El 'lobby' agrario mimado por España y Bruselas que frena las políticas ecológicas de la UE

Las puertas de la Comisión Europea están abiertas para todo el mundo, pero la mayoría de las subvenciones públicas que España reparte entre ganaderos y agricultores para que puedan tener representación en Bruselas y luchar allí por sus propios intereses van dirigidas a las asociaciones agrarias que están afiliadas a COPA-COGECA. Este lobby europeo, con gran poder de decisión en el reparto de los fondos de la Política Agraria Común (PAC), ha utilizado su influencia para zancadillear la implementación de algunas políticas ecológicas en los últimos años.

Una investigación colaborativa paneuropea dirigida por Lighthouse Reports, que incluye a El Confidencial, Danwatch, Libertatea, NRC, OKO.Press y Politico Europe, ha puesto de manifiesto que COPA-COGECA está perdiendo fuerza de representación entre los agricultores europeos, pero mantiene un acceso privilegiado a las instituciones legislativas y políticas de la Unión. Además, los afiliados de países más pequeños y aquellos que representan a campesinos familiares aseguran sentirse ignorados por el lobby agrario, que presiona en favor de los territorios y agricultores más ricos.

Las asociaciones españolas que están afiliadas a COPA-COGECA son las tres únicas organizaciones profesionales agrarias reconocidas por el Ministerio de Agricultura: la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA). Entre ellas, suman unos 430.000 ganaderos y agricultores afiliados, el 40% de las 1.084.447 explotaciones que hay en España. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al año 2020, en nuestro país hay 914.871 explotaciones agrarias y 169.576 ganaderas.

En el caso de un tipo de subvención concreta, la destinada a fomentar la participación en Europa de las asociaciones de agricultores y ganaderos, UPA, COAG y ASAJA reciben un porcentaje mucho mayor a su representación del sector. Si el Gobierno ha destinado 753.190 euros en los presupuestos de 2023 a esta partida, las tres asociaciones han acaparado 564.892 euros, un 75% del total. Este 75% es el máximo legal —que no el mínimo— estipulado para entregar a las organizaciones profesionales agrarias en la normativa nacional que regula la concesión de subvenciones a entidades del sector agrario para el desarrollo de sus actividades de representación ante la Administración General de Estado y la Unión Europea. No son cantidades astronómicas, pero les sirve para pagar los viajes a Bruselas o disponer allí de una oficina con la que asegurarse una presencia permanente.

La mayor parte del pastel se reparte, por tanto, entre COAG, ASAJA y UPA. Para todas ellas, además, es importante estar afiliadas a COPA-COGECA, ya que hasta un 25% de los 564.892 euros destinados exclusivamente a las organizaciones profesionales agrarias, es decir, 141.223 euros, se distribuye únicamente a las entidades que estén asociadas a este lobby agrario europeo. Los otros 423.669 euros se reparten en función del número de representantes que tengan en los Grupos de Diálogo Civil de la Comisión Europea, pero también por la cuota anual obligatoria que estas deben pagar a COPA. Cuanto mayor sea la cuota que las asociaciones abonan, más puntos obtienen para recibir las ayudas. COAG, ASAJA y UPA no han querido entrar a valorar la normativa.

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Esta orden del Ministerio de Agricultura, que da preferencia a COPA en detrimento de otros lobbies europeos, como Via Campesina, fue firmada en 2018 por Isabel García Tejerina, que lideró este departamento durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Su sucesor, el socialista Luis Planas, introdujo en 2020 algunas modificaciones a la norma, pero ninguna de ellas en lo referido a la afiliación al grupo de presión europeo. El actual equipo del Ministerio de Agricultura, todavía encabezado por el ministro Planas, ha declinado hacer comentarios sobre esta norma.

Miembros de las organizaciones profesionales agrarias españolas, que han pedido mantenerse en el anonimato, aseguran no estar completamente de acuerdo con el modelo agrícola que está luchando COPA en la Unión Europea. "No defienden a los pequeños y medianos agricultores, porque su concepto de agricultura está muy ligado al negocio, la producción y el tamaño", remarca una de ellas, antes de afirmar que también "está favoreciendo la entrada de fondos de inversión que están especulando con la tierra".

Otras asociaciones agrarias españolas se sienten discriminadas con el reparto de las subvenciones. "El resto de entidades no tenemos financiación para cualquier proceso participativo", apunta Aina Calafat, responsable de Incidencia y Proyectos Internacionales de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). Esta hija de una agricultora ecológica británica explica que su asociación queda excluida de las ayudas públicas al no ser considerada por el ministerio como una organización profesional agraria al entender que no tiene suficiente representación. En otros casos, como el del Sindicato Labrego Galego, les niegan las ayudas porque no son de ámbito estatal. "Excluyen a las organizaciones que estamos circunscritas a ámbitos territoriales, como en nuestro caso Galicia", explica su secretaria general, Isabel Vilalba, que también trabaja de campesina.

"No defienden a los pequeños y medianos agricultores, porque su concepto de agricultura está muy ligado al negocio y la producción"

Estas dos asociaciones solicitan otro modelo de PAC que acompañe a la transición agroecológica y que no siga pagando a los productores independientemente del modelo que apliquen. Hace un año y medio, se alcanzó en Bruselas un acuerdo para reformar esta política agraria y enfocarla hacia la agenda verde. Pero la presión del COPA-COGECA hizo que el acuerdo quedase bastante descafeinado y los activistas de Greenpeace pintaron de verde la entrada del Parlamento Europeo para denunciar el greenwashing del proyecto. "Se está estafando a la sociedad", señala Vilalba, que denuncia que hay "cantidades ingentes de dinero público que sigue en manos de las grandes producciones y del modelo más intensivo".

Para poder luchar por estos objetivos, los sindicatos alternativos reclaman financiación, porque sus recursos son más limitados que los de las grandes asociaciones. Así lo reconoce también Arūnas Svitojus, un miembro de COPA que forma parte de Lithuanian Union LR ZUR: "Las granjas y los agricultores más pequeños no pueden representarse a sí mismos frente a los grandes sindicatos que reciben miles de dólares en cuotas de afiliación. Los agricultores más grandes tienen secretarias, expertos, asesores, muchas cosas, y es fácil hacer un sistema de cabildeo para estos intereses".

Algunas fuentes comunitarias acusan a COPA-COGECA de haber utilizado la invasión de Ucrania como excusa para desmantelar el Pacto Verde Europeo y la estrategia De la Granja a la Mesa. "Lamentablemente, la guerra ha ofrecido una excusa casi perfecta para empezar a echar arena a los engranajes de la máquina", apunta un funcionario de la UE que prefiere mantenerse en el anonimato. El Pacto Verde Europeo fue aprobado en 2020 y recoge un conjunto de iniciativas que se dirigen a hacer que la UE sea climáticamente neutra en 2050. Por su parte, la estrategia De la Granja a la Mesa pretendía que el 25% de las tierras agrícolas fuesen ecológicas en 2030.

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Estos objetivos se han difuminado. El Parlamento Europeo aprobó en mayo del año pasado un informe sobre el plan de acción ecológica en el que ya no se hacía referencia a la meta del 25%. Además, las presiones de COPA lograron retrasar nuevas normas ambientales sobre rotación de cultivos y requisitos de tierras en barbecho para obtener las subvenciones de la PAC. De la misma manera, se han desinflado las ambiciones de reducir a la mitad el uso de pesticidas para 2030. Para adoptar todas estas decisiones, que suponen relajar las medidas medioambientales, los ministros de Agricultura de la Unión han recalcado que la guerra de Ucrania provocó la necesidad de aumentar la producción para evitar una crisis alimentaria mundial.

Así lo esgrime también la eurodiputada del PSOE, Clara Aguilera: "Entienden que el calendario legislativo del Pacto Verde Europeo debería reevaluarse para que no se ponga en riesgo la seguridad alimentaria europea". Esta parlamentaria, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, considera que COPA "es una buena organización que sigue todos y cada uno de los temas de interés para los agricultores, ganaderos y cooperativas". Reconoce que no es el único lobby agrario presente en Bruselas, pero sí el que "tiene mayor representación y presencia en estos debates".

Respecto a la representatividad que apunta Aguilera, COPA-COGECA sostiene en su página web que defienden los intereses de "más de 22 millones de agricultores europeos y sus familiares". Se atribuye así la representatividad del 100% del sector, ya que la Unión Europea calcula que en total hay unas 22 millones de personas que trabajan en el campo, pero la realidad es que no todos están afiliados a este organismo.

Se atribuye así la representatividad del 100% del sector, ya que la UE calcula que en total hay unos 22 M de personas que trabajan en el campo

"Técnicamente hablando, son menos de 22 millones si observa la membresía real, pero luego tenemos, con mucha diferencia, los propietarios de granjas más grandes. Nuestros colegas se ven eclipsados ​​por nuestro tamaño", explica al respecto el secretario general de COPA-COGECA, Pekka Pesonen, en una entrevista con Politico Europe.

En España, ya hemos visto que los afiliados a las tres organizaciones asociadas a COPA representan al 40% de las explotaciones del sector. Aunque, sin duda, uno de los casos más llamativos es el de Rumanía, donde los cuatro sindicatos que son miembros del lobby europeo acogen solo al 0,1% de los agricultores del país y poseen al menos el 23,45% de las tierras. En cualquier caso, entre 2020 y 2022, la Alianza para la Agricultura y la Cooperación (AAC), la asociación que engloba a esos cuatro sindicatos, recibió más de un millón de euros del Ministerio de Agricultura rumano para pagar su cuota de afiliación.

En la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural también participa la eurodiputada por Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, que tiene una postura más crítica. No discute la representatividad del lobby, pero lamenta que se resista a los cambios en la política agraria: "En las sucesivas reformas de la PAC, siempre se han resistido, y lo curioso es que, cuando cinco años después llega la siguiente propuesta de reforma, defienden la regulación anterior que tanto criticaron en su momento". Por eso, entiende que "no estaría de más que, de vez en cuando, pudiésemos llamar por ejemplo a un representante de la Vía Campesina, que también aglutina a importantes organizaciones y tiene una visión que puede ser muy enriquecedora". En concreto, este otro lobby presiona en favor de políticas más ecologistas.

[Ilustración de Lighthouse Reports para este reportaje. (Glenn Harvey)]

También se ha intentado, sin éxito, recabar la postura del Partido Popular. Esta formación fue la que en 2018, con Isabel García Tejerina como ministra de Agricultura, promulgó la primera versión de la actual normativa sobre las subvenciones para la participación en Europa de las organizaciones agrarias.

Desde COPA-COGECA niegan rotundamente que la comunidad agrícola vaya en contra de las políticas ecológicas. "Lo que criticamos en la estrategia De la Granja a la Mesa de la Comisión Europea es más una cuestión de enfoque y método: un enfoque basado en objetivos, una propuesta política que ignora las realidades existentes sobre el terreno, propuestas sin opciones técnicas claras y una desconexión total con el comercio", alegan desde el lobby. Su temor es que este tipo de políticas provoquen "una reubicación de nuestra agricultura en países con estándares ambientales más bajos, que podrán exportar a la UE debido al contexto geopolítico actual y la necesidad de que la UE tenga nuevos socios comerciales".

En el caso concreto de España, se sigue apostando por los regímenes ecológicos, destinando a estas tierras el 23% de los pagos directos que se realizan con los fondos de la PAC. Como requisito, se exige implementar prácticas beneficiosas con el medio ambiente, como aquellas contra la erosión, el almacenamiento de carbono o el pastoreo extensivo; aunque se permiten excepciones como la rotación de cultivos o el barbecho para propiciar una mayor producción. No obstante, pese a que España es uno de los principales productores ecológicos por superficie de la Unión Europea, la superficie agraria dedicada a la producción ecológica representa el 10,79% del total, según la última actualización de Eurostat realizada con datos de 2021.

Desapego a COPA

Desde el lobby europeo reconocen que "ser representativo rara vez es perfecto" y sostienen que, más bien, "es una tarea diaria". No obstante, consideran que su representatividad "es mucho más creíble que la de la mayoría de las ONG, que en algunos casos no tienen procedimientos internos bien desarrollados". Apoyan esta argumentación en que ellos tienen estatutos detallados y una sólida organización interna "que ha representado justa y democráticamente a los agricultores y cooperativas europeas durante más de 60 años". "Celebramos elecciones cada dos años en COPA y cada tres años en COGECA para las elegir las presidencias y garantizar que nuestras juntas sean representativas de la evolución de nuestra afiliación", añaden.

No obstante, el organismo está exento de publicar sus informes financieros en Bélgica, territorio en el que están constituidos. Tampoco presentan datos desagregados de sus afiliados, lo que provoca incongruencias en algunos territorios. Por ejemplo, L&F, miembro danés del lobby, sostiene que cuenta con casi cuatro veces más de agricultores de lo que reflejan las estadísticas nacionales. Este sindicato se ha negado a ofrecer una explicación sobre esta discrepancia. Por su parte, en Polonia, un informe público de 2021 mostraba que las asociaciones afiliadas a COPA no sabían cuántos miembros tenían "por falta de registros". El sindicato polaco KRIR, que también forma parte de COPA, afirmó tener dos millones de miembros en 2016, mientras que las estadísticas nacionales de 2022 señalan que serían alrededor de 1,3 millones.

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Un investigador, que formó parte del equipo de la Unión Europea encargado de recopilar cada seis años los datos de membresía de los sindicatos de agricultores, sostiene que las cifras que recopilan y comparten las organizaciones agrícolas no se pueden cotejar. "En última instancia, se basa en la confianza", afirma esta fuente que también prefiere participar en este reportaje desde el anonimato.

Aun con esta opacidad en las cifras, los principales sindicatos afiliados a COPA en Francia, Irlanda y Países Bajos —tres de las mayores economías agrícolas en Europa— han publicado datos de afiliación que vienen disminuyendo desde 2015. Incluso un presidente regional de la asociación italiana Coldiretti, que también se engloba dentro del lobby, confirma que los agricultores que representan se reducen alrededor de un 1% cada año.

Dejando a un lado las fronteras, entre las principales voces discordantes se encuentran las de los jóvenes agricultores y ganaderos, que tienen una mentalidad más ecológica. "La mayoría de los jóvenes agricultores que conozco y con los que trabajo están desconectados y en completo desacuerdo con la visión del COPA-COGECA, que tiene mucho poder en la UE, pero defiende una agricultura industrial", señala Jean Mathieu Thevenot, un agricultor del País Vasco francés que supera la treintena y que es miembro de Vía Campesina. "El tipo de agricultura que promueven es peligroso para la soberanía alimentaria", añade.

La edad media de los trabajadores del campo en Europa es de 57 años, lo que evidencia que el relevo general es cada vez más complicado

La edad media de los trabajadores del campo en Europa es de 57 años, lo que evidencia que el relevo general es cada vez más complicado. Mismamente, el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pidió que los jóvenes se incorporen a la agricultura y a la ganadería para garantizar la pervivencia del sector, ya que, según sus cálculos, un tercio de la ocupación del mismo se va a jubilar en los próximos años. "Si no hay mujeres y hombres jóvenes dispuestos a incorporarse a este sector, no lograremos los retos del futuro: alimentar a toda la población, lograr una dieta sana y construir un modelo sostenible de alimentación a nivel mundial", declaraba en marzo durante el acto inaugural de la primera cumbre internacional agroalimentaria celebrada en Barcelona.

Sobre este punto, COPA-COGECA admite que el relevo generacional está entre sus preocupaciones: "Llevamos años destacando este desafío demográfico". Pero, desde su punto de vista, entienden que las nuevas políticas verdes, tal y como están estipuladas, crean inseguridad en los jóvenes y les aleja del campo. "Cuando uno pregunta a los jóvenes agricultores sobre sus necesidades con respecto a la UE, la mayoría de ellos dirá que hoy necesitan certeza en lo que respecta al apoyo y la previsibilidad de las futuras políticas y restricciones regulatorias", manifiestan.

*En la elaboración de este reportaje también han colaborado Matei Bărbulescu, Lionel Faull, Ludo Hekman, Thin Lei-Win, Jonathan Moens, Szymon Opryszek, Andrei Petre, Beatriz Ramalho Da Silva, Susannah Savage, Tomas Statius y Jonathan Tybjerg.