El bono social llega a la mitad de las familias numerosas más ricas y solo al 30% de las pobres

El bono social es un coladero para las familias numerosas. La medida, que permite a las unidades de convivencia con tres o más hijos acceder a una subvención contra la pobreza energética, independientemente de cuál sea su nivel de renta, beneficia a muchos hogares que no padecen este problema. Tanto, que los polémicos casos del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, o la líder de la oposición en la región capitalina, Mónica García, no constituyen una excepción: en España, los bonos energéticos cubren más a las familias ricas que a las pobres.

Esta es la conclusión a la que han llegado Ángel Martínez, Natalia Collado y Jorge Galindo a través de un estudio para el laboratorio de ideas EsadeEcPol que muestra un ejemplo más del carácter regresivo de las políticas públicas en España. Los investigadores utilizan los datos de la última Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al año 2021, para certificar que el 55% de las familias numerosas de rentas más altas se beneficia de los subsidios energéticos, frente a solo el 30% de las de rentas más bajas. Para alcanzar este hallazgo, dividen los hogares en cinco grupos en función de sus ingresos. Al contrario de lo que dicta el principio de equidad que rige nuestro estado de bienestar, el porcentaje de perceptores se va incrementando a medida que se avanza en la escala de riqueza.

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El documento agrega los datos de los diferentes tipos de subvenciones energéticas, pero sus conclusiones son extrapolables a lo que se conoce como bono social, ya que las ayudas para el pago del agua y otros recibos resultan residuales. Según la actual legislación, las familias numerosas pueden pedir el bono social eléctrico para pagar la luz, independientemente de cuál sea su nivel de ingresos. La subvención oscila entre el 65% de la factura para los consumidores vulnerables y el 80% para los vulnerables severos, que sí tienen que cumplir unos criterios económicos. A los beneficiarios de esta paga se les concede automáticamente el bono social térmico para calentarse, un único subsidio anual de entre 40 y 365 euros en función de la renta y la zona climática donde viva cada familia. Aquí puede consultar todos los detalles sobre las cuantías y las formas de pedirlos.

El diablo se esconde en el proceso. El hecho de que sean las empresas comercializadoras, y no el Estado, las que gestionen —y paguen, a través de los recibos de todos los españoles— el bono social eléctrico desincentiva la agilidad de los trámites, que son desconocidos y muy difíciles de comprender o completar para muchas familias de bajos ingresos. Esto hace que, como ya publicó El Confidencial hace más de un año, la mitad de los hogares que padecen pobreza energética se vean excluidos de la medida, mientras muchos que no tienen ningún problema para pagar la luz o la calefacción se benefician. Entonces, las asociaciones de consumidores ya denunciaban lo injusto de la situación, pero nadie les hizo caso hasta que saltó la polémica política la semana pasada.

"Las familias con mayor disponibilidad de tiempo e información para lograr este tipo de bonos (algo que puede aproximarse por el nivel de ingresos del hogar) cuentan con una mayor probabilidad de poder conseguirlos", denuncia el informe. No solo acontece con los energéticos: las asimetrías en la información y el mal diseño de las políticas públicas hacen que en España el 20% más rico se lleve el triple de ayudas que el 20% más pobre, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El nuestro tiene el dudoso honor de ser el cuarto país, entre los más ricos del mundo, con un sistema más regresivo.

Sin embargo, resulta importante matizar que, en el caso de los bonos energéticos, esto solo ocurre para las familias numerosas, es decir, las que cuentan con tres o más hijos dependientes económicamente. El hecho de que para el resto de unidades de convivencia sí se apliquen criterios de renta provoca que, en conjunto, la subvención presente un claro carácter progresivo. Según los investigadores, para los dos deciles más pobres, el grado de cobertura de la medida se sitúa en el 17-18%, y va descendiendo constantemente hasta situarse por debajo del 5% para los hogares que se encuentran en la mitad alta de los ingresos.

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El de las familias numerosas es, por tanto, un cabo suelto que los diferentes gobiernos han permitido a lo largo de los años, desde que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero crease el bono social durante su segunda legislatura. De hecho, la incidencia de estos casos atípicos, legales, pero de dudosa ética, explica algunas distorsiones en el balance del subsidio. Martínez, Collado y Galindo comprueban, por ejemplo, que el 2% de los hogares con mayores ingresos alcanza una cobertura del 4%, superior a la media de los dos últimos deciles. En otras palabras: los superricos están más protegidos que los moderadamente ricos.

Los investigadores atribuyen esta realidad a la elevada presencia de familias numerosas entre la élite que se aprovecha de las lagunas del sistema. El caso de Ossorio, el diputado más pudiente de la Asamblea de Madrid, resulta paradigmático. Pero hay muchos más, entre ellos, algunos destacados miembros de la lista Forbes, como reveló este periódico. No hay que olvidar que los mayores porcentajes de hogares con tres o más hijos se concentran en el quintil más pobre (7,7% del total) y el quintil más rico (5%). La paradoja de que los primeros estén menos cubiertos que los segundos indica que algo no funciona.

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Según el último Boletín de indicadores eléctricos, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en septiembre del año pasado se registraban 1,29 millones de perceptores del bono social, de los que 345.000 eran familias numerosas. Es decir, uno de cada cuatro beneficiarios de la ayuda se encontraba exento de demostrar que realmente la necesita. "Tal y como están definidos los requisitos de acceso, especialmente en el caso del bono social eléctrico, podrían estar beneficiando a familias que no se encuentran en una situación de vulnerabilidad", concluyen los investigadores de EsadeEcPol.

Una solución dudosa

Pero algo está a punto de cambiar. El escándalo de los últimos días ha avivado el debate sobre la equidad de estas subvenciones, y el Gobierno ha sugerido que establecerá un límite de renta de 26.000 euros para las familias numerosas que quieran seguir recibiéndolas. Los investigadores aplauden este movimiento, pero advierten de que podría provocar consecuencias indeseadas por tratarse de un umbral demasiado modesto, debido a la cantidad de bocas que hay que alimentar en este tipo de unidades de convivencia: "La presencia de más dependientes hace rendir menos cada euro disponible y, por tanto, modifica el umbral de gasto total que debe ser considerado como insuficiente para cubrir necesidades básicas. Si el límite es demasiado bajo, dejará fuera a familias que, por su nivel de renta, son vulnerables".

Lo cierto es que lo es. Aunque el diseño que baraja el Ministerio de Transición Ecológica permitiría mantener la subvención a las familias numerosas más pobres, con muy pocas excepciones, también provocaría que ocho de cada 10 con ingresos medio-bajos perdieran la ayuda, siempre según los cálculos de EsadeEcPol. Como es lógico, las clases medias y altas, que no tienen problemas para pagar la luz o calentarse, dejarían de percibir el subsidio.

El Ejecutivo ha surfeado bien el debate con un parche, pero no está dispuesto a atacar la raíz del problema, que los investigadores sitúan en "la dificultad de los procesos de solicitud de estas ayudas y la falta de información". "Los bonos energéticos son insuficientes en su cobertura, algo especialmente grave para las familias estructuralmente vulnerables, y en su diseño actual se prestan a problemas de desajuste entre quien los necesita y quien los recibe", denuncia el informe. Y esto seguirá siendo así con el cambio cosmético que prevé la ministra Teresa Ribera. A partir de ahora, los ossorios dejarán de aprovecharse del sistema, pero eso no quiere decir que en la Cañada Real vayan a recibir la ayuda todos los que la necesitan.

Para conseguir que los potenciales beneficiarios puedan acceder a los subsidios, el documento dibuja varios caminos. El más sencillo es que el Gobierno los conceda de manera automática. Para ello, sería necesario tener los datos fiscales, pero una gran parte de los posibles perceptores no presenta la declaración de la renta. Otra opción es ligar las medidas al ingreso mínimo vital. Y, en cualquier caso, urge "simplificar el proceso y reducir la cantidad de documentos necesarios", como estableció el propio Ejecutivo en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Un último dato: el bono social sigue estancado por debajo de 1,3 millones de hogares desde el inicio de la legislatura. Hace un año, el Ejecutivo prometió llegar a 1,9 millones.