El Gobierno maniobra para paliar la devolución de Hacienda de 1.000 M al Ibex

El Ibex ya ha cifrado el impacto positivo para sus cuentas de la decisión del Tribunal Constitucional. El golpe es menor a lo temido inicialmente, cuando se llegó a hablar de decenas de miles de millones. Aun así, el Gobierno quiere evitarlo. Desde Hacienda no hay comentarios.

Hasta 10 grandes empresas cotizadas han reportado impactos significativos para sus cuentas de la anulación, por inconstitucionalidad, de algunas normas aprobadas para el impuesto de sociedades en 2016, bajo el Gobierno de Rajoy, que limitaban el uso de las bases imponibles negativos. Esto es, activos generados por pérdidas para limitar la tributación cuando haya beneficios.

Algunas de las mayores compañías del Ibex han reportado que, entre devoluciones y un uso mayor de bases imponibles a futuro, hay un impacto cercano a los 1.000 millones de euros. Una cifra muy inferior a las decenas de miles de millones, con lo que se especuló inicialmente.

De hecho, hasta la ministra María Jesús Montero, aprovechó para arremeter contra su predecesor, Cristóbal Montoro, tras la decisión del Constitucional: "La enésima sentencia del Tribunal Constitucional que anula una medida fiscal aprobada por el anterior Gobierno del PP. Una mala gestión que terminaremos pagando todos los contribuyentes".

Aunque el propio Ejecutivo trata de que no sea así. El PSOE presentó la semana pasada una enmienda al Proyecto de Ley anticrisis para limitar el uso de bases imponibles negativas para compensar el pago de impuestos por beneficios. Al tener tramitación parlamentaria, se evita el riesgo de que sea inconstitucional por esta vía.

La reforma de Montoro en 2016 redujo del 70% al 25% el límite para usar bases imponibles negativas, algo relevante para la tributación de muchas empresas tras la acumulación de pérdidas en los años de la crisis financiera y de deuda, entre 2008 y 2012. El Constitucional tumbó estas normas, volviendo al límite del 70%.

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Ahora, el PSOE propone en la enmienda el 50% para las empresas con una cifra de negocios superior a los 20 millones y el 25% si facturan más de 60 millones. En el caso de las deducciones por doble imposición internacional, se recorta desde el 100% al 50% la reducción posible para empresas que facturen más de 20 millones.

El PSOE lo justifica para paliar la pérdida recaudatoria derivada de la expulsión del ordenamiento jurídico de las normas declaradas anticonstitucionales. En cierta medida, busca revertir la sentencia del Constitucional por otro cauce.

Porque aunque la norma no tendría carácter retroactivo, y las impugnaciones de las grandes empresas seguirían su curso, con devoluciones masivas desde Hacienda, sí que la enmienda contempla la reversión de deterioros de valor de participaciones que resultaron fiscalmente deducibles en periodos previos a 2013. Es decir, "en el supuesto de que la medida fuera finalmente aprobada, la misma conduciría al aumento de la cuota a ingresar de todas aquellas entidades que hubieran sufrido pérdidas en ejercicios anteriores o que se enfrenten a proyectos de inversión a largo plazo", explican desde PwC.

La maniobra socialista busca mantener la capacidad recaudatoria del impuesto de sociedades, al evitar una reducción significativa de la tributación en las grandes empresas, y compensar en cierto modo la devolución que se da por hecha de miles de millones por el revés del Constitucional.

En su momento, la ley diseñada por el equipo de Cristóbal Montoro estimó un efecto en la recaudación de 5.000 millones de euros anuales, por lo que tras el fallo del Constitucional se estimaba un impacto acumulado en varios años de decenas de miles de millones. Pero viendo la documentación del Ibex, el golpe a Hacienda no va a ser para tanto.

Entre las grandes compañías cotizadas que ya han publicado resultados y, tras ello, los informes de las cuentas auditadas, el impacto positivo es de 1.000 millones, tanto por devoluciones estimadas como por creación de activos por pérdidas incurridas y por el uso a futuro de bases imponibles negativas, que se podría ver censurado por la enmienda socialista.

En su momento, la ley diseñada por el equipo de Cristóbal Montoro estimó un efecto en la recaudación de 5.000 millones anuales

La empresa que informa de un mayor impacto es Telefónica. La operadora calcula una cifra de 541 millones en recuperación de activos fiscales, aunque en torno a la mitad es achacable a la sentencia, en una horquilla entre 250 millones y 275 millones, señalan en la compañía.

"Se ha estimado la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos del grupo fiscal en España", considerando los resultados de las sociedades del grupo y la sentencia del Constitucional, señala Telefónica. "Tras este análisis, se han registrado activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas y deducciones, con contrapartida en impuestos sobre beneficios", añade.

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La segunda cotizada que informa de un mayor impacto es IAG, con 249 millones, efecto que se divide en tres conceptos. Por un lado, considera que debería recibir por devolución de Hacienda 83 millones por impuestos de sociedades pagados de más entre 2016 y 2022, cantidad que podría elevarse por intereses de demora.

Por otro, el holding propietario de Iberia prevé un impacto para el ejercicio 2023 de 108 millones. Adicionalmente, IAG espera un ahorro a futuro en la tributación de sociedades de 58 millones por poder usar "una mayor proporción de sus pérdidas fiscales históricas".

IAG espera un ahorro a futuro en la tributación de sociedades de 58 M por poder usar "una mayor proporción de sus pérdidas fiscales"

En tercer lugar, está BBVA, con un impacto de 221 millones. Tanto en patrimonio como en posibles devoluciones. "Los efectos de esta sentencia se derivarán de la ejecución de cada una de las reclamaciones interpuestas en relación a los ejercicios afectados, por lo que el cálculo de su impacto, tanto en lo que se refiere a la cuantificación de las magnitudes afectadas, como en lo relativo al calendario de los mismos, estará condicionado por dicho proceso de ejecución", señala BBVA.

"Se prevé que los impactos de los distintos procesos de ejecución puedan tener un impacto agregado positivo en el patrimonio neto del grupo, permitiendo una aceleración en el aprovechamiento de créditos fiscales y una posible recuperación de caja por los impuestos pagados en ejercicios anteriores, todo ello sujeto a las decisiones que, respecto de cada ejercicio y como parte del proceso de ejecución, adopte el grupo al respecto y sin que, en ningún caso, dicho impacto pudiera exceder de aproximadamente un 0,4% del patrimonio neto del grupo", añade el banco. Dicho 0,4% equivale a una cuantía de 221 millones.

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El resto de los bancos informa de que no han estimado un impacto significativo para sus cuentas de la sentencia del Constitucional, a pesar de las pérdidas que acumularon durante la Gran Crisis Financiera y los activos fiscales que tienen en balance.

Otras siete grandes empresas del Ibex informan también de impactos significativos a raíz de la sentencia del Constitucional. En Amadeus, el impacto es de 106,8 millones. Por una parte, ha habido una "reclasificación de 36,4 millones de euros de activos y pasivos por impuestos diferidos al impuesto sobre sociedades a cobrar en el estado de posición financiera por el impacto en la declaración de 2022". Es decir, Amadeus espera recibir esta cuantía. Adicionalmente, la compañía ha tenido en cuenta los efectos de la sentencia al aplicarse 71,2 millones de euros en bases imponibles negativas en el impuesto sobre sociedades para 2023.

La compañía ha tenido en cuenta los efectos de la sentencia al aplicarse 71,2 millones de euros en bases imponibles negativas

Otra compañía que indica en sus cuentas un impacto significativo es Indra, que habla de 46 millones por tres conceptos. Por una parte, por la rectificación de las declaraciones entre 2016 y 2022 que tiene solicitadas. Para los ejercicios entre 2016 y 2021, calcula un derecho de cobro de 23 millones y una reclasificación de activos y pasivos de 2,3 millones, a lo que se sumarían 14,648 millones por el ejercicio 2022. Asimismo, para el ejercicio 2023 estima otros seis millones.

El resto de las cotizadas que informan de un impacto positivo para sus cuentas son Mapfre (19 millones), Merlin (14 millones), Acerinox (11,5 millones) y Endesa (11 millones). Fuera del Ibex también hay empresas cotizadas como NH o Realia que informan de impactos superiores a los 10 millones. También hay empresas como Acciona o Repsol que mencionan la sentencia del Constitucional en sus cuentas e indican que afectan al grupo fiscal, pero sin especificar el impacto. Otras, como Iberdrola, Redeia o Rovi, no lo mencionan.