El bono social para pagar la luz llegará a las clases medias bajas golpeadas por la inflación

El bono social para pagar la luz llegará, por primera vez, a los hogares de clases medias bajas sin necesidad de que sean familias numerosas o jubilados. La reforma de este mecanismo garantizará la ayuda a 1,9 millones de unidades de convivientes, la inmensa mayoría de las personas en situación de pobreza energética. Y lo hará gracias a una relajación de los criterios de renta. La situación actual, con la tarifa regulada de la luz batiendo récords, ha llevado al Gobierno a ampliar el propio concepto inicial del subsidio para proteger a aquellos que se están viendo especialmente afectados por la espiral inflacionista.

A partir de ahora, se elevará el máximo de ingresos para optar a la subvención, que conceden y financian las empresas eléctricas, y también da derecho a recibir el bono social térmico para sufragar los gastos de la calefacción y el agua caliente, en este caso a través de una ayuda vehiculada por las autonomías.

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La clave de esta 'democratización', que, según el Gobierno, aumentará en 600.000 el número de hogares perceptores (un 45% más que en la actualidad) está en el cambio de concepto sobre el destinatario. Hasta ahora, se trataba de la 'unidad familiar', que tras la reforma ha sido sustituida por la 'unidad de convivencia', en línea con las modificaciones realizadas en otros ámbitos del ordenamiento jurídico. Esto no solo incluirá entre los receptores potenciales a aquellos grupos que antes no eran considerados una familia, sino que altera sustancialmente los criterios de renta que se aplicarán en algunos casos.

Los cambios no afectan a todos. Los pensionistas y las familias numerosas seguirán teniendo derecho a una bonificación del 60% de los costes de la factura regulada independientemente de su nivel de rentas, ya que siempre son considerados consumidores vulnerables. Pero para acceder a esta condición, el resto de grupos no puede sobrepasar un tope, que se establece a partir del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), actualmente situado en 8.106,28 euros para 14 pagas. Como norma general, continúa el límite de 1,5 veces esa cifra y, a partir de ahí, el multiplicador puede ir aumentando si concurren determinadas circunstancias.

Hasta el real decreto del 29 de diciembre, la única que se tenía en cuenta era el número de menores. Por cada uno, el multiplicador del Iprem se incrementaba en 0,5 puntos, de tal forma que las unidades familiares con un miembro de hasta 17 años a su cargo tenían un máximo de renta equivalente al Iprem multiplicado por 2 (16.212,56 euros), y aquellas con dos menores uno del Iprem multiplicado por 2,5 (20.265,70 euros).

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Este supuesto se mantiene en el nuevo bono, pero se añade otro. A partir de ahora, los adultos también cuentan. El Gobierno ya no considera indistintamente, por ejemplo, a las unidades de convivientes formadas por un progenitor y dos hijos menores y a aquellas compuestas por un progenitor, dos vástagos menores, otro mayor de edad y una tercera persona adulta que conviva con ellos. Como es lógico, no consumen lo mismo, así que cada adulto extra —más allá del mínimo de uno que debe formar el hogar— aumenta en 0,3 puntos el multiplicador del Iprem para establecer el límite de renta.

En la práctica, las familias estándar, con dos progenitores, serán las grandes beneficiadas. Ahora, además de sumar 0,5 puntos por cada menor a su cargo, aumentarán en 0,3 el multiplicador independientemente del número de hijos, ya que se contará a uno de los dos miembros de la pareja. Y si sus vástagos son mayores de edad y conviven con ellos, lo mismo.

Así, una pareja con dos hijos que no lleguen a los 17 años contará con un límite de renta de 22.697 euros, frente a los 20.265 de antes, mientras que la que tenga uno verá aumentado su máximo de ingresos desde los 16.212 hasta los 18.644 euros. En estos casos, el tope se eleva en 2.432 euros al año simplemente por el cambio de metodología, a los que habría que añadir una cantidad similar por cada miembro extra de la unidad de convivencia que sea mayor de edad. Antes, un hijo universitario no aumentaba el techo; ahora, sí. Y lo mismo aplica en las parejas sin vástagos, que pasan de un límite de 12.159 euros a otro de 14.591.

La reforma permitirá que el 95% de las familias que sufre pobreza energética puedan recibir la ayuda anunciada

Pueden parecer unos máximos muy bajos en un escenario en el que la factura regulada de la luz —si está en el mercado libre, el consumidor no tiene derecho a acceder al bono social eléctrico— se paga más cara que nunca, con un precio medio de 120 euros el marzo, el doble que el año anterior. Pero, de facto, permitirá que el 95% de las familias que sufre pobreza energética pueda recibir la ayuda, según los cálculos realizados por El Confidencial a partir de los datos del Ministerio de Transición Ecológica y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Antes del real decreto aprobado el pasado martes, esa cifra no sobrepasaba el 55%.

El bono social empezará a llegar a hogares con dificultades para pagar la luz, pese a contar con ingresos que los acercan a las clases medias. Sirva este ejemplo: Una familia estándar, con dos progenitores y dos hijos, en la que uno de sus miembros trabaje y reciba el sueldo medio, se quedaría a las puertas de recibir el subsidio. Para ellos, su tope de renta sería 22.697 euros, mientras que el sueldo medio en España ascendió a 23.450 euros en 2019, el último año del que hay datos disponibles. Si además tuviesen un vástago mayor de edad en el hogar, ya podrían recibir la bonificación, algo que no ocurriría hasta el pasado miércoles.