facilitó la aprobación de una iniciativa en el Congreso para alargar la vida de las nucleares

Fuentes de la formación morada aseguran que se trata de un "error" en la emisión del voto, entre otras cosas porque su posición respecto a la vida de las centrales nucleares es justo la contraria. "Somos favorables al cierre de las centrales, tal y como está acordado entre el Gobierno y las eléctricas. Abogamos por el abandono progresivo de los combustibles fósiles y somos contrarios a la construcción del ATC en Villar de Cañas y a la interconexión gasista", suscriben. Las conclusiones aprobadas durante el debate del estado de la nación no tienen un valor vinculante, sino que suponen una declaración política por la que el Congreso reclama al Gobierno que actúe en determinados frentes, una iniciativa similar a las proposiciones no de ley (PNL).

Más allá del error de Podemos, el PNV optó también por la abstención a la propuesta. Los nacionalistas vascos no llevaban ninguna iniciativa relativa a revertir el apagón nuclear —sí instaba a mejorar las interconexiones entre España y Francia o autorizar un segundo cargadero en el Puerto de Bilbao para paliar la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania—, pero la posición del partido resulta ambigua en lo relativo a la energía nuclear. A principios de julio, los 'jeltzales' se posicionaron a favor en el Parlamento Europeo del Plan Repower EU, que permite una mayor producción de electricidad con carbón y la extensión de la vida de algunos reactores para reducir la dependencia de la UE a los combustibles fósiles rusos.

Se trata de un cambio de postura flagrante en una formación que abanderó el cierre de la central nuclear de Garoña en 2017. De hecho, fue una de las condiciones que aceptó Mariano Rajoy a cambio del apoyo del PNV a los presupuestos generales del Estado. El alto riesgo a un corte en el suministro de gas sí ha provocado un giro en la política energética de los nacionalistas vascos que ellos mismos justifican por "las circunstancias excepcionales que se han creado en el mercado de la energía" a cuenta de la guerra en Ucrania y las amenazas de Putin al resto de Europa.

Tándem Feijóo-Ayuso

Precisamente, el visto bueno del Parlamento y de la Comisión Europea a tildar de "verde" tanto la energía nuclear como el gas natural llevó al PP de Alberto Núñez Feijóo a recuperar públicamente el argumentario favorable a la prolongación de la vida útil de los reactores. El gallego ya resucitó las nucleares con su estrategia para paliar las consecuencias de la guerra que remitió a la Moncloa el pasado mes de abril, pero la pasada semana también anunció que, en sus propuestas de cara al debate sobre el estado de la nación, exigiría al Gobierno mantener "todas las energías disponibles al máximo de su capacidad", en contraposición de la hoja de ruta de Teresa Ribera, que apuesta únicamente por mecanismos de ahorro energético y por fiarlo todo a las renovables. El Ejecutivo, al menos de momento, se mantiene firme en su rechazo.

El líder de la oposición recordó que las cinco nucleares que siguen operativas en España suponen solo el 6% de la energía instalada, pero aportan el 20% de la electricidad que se consume en los hogares. "No podemos tener dudas. Debemos ser responsables y consecuentes con lo que está sucediendo", subrayó. Con anterioridad a la guerra de Ucrania, Pablo Casado ya batalló en Bruselas la consideración del gas y de la nuclear como energías verdes, mientras que en el grupo parlamentario esperaban que Feijóo tomase las riendas para dar viabilidad a varias iniciativas relacionadas con la garantía de la soberanía energética nacional.

En concreto, los populares planteaban reformar la Ley de Cambio Climático de cara a explorar nuevas vías para la explotación de hidrocarburos, el aprovechamiento de minerales considerados 'críticos', como el uranio, o la recuperación de planes de tierras raras. En muchos casos, la explotación de este tipo de materiales quedó en el limbo o, directamente, anulada por las trabas medioambientales que, a juicio de los populares, han quedado "obsoletas" por el escenario de crisis energética. El PP no se desvía del camino que marca Europa y rechaza reabrir el debate sobre el uso del 'fracking', a pesar de que durante años el partido defendió la utilización de la controvertida técnica —por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera— tanto en la Cámara Baja como en los Parlamentos autonómicos.

Además de la "viabilidad económica de la energía nuclear", Feijóo propone una rebaja de la fiscalidad energética, explorar una tarifa fija para el precio de la luz anual con el objeto de "mitigar la volatilidad" de la factura por la incertidumbre bélica, restablecer "cuanto antes" las relaciones entre España y Argelia o la preparación de un plan de contingencia que incluya una hoja de ruta para acelerar la explotación de gases renovables y la explotación de recursos autóctonos.

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En esta cuestión, Feijóo ha encontrado una aliada en Isabel Díaz Ayuso, y no en Juanma Moreno. "Andalucía no quiere energía nuclear", ha reiterado en más de una ocasión el barón andaluz, un discurso que confronta, y mucho, con la apuesta férrea de la Comunidad de Madrid por este tipo de abastecimiento. Ya en el mes de diciembre, la Consejería de Presidencia encabezada por Enrique López envió una misiva al Ministerio del Interior pidiendo un protocolo conjunto de actuación ante un posible "apagón" energético para el que ya se preparaban países como Suiza o Alemania. "Nos llamaban alarmistas", lamentan en el Gobierno madrileño. Fernando Grande-Marlaska, aseguran, les respondió con "silencio".

Las comunidades autónomas no tienen competencias directas sobre la gestión de la política energética nacional y, por ese motivo, instó al Gobierno a garantizar, por medio de la Ley de Seguridad Nacional, "el suministro de servicios y recursos esenciales". Hace unos días, la Comunidad de Madrid dirigió otra misiva a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en la que la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, expresaba la "preocupación" de la región por la crisis energética e incluía una serie de propuestas, como la suspensión "inmediata" del impuesto de hidrocarburos —en línea con la batalla de Feijóo en Bruselas—, redirigir los fondos europeos al aprovechamiento de interconexiones o reabrir el debate sobre la vida útil de las nucleares, "antes de que el avance de los planes de desmantelamiento nos sitúe en un punto de no retorno".

Ayuso exige medidas contra el desmantelamiento nuclear; Puig y Vara apoyan una prórroga para Cofrentes y Almaraz

La ambigüedad respecto a la cuestión del mantenimiento de las nucleares se ha instalado en otros Ejecutivos autonómicos. Es el caso de Ximo Puig, que, pese a seguir la senda de las renovables marcada por el Gobierno central, la Generalitat Valenciana ha planteado también una prórroga de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) por la crisis energética agravada por la situación entre Rusia y Ucrania, y cuyo cierre estaba inicialmente previsto para 2030. También la Junta de Extremadura, presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara, apoyaría una prórroga de la vida útil de Almaraz, cuyo desmantelamiento está previsto para 2027 en caso de la Unidad I y para 2028 en el de la Unidad II.

Vox, el carbón y el 'fracking'

Mucho más extremada es la posición que defiende Vox en su batalla contra la "religión climática" de la que también se hicieron eco tanto Santiago Abascal como Iván Espinosa de los Monteros en sus intervenciones durante el debate sobre el estado de la nación. El presidente de Vox cargó contra los "discursos enloquecidos del fanatismo climático" del Gobierno, mientras que su portavoz parlamentario lanzó una crítica también al PP, que "ha pasado a defender las nucleares después de cerrar Garoña y haberlo celebrado".

En sus propuestas de resolución, Vox no solo pide alargar la vida del parque nuclear español, sino la instalación de nuevas plantas para explotar este tipo de energía, en línea con la hoja de ruta de Francia, que construirá seis nuevos reactores con un plan de inversiones que supera los 46.000 millones de euros. Ciudadanos defiende una iniciativa parecida y, de hecho, el desarrollo de la energía nuclear española fue su principal condición para apoyar las dos versiones del decreto anticrisis del Gobierno. Pero Sánchez, una vez más, cerró esa puerta pese a que las inversiones en energía nuclear se consideran compatibles con la taxonomía verde de la UE.

Vox apuesta de forma decidida por abandonar los Acuerdos de París y "todos los acuerdos lesivos para la soberanía energética" de España, así como la derogación de los artículos 9 y 10 de la Ley de Cambio Climático para explotar hidrocarburos y yacimientos minerales. Aunque no llegaron a incluirlo en sus conclusiones para el debate de la nación, en tribuna el partido de Santiago Abascal ha apostado por abolir la normativa que apuesta por la descarbonización.

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Fuentes autorizadas del partido apuntan, además, que debería realizarse al menos un estudio sobre la utilización de la técnica de la fracturación hidráulica en ciertos yacimientos nacionales. Ponen el foco especialmente en Canarias, que en 2015 cesó las prospecciones petrolíferas por su impacto medioambiental, y que hoy están terminantemente prohibidas precisamente por la ley climática que Vox quiere abolir.