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Las grandes reestructuraciones de deuda ponen en riesgo a las pymes acreedoras
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AMENAZA DE QUITAS EXCESIVAS

Las grandes reestructuraciones de deuda ponen en riesgo a las pymes acreedoras

Algunos procesos han supuesto un recorte importante del derecho de cobro de deuda que tenían pequeñas y medianas empresas proveedoras de grandes compañías

Foto: En riesgo las pymes acreedoras. (iStock)
En riesgo las pymes acreedoras. (iStock)
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El nuevo marco concursal busca facilitar la reestructuración de empresas y, así, su supervivencia. El problema es que puede ser un proceso complejo que exige de asesoramiento jurídico y financiero al que no todas las compañías tienen acceso, especialmente las pymes. Algunos expertos ya han detectado situaciones de vulnerabilidad.

El primer caso llamativo al respecto ha ocurrido en Extremadura, con una mina que ha acabado pasando a la propiedad del gigante estadounidense BlackRock, que era su principal acreedor. Se trata de Iberian Resources Spain SLU, que explota la mina de wolframio La Parrilla, donde hubo una reestructuración antes del verano de 191 millones de deuda. BlackRock sufrió una quita y, a cambio, se quedó con la mina. Las pymes acreedoras sufrieron un 96% de quita sin compensación.

La ley concursal establece que cuando haya pymes entre los acreedores que puedan sufrir una quita superior al 50% en un proceso de reestructuración, estas deben conformar una clase única. Y así ocurrió en Extremadura. Pero esto no es garantía de ninguna protección adicional. Aunque sí que pueden tener la capacidad de imponer un plan de reestructuración al resto de clases, como se ha visto en la papelera J. Vilaseca, que ha reestructurado 29 millones en un plan presentado por las pymes con la banca en contra.

Son dos extremos de hasta dónde se puede llevar la nueva ley. En teoría, la posibilidad de tener una clase propia, aunque el rango del crédito sea el mismo, puede otorgar a las pymes ciertas ventajas si lo aprovechan.

La posibilidad de tener una clase propia, aunque el rango del crédito sea el mismo, puede otorgar a las pymes ciertas ventajas si lo aprovechan

Sobre el papel, las pequeñas empresas tienen armas para evitar que las reestructuraciones sean demasiado lesivas para ellas, explica un abogado que prefiere no salir citado. "El problema es la complejidad y coste de implementarlas. Más pronto que tarde, el mercado reaccionará y la mejor defensa será la preventiva, de forma que habrán de establecerse y pactarse contractualmente garantías que hagan que el proveedor no quede tan desprotegido ante una eventual situación posterior de insolvencia. Pero como suele pasar, los más pequeños [las pymes] lo van a tener muy complicado".

De la misma opinión es PradaGayoso, despacho que ha llevado a Single Home en una de las reestructuraciones más seguidas, impugnada en la Audiencia Provincial de Madrid, y cuyo resultado podría marcar pautas en el futuro. "Las pymes no tienen un escudo especial por serlo. Como el resto de los acreedores, si se dan las condiciones que marca la ley, pueden solicitar la confirmación previa de la formación de clases, pueden impugnar la homologación del plan, pueden impugnar el nombramiento del experto en la reestructuración o solicitar su sustitución, pueden incluso plantear su propio plan de reestructuración", explica Guillermo Prada, socio de PradaGayoso.

Foto: Logo de Celsa en una de sus fábricas. (Reuters/Albert Gea)

El problema, añade Prada, es que "es poco probable que una pyme inicie este tipo de acciones por el coste que supone. La vulnerabilidad de las pymes en un proceso de reestructuración viene dada no por su falta de legitimidad, sino por su debilidad financiera". Así, no es la ley la que determina cierta vulnerabilidad para las pymes, sino la propia configuración de los pasivos de las compañías o las garantías exigidas por grandes acreedores, explican Alejandro Rey y Diego Gutiérrez, socios de RSGM Abogados. "La posibilidad de arrastre de clases puede producir que, dependiendo de la configuración del pasivo, los acreedores comerciales corrientes tengan una menor capacidad de negociación y en consecuencia puedan verse afectados por quitas superiores a los acreedores financieros. Estamos viendo en las reestructuraciones que se están tramitando cómo la negociación se centra en los acreedores principales, normalmente entidades financieras, procediendo directamente al arrastre de aquellas pymes o acreedores comerciales ordinarios", señalan.

Los socios de RSGM consideran que, "en aquellos casos en los que las pymes tienen una posición más vulnerable, el motivo suele venir dado porque los acreedores profesionales [entidades financieras] han logrado con carácter previo un sistema de garantías personales o reales que privilegia sobremanera su posición y en consecuencia les otorga una posición de clara preeminencia en la negociación. Por tanto, podríamos decir que no es que el proceso de reestructuración genere una posición vulnerable, sino la dinámica propia de financiación de las sociedades".

La vulnerabilidad se produce siempre y cuando el proceso de reestructuración no sea consensual, ya que las pymes tienen su propia clase si la quita potencial supera el 50% de la deuda. En caso de verse arrastradas, "la vía de la impugnación es un mecanismo importante para salvaguardar la posición de las pymes, dado que a través de ella pueden evitar que se les apliquen las medidas del plan, quedando fuera de su perímetro de afección en caso de que se estime su impugnación", señala Ricardo San Marcos, vicepresidente de Vaciero.

Foto: Sede de Ezentis en Madrid. (Europa Press/Jesús Hellín)

Ya está ocurriendo que haya quitas exageradas para las pymes, advierte Álvaro Reig, socio de Laffer Abogados. "Con la nueva ley, las fórmulas para conseguir apoyos suficientes para un determinado plan de reestructuración se flexibilizan y los juzgados —al menos, algunos— ya están dictando resoluciones dando por buenas situaciones que, de algún modo, establecen quitas muy importantes para pymes. Pero no solo para pymes, sino para prácticamente todos los acreedores".

Aun así, no hay consenso en el sector. Manuel Mingot, socio de Squire Patton Boggs, no cree que haya tal vulnerabilidad de forma generalizada: "En la mayoría de las refinanciaciones y procesos de reestructuración se está dejando fuera el pasivo comercial. La decisión de afectar el pasivo comercial en la reestructuración debe ser una decisión meditada para evitar efectos no deseados al negocio. Si los proveedores comerciales son incluidos en el perímetro como clase de créditos separada (incluso cuando no son pymes ni se les afecta más del 50% de su crédito), es muy probable que se opongan e impugnen el plan de restructuración, haciendo necesaria la previa designación de un experto en reestructuraciones para homologar el plan de reestructuración, lo cual dilatará todo el proceso. Además, la entrada de los acreedores comerciales tiene otras implicaciones desde el punto de vista del suministro, como la posibilidad de corte del suministro, la exigencia de pago al contado para continuar la relación comercial con el deudor que reestructura o el incremento de precios del suministro".

Las pymes no están incluidas en las negociaciones de los procesos de reestructuración "dada su menor sofisticación"

González no considera que haya un riesgo excesivo de quitas exageradas a las pymes: "El tratamiento entre acreedores dentro del mismo rango no puede comportar un tratamiento en las medidas de restructuración que sea desproporcionado o lesivo, ha de estar debidamente justificado desde el punto de vista del plan. De lo contrario, se abre la posibilidad de impugnar el plan para las pymes si la clase a la que pertenece el acreedor o pyme impugnante recibe un trato menos favorable que cualquier otra clase dentro del mismo rango concursal (655.2.3º TRLC)".

En general, las pymes no están incluidas en las negociaciones de los procesos de reestructuración "dada su menor sofisticación", arguye José Carlos González Vázquez, socio de Ceca Magán. "El propio acreedor pyme no contratará servicios profesionales para analizar el plan y, en su caso, ejercer sus derechos, por una simple razón de coste/beneficio. Pero eso no tiene por qué redundar necesariamente en su peor tratamiento, por las razones antes apuntadas. Es más, sigue siendo habitual que los planes se centren en la reestructuración del pasivo financiero, sin afectar al pasivo comercial, justamente para no perjudicar la marcha del negocio, por lo que en muchas ocasiones no sufren deterioro o pérdida alguna, asumiendo los costes de la reestructuración solo el deudor y sus acreedores financieros".

El nuevo marco concursal busca facilitar la reestructuración de empresas y, así, su supervivencia. El problema es que puede ser un proceso complejo que exige de asesoramiento jurídico y financiero al que no todas las compañías tienen acceso, especialmente las pymes. Algunos expertos ya han detectado situaciones de vulnerabilidad.

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