Primer pulso en el Constitucional por el perdón a los condenados del 'procés'

El pleno del Tribunal Constitucional deliberará en las próximas semanas sobre un recurso que traerá al primer plano el perdón a los políticos condenados del procés y servirá casi de prólogo al estudio de una futura y aún hipotética ley de amnistía. El órgano de garantías tiene previsto abordar el recurso presentado por el Grupo Popular contra la negativa de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet de reclamar al Gobierno los expedientes completos de los indultos. Fuentes del TC consultadas por El Confidencial auguran un primer pulso entre bloques respecto a esta cuestión.

La ponencia de la futura sentencia ha recaído en el conservador Ricardo Enríquez, que apoya estimar el recurso de los populares. Es probable, sin embargo, que la mayoría progresista no comparta esta opinión y obligue, por ello, a un cambio de sentido de la resolución con la designación de un nuevo ponente. Para terminar de complicar la situación, los expedientes de la discordia fueron elaborados cuando el Ministerio de Justicia estaba a cargo de Juan Carlos Campo, ahora magistrado del Constitucional. Se inhibirá del asunto, tanto por este hecho como por su relación sentimental con Batet.

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Hay otro aspecto más que tensa la situación. En los informes incluidos en esos expedientes, nueve en total, se incluye una parte argumental coincidente en todos ellos que sirvió para justificar la concesión de aquella gracia. Los escritos firmados entonces por el exministro Campo aseguran que el indulto, "a diferencia de la amnistía", es "claramente inconstitucional". Pese a que ya por entonces se reclamaba desde algunos sectores independentistas, "el indulto no hace desaparecer el delito" como si sucede con la amnistía, insistía.

Los populares acudieron al órgano de garantías después de que la Moncloa se negara a darles copia de todos los informes y de que Batet tampoco quisiera reclamárselo. El partido de Núñez Feijóo exigía el acceso a la documentación "íntegra". El PP recordaba que la Constitución establece el derecho de los diputados a solicitar al Gobierno la documentación que consideren pertinente. Consideraban que la postura de la expresidenta del Congreso fue "incomprensible", "insostenible en derecho" y denotaba "una cierta disposición a defender al Gobierno".

Datos personales y familiares

El Ejecutivo y Batet no veían, por su parte, posible autorizar el acceso a los documentos completos porque contenían datos sobre circunstancias personales, familiares y sociales, "así como datos de ilícitos penales que no se pueden divulgar sin contar con el consentimiento expreso del afectado" o bien después de que hayan transcurrido los plazos establecidos. Se trataba, alegaban, de una cuestión básica de protección de datos.

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El PP esgrimía, no obstante, en su recurso, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo defendía el derecho de la sociedad a estar informada sobre cualquier indulto concedido. Además, destacaban, el acceso podía realizarse salvando la protección de datos con el simple método de suprimir o tachar cualquier información personal sensible, como ya se hace de forma habitual con las resoluciones judiciales.