El Gobierno y los fondos firman un acuerdo histórico para la toma inmediata de Celsa

El Gobierno y los fondos propietarios de la deuda de Celsa han firmado ya a un acuerdo para que el grupo de inversores liderado por Deutsche Bank tome el control de la compañía siderúrgica catalana de forma inmediata. De esta forma, el Ejecutivo en funciones, presidido por Pedro Sánchez, autoriza una operación corporativa histórica, que aplica la nueva Ley Concursal en favor de unos acreedores extranjeros y en detrimento de la familia fundadora, los Rubiralta. Y ello pese a la presión ejercida por determinados grupos políticos en favor de los accionistas históricos.

A pesar de que la entrada de los inversores en el accionariado de la compañía está validada por una sentencia judicial firme, Moncloa podría haber vetado la operación en virtud del escudo antiopas, que otorga al Ejecutivo ese poder, desde 2020 que se aprobó para evitar operaciones hostiles a precios de saldo provocados por la pandemia, pero que se ha ido prorrogando hasta al menos diciembre de 2024.

El Memorando de Entendimiento acordado entre los fondos y la Moncloa se prolongará durante cinco años y se basa en tres aspectos fundamentales. El primero es la españolidad de Celsa, carácter que se materializará con el nombramiento de un presidente español y de un consejo de administración con mayoría de personas locales. Como ya avanzó El Confidencial, Rafael Vilaseca, el que fuera consejero delegado de Naturgy hasta 2018, será el presidente no ejecutivo y propondrá la designación de varios independientes.

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Además, esa españolidad se verá reforzada por unas reglas de gobierno corporativo que exigirán determinadas mayorías a la hora de tomar decisiones relevantes que afecten a Celsa. Los fondos se han comprometido también a que la sede operativa y el consejo de administración se reúna en Barcelona, pese a que la sociedad propietaria final de las acciones de la siderúrgica estará en Luxemburgo por motivos fiscales.

El segundo factor del acuerdo con la Moncloa es el mantenimiento del empleo y la renuncia a adoptar medidas drásticas que afecten a la plantilla. Una condición que tendrá como mínimo un año y medio de duración. Ajustes posteriores, en el caso de que la demanda caiga, como suele ocurrir en estas compañías cíclicas, deberán ser comunicados al Gobierno y aprobados por mayorías reforzadas por el consejo.

La última condición es que los fondos den entrada a un accionista o grupo de accionistas españoles que compren entre un 20 y un 25% del capital, como adelantó este medio el pasado 21 de septiembre. Esta operación se pondrá en marcha a los seis meses de la toma de control de Celsa. Este último paso se adoptará formalmente en las próximas semanas, una vez se aprueben todos los trámites administrativos. No obstante, los nuevos dueños de la compañía, Deutsche Bank y el resto de acreedores, ya se han presentado a la plantilla y se han hecho cargo, de facto, de la dirección de un grupo fundado hace ahora 50 años por la familia Rubiralta.

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Al canjear 1.250 millones de deuda por acciones, el banco alemán más Attestor, Sculptor, Golden Tree, SPV, Capital Group y Cross Ocean serán a partir de ahora los dueños del 100% del capital de Celsa, que estaba en manos de los cuatro herederos de Francesc Rubiralta Vilaseca. Los hijos, liderados por Francesc, se enrocaron desde el principio y se negaron a pactar con los acreedores su entrada en el accionariado. Estos llegaron a ofrecerle quedarse con el 51% del capital, pero la propuesta fue rechazada con crudeza.

En su lugar, la familia ahondó en una guerra judicial. Los fondos solicitaron la aplicación de la nueva Ley Concursal el mismo día que entró en vigor, el 26 de septiembre de 2022. La batalla se resolvió el pasado 3 de septiembre con una sentencia que dio la razón a los fondos y dejó en muy mal lugar a los Rubiralta y sus asesores, entre los que destacaron Cortes Abogados, PwC y Lazard. La familia lo perdió todo.

Aunque el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña se pusieron inicialmente del lado de los Rubiralta, antes de la decisión del juez, Manuel de la Rocha, la mano derecha en asuntos económicos de Pedro Sánchez, ya tendió puentes con los fondos al entender que no podía ir contra la aplicación de una ley aprobada por el propio Ejecutivo.