Las empresas españolas no crecen, pero los motivos no son los que piensas

España es un país de pymes y autónomos. Y a mucha honra, responde el discurso político de los últimos años, que se centra en elogiar y defender a los pequeños negocios con una visión paternalista. La España que levanta la persiana cada día. Para ellos se estudian bajadas de impuestos, ayudas específicas, beneficios fiscales, etc. Sin embargo, el objetivo más eficiente para la política sería identificar las verdaderas dificultades al crecimiento que, como señala la nueva literatura económica, no están en el endurecimiento de la regulación a medida que la compañía va creciendo. El objetivo sería conseguir más empresas grandes, pues son más productivas, pagan mejores salarios, son más resistentes en las crisis económicas y tienen mayor propensión a la inversión en innovación y desarrollo.

Pese a todo lo anterior, las corporaciones de 250 o más trabajadores solo suponen el 0,2% del tejido empresarial español, una cifra muy inferior a las de los países más avanzados del centro y el norte de Europa (ver el gráfico al final de este artículo). Las pymes son predominantes en España, aunque representan menos de la mitad de los activos y la facturación total. De hecho, la mayoría no son empresas pequeñas o medianas, sino microempresas de menos de 10 trabajadores o directamente sin asalariados. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), existen más de tres millones de compañías de estas características.

Tradicionalmente se ha señalado que la regulación era la causa principal de los problemas de crecimiento de las empresas. Existen algunos umbrales, como los 50 trabajadores o los 6 millones de euros de facturación, que han sido acusados de obstaculizar el crecimiento. Cuando una empresa llega a 50 trabajadores sus trabajadores pueden constituir un comité de empresa, y cuando alcanza los 6 millones de facturación se considera gran empresa en términos fiscales, lo que introduce nuevas obligaciones de declaración, de pagos a cuenta o de auditoría.

Sin embargo, la literatura económica más reciente señala que la incidencia de estos cambios regulatorios sobre el crecimiento empresarial es poco relevante. No significa que estos umbrales no puedan ser un obstáculo al crecimiento, pero no es suficiente desincentivo para que una empresa deje de crecer. Algunas empresas incluso han encontrado alternativas para esquivar estos obstáculos.

Retirar los posibles obstáculos regulatorios al crecimiento no generará un gran aumento del tamaño de las empresas

Los investigadores han detectado que el tamaño de las empresas no es tanto una causa de la productividad como una consecuencia. Esto supone invertir la percepción que tenían tradicionalmente. Las empresas no ganan productividad a medida que crecen, sino que es justo al revés: las empresas más productivas son las que crecen. Esto significa que cuando un país consigue tener empresas muy productivas, lo normal es que su tamaño medio sea mayor.

Uno de los primeros estudios elaborados en España y que apuntó en esta dirección fue elaborado por Enrique Moral-Benito, actualmente director del Departamento de Análisis Económico del Banco de España. La conclusión del estudio es precisamente que "incrementos de productividad son seguidos por aumentos significativos en el tamaño empresarial medido por el número de empleados". Pero no ocurre al revés: "No se observan ganancias de productividad tras episodios de aumentos en el tamaño empresarial".

La conclusión evidente es que retirar los posibles obstáculos regulatorios al crecimiento no generarán un gran aumento del tamaño de las empresas. La única forma de conseguirlo es mejorar su productividad. Una vez más, España se topa con uno de sus grandes problemas que está en la base de las dificultades que tiene el país para converger con los líderes europeos.

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Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, recuerda que la mitad de la brecha de PIB entre nuestro país y Alemania se debe a la productividad. Pero si se mira este dato por el tamaño de empresa, las grandes tienen desempeños similares en ambas naciones. "El problema en España es que las pymes son menos productivas que las alemanas o las francesas". Este hecho, por tanto, no solo supone un lastre para el crecimiento de las empresas, sino para el de la economía española.

Bajo el radar

En ocasiones la estadística les ha jugado una mala pasada a los investigadores al apuntar en la dirección opuesta. Por ejemplo, en Francia se ha estudiado la concentración de empresas por debajo del umbral de 50 trabajadores, que es el que da el salto de pequeña a mediana empresa, lo que conlleva mayores obligaciones fiscales. La estadística de declarantes a la hacienda gala muestra una gran concentración de empresas con entre 45 y 49 trabajadores, lo que corroboraría la existencia de un umbral regulatorio que frena el crecimiento.

Sin embargo, estudios más recientes que comparan estos resultados con otras estadísticas ponen en cuestión que esto sea así: sería más una realidad estadística que un hecho real. Los investigadores Philippe Askenazy, Thomas Breda, Flavien Moreau, Vladimir Pecheu publicaron en 2022 un estudio en el que se explotan los datos de declaraciones a la seguridad social francesa. Los datos muestran que no existe tal concentración extraordinaria de empresas justo por debajo del umbral de 50 trabajadores, sino que la distribución en torno a ese umbral mantiene la tendencia del resto de tamaños empresariales.

Es decir, la diferencia entre ambas estaría en los esfuerzos de las empresas para engañar al organismo que determina cuales son sus obligaciones fiscales. En este caso, el objetivo es pasar por debajo del radar (título de uno de sus estudios) de hacienda, pero no de la seguridad social. Así lo corrobora Miguel Almunia, investigador que lleva una década analizando las causas de la demografía empresarial que tiene España. En su opinión, el efecto de los umbrales es muy visible en algunas estadísticas, pero tiene un impacto menor en términos económicos.

Una de las estratagemas que han detectado los investigadores es desdoblar una empresa en dos organizaciones para quedarse por debajo de los umbrales regulatorios, aunque los capitalistas y los directivos sean los mismos. Este hecho tiene efectos estadísticos pero no reales, ya que las empresas seguirían creciendo por debajo del radar.

Una de las claves que refuerza este argumento es que los umbrales regulatorios que existen en España son similares a los de otros países europeos. En ningún caso España es una anomalía dentro del continente, de hecho, tanto las obligaciones laborales como fiscales son similares en los grandes países de la UE. De modo que no sería una explicación aceptable al menor tamaño de las empresas españolas respecto a Alemania o Francia.

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Las políticas públicas más eficientes para escalar las empresas son las enfocadas en la formación de los directivos y los trabajadores. La cualificación de los empresarios y directivos genera mejoras en los procedimientos dentro de las organizaciones, profesionaliza su gestión e incluso aumenta la predisposición a la inversión en I+D. Sin embargo, España ocupa puestos rezagados en los rankings internacionales, una brecha que está en la base de las dificultades de las empresas para escalar. Además, para implementar las mejoras también se necesitan trabajadores cualificados capaces de aplicar estas mejoras. Una vez más, los problemas de la formación se encuentran en la base de los problemas de crecimiento del país, impregnando todos los aspectos de la economía.

La proliferación regulatoria

Una queja recurrente de las empresas que están en fase de crecimiento es la fragmentación del mercado nacional con normativas específicas de las autonomías y los ayuntamientos. Cuando una organización intenta expandirse por España se encuentra con el obstáculo de la cantidad de regulación que existe en cada territorio. Juan Mora-Sanguinetti ha estudiado durante años el impacto de la productividad legislativa de España sobre la economía. Es decir, el problema no es tanto en las mayores exigencias fiscales y laborales a medida que la empresa crece, sino en la fragmentación regulatoria que hay en España.

Una de las conclusiones del estudio es que la complejidad de la regulación afecta a la demografía empresarial. "Un aumento en el 1% del volumen de regulación se relacionaría con un 0,05% menos de empresas de media", señala en un artículo publicado en la Revista de las Cortes Generales. En paralelo, "una mayor regulación se relacionaría negativamente con el número de sociedades de responsabilidad limitada", que habitualmente tienen un tamaño mayor.

El modelo productivo de nuestro país, con un elevado peso del sector servicios, es una de las causas de la fragmentación empresarial

La proliferación de regulación en España en los tres niveles de la administración (central, autonómico y local) no supone la existencia de umbrales al crecimiento, sino dificultades a la expansión de las empresas por el territorio. La Comisión Europea ha recomendado reiteradamente a España retirar estos obstáculos para avanzar hacia la unidad de mercado, pero las pugnas políticas han frenado los intentos de avance. Estos obstáculos difícilmente desaparecerán en el futuro, pero no son explicación suficiente para la brecha del tamaño empresarial que tiene España con los países líderes de Europa.

Una realidad fragmentada

La fragmentación del tejido nacional se debe a varios factores. Además de la regulación o las carencias en el ámbito formativo, existe otro elemento clave para entender esa atomización, y es el propio modelo productivo del país. El elevado peso del sector servicios, especialmente notorio en relación con nuestros vecinos en ámbitos como la hostelería o el turismo, se presta a pequeños negocios. En cambio, las naciones con un mayor músculo industrial tienden a la concentración empresarial, debido a las fuertes inversiones que se requieren y la necesidad de contar con economías de escala.

Cardoso apunta un último factor: la preponderancia de las empresas familiares, donde el objetivo no es tanto el crecimiento como la transmisión del negocio a las siguientes generaciones, lo que impide que entre capital financiero y humano que ayude a escalar el negocio.

Sea por la razón que fuere, lo cierto es que las cifras hablan por sí solas. Según la base de datos BACH, que recopila series históricas anuales en varios países de Europa, el 98% de las empresas españolas son pequeñas, una cifra similar a la de otros países del sur del continente, con un modelo productivo similar, pero que contrasta con el 61% de Alemania. En los últimos años, sin embargo, el número de grandes ha crecido más rápido que el de las pequeñas y medianas, que todavía sigue muy por debajo de los niveles previos a la Gran Recesión de 2008, según el INE.

Además, las corporaciones de 250 o más trabajadores han protagonizado la vitalidad del mercado laboral durante los últimos años, lo que ha avivado el debate sobre la necesidad de impulsar el tamaño de las empresas. Una de sus defensoras es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que repite habitualmente un dato: desde 2018, el 84% de los puestos de trabajo creados corresponde a grandes empresas. Pese a todo, las pymes y los autónomos constituyen más del 60% del empleo total en el país.

De cara al futuro, desafíos como la inteligencia artificial obligarán a una adaptación que podría impactar en esta realidad. "Las empresas más pequeñas no tienen la misma capacidad de inversión o de atraer talento. Este último factor es especialmente importante en un mundo en continuo cambio tecnológico, donde la IA cada vez va a ir entrando más en los procesos de producción", concluye Rosa Duce, economista jefe de Deutsche Bank en España.