El déficit latente de España: los riesgos de sentencias judiciales superan los 13.000 M

Los tribunales españoles han pintado la cara al Estado en numerosas ocasiones en los últimos años por sus decisiones fiscales. Su forma de legislar (por ejemplo, abusando del real decreto-ley), sus decisiones arbitrarias incumpliendo contratos o el atropello de algunos derechos de los agentes privados han generado numerosas sentencias contra las distintas Administraciones Públicas. Entre los ejemplos están los fallos contra el céntimo sanitario, la amnistía fiscal, la reforma del impuesto sobre sociedades o los laudos por la retribución de las renovables.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha hecho un repaso de los juicios que están pendientes de sentencia firme o de aplicación y que podrían suponer más desembolso para las arcas públicas. Un déficit latente que podría superar los 13.000 millones de euros por la mala praxis de los diferentes gobiernos. "Son las causas judiciales abiertas que, en el caso de resolverse de manera desfavorable a los intereses del Estado, podrían tener un impacto significativo en el déficit", advierte la AIReF.

La mayor parte de los litigios abiertos "se refieren a determinados aspectos de la regulación de las figuras impositivas", detalla la AIReF, pero hay otros que están relacionados con "contratos de concesión, primas a las energías renovables o la regulación del bono social eléctrico". El Ministerio de Hacienda cuantifica, en la cuenta general, riesgos por valor de 13.500 millones de euros, pero existen otros juicios que el ministerio no ha contabilizado y que la AIReF ha recopilado.

Uno de los más relevantes es la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2023 contra la reforma del impuesto sobre sociedades que aprobó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el año 2016 ante la caída de recaudación del tributo (RDL 3/2016). Aunque la abogacía del estado está tratando de minimizar el impacto para las arcas públicas, las empresas del Ibex 35 incluyeron en sus cuentas anuales de ese año 2023 un cálculo de un impacto a su favor de 1.000 millones de euros.

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Otro de los más importantes es la devolución del IRPF a pensionistas que cotizaron a mutualidades, sentenciada por el Tribunal Supremo en febrero de 2023. También se trata de una sentencia firme cuya devolución comenzó a realizar Hacienda el año pasado, pero no ha sido hasta este año cuando ha establecido un mecanismo para la reclamación a los afectados. La AIReF no hace cálculos sobre la cuantía de estas devoluciones, tampoco el Ministerio de Hacienda, ya que "dependerá del número de solicitudes que finalmente se materialicen". Como es habitual, la Agencia Tributaria no hace estas devoluciones de oficio, sino que tienen que ser los afectados quienes reclamen.

La mala regulación

El Tribunal Supremo también falló contra el Estado en el impuesto de actividades económicas para los operadores de telefonía móvil. Hacienda comenzó las devoluciones en 2023 pero la AIReF prevé que continúen en 2024. El Estado tampoco ha hecho un cálculo de cuál podría ser su cuantía. La AIReF lamenta que el Ministerio de Hacienda no haya señalado la existencia de estos riesgos legales en su cuenta general. Si no se contabilizan ni se provisionan estos riesgos, lo que ocurre es que, de forma repentina, las administraciones públicas tienen que hacer frente a unos gastos imprevistos que pueden descuadrar la senda de estabilidad.

Uno de los juicios más importantes que tiene España por delante, en términos de cuantías, es el del impuesto especial de hidrocarburos. Los tribunales españoles han planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) respecto al tramo autonómico del impuesto, que tiene diferentes tipos en las distintas CCAA para un mismo producto, lo que genera dudas legales. El montante en juego asciende hasta los 6.500 millones de euros.

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España también tiene abiertos arbitrajes internacionales derivados de las primas a las energías renovables. Actualmente están recurridos, por parte del Gobierno, laudos desfavorables para las arcas públicas por valor de 1.164 millones de euros.

Las concesiones de autopistas también han generado una importante batalla judicial para la administración central, ya que los pliegos de condiciones de los contratos han sido muy mejorables. Los procesos abiertos superan los 500 millones de euros.

Además, la AIReF señala que existen "otros riesgos sobre los que de manera reiterada no se conoce su cuantía y no se ofrece información", alerta. Uno de ellos es el riesgo de morosidad derivado de los avales concedidos a empresas durante la pandemia y la crisis inflacionista. Se han entregado más de 100.000 millones de euros en avales del ICO que está por ver en qué porcentaje se recuperan.

La AIReF señala que existen "otros riesgos sobre los que de manera reiterada no se conoce su cuantía y no se ofrece información"

Pero hay otras partidas que dependen directamente de la voluntad política. Por ejemplo, la inversión en Defensa en el marco del compromiso con la OTAN para aumentar esta partida. El Gobierno no ha cuantificado cuál es el plan de incremento de este gasto público, ni los plazos ni cómo se financiará (si con subidas de impuestos, recortes de otros gastos o déficit). Estos pasivos contingentes podrían desencadenarse en un momento delicado por la vuelta de las reglas fiscales, que obligarán a España a contener el gasto público o a subir los ingresos.

A futuro, el Gobierno tiene otros frentes abiertos, como los dos gravámenes extraordinarios sobre los ingresos de los bancos y las energéticas. Estas figuras, diseñadas con el modelo de prestación patrimonial no tributaria, podrían caer en doble imposición o incumplir el principio de capacidad económica exigible a todos los impuestos. En 2023 el Estado recaudó más de 2.000 millones de euros con estas dos figuras, pero ahora tendrán que pronunciarse los tribunales sobre su viabilidad.