Telefónica calcula que podrá recuperar hasta 4.600 M en créditos fiscales tras dos sentencias judiciales

Telefónica calcula que dos sentencias recientes le permitirían recuperar hasta 4.575 millones de euros en créditos fiscales, de los que ya habría activado 334 millones este año, si bien advierte de que aún es pronto para determinar la cuantía concreta a recuperar y el momento en que podrá hacerlo. Así lo indica la compañía en el informe anual publicado el pasado viernes a última hora de la tarde.

Las dos decisiones judiciales a las que hace referencia el documento son el varapalo que sufrió la Comisión Europea por parte del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en septiembre de 2023 por la bonificación fiscal a la compra de empresas en el extranjero y el golpe que recibió Hacienda del Tribunal Constitucional en enero de este 2024, que tumbó el endurecimiento del impuesto de sociedades decretado en 2016 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Los créditos fiscales son instrumentos de los que disponen las compañías para reducir los impuestos que pagan a Hacienda cada año. Estos créditos fiscales se generan en años de pérdidas contables o al realizar ciertas inversiones que generan estos derechos, como fue el caso de las bonificaciones fiscales por comprar rivales foráneas. Esta situación se da en un momento en el que el Estado prepara el desembarco en el capital de la compañía a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), con la que pretende comprar un 10% de las acciones de la operadora.

En el informe anual, Telefónica indica que ya habrían dado de alta 334 millones de euros en las cuentas de 2023, derivados de la sentencia europea, y detalla por primera vez el impacto potencial de la sentencia del Constitucional contra el Real Decreto Ley 03/2016. "Como resultado de la ejecución de esta sentencia, así como la del TGUE relativa a la amortización del fondo de comercio, Telefónica podría volver a tener disponibles (además de los 334 millones de euros), total o parcialmente, los siguientes créditos fiscales por bases imponibles negativas y deducciones utilizados en las liquidaciones de dichos ejercicios", explica la compañía.

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Y a continuación, detalla los importes: "Por bases imponibles negativas de los años: 2002, 247 millones de euros, 2004, 21 millones de euros, 2011, 615 millones de euros y 2015 1.503 millones de euros; y, por deducciones: por doble imposición de los años 2010 a 2020, 952 millones de euros, por reinversión de los años 2003 y de 2011 a 2013, 23 millones de euros, por inversiones de los años 2003 a 2013, 476 millones de euros, por donativos de los años 2009 a 2018, 260 millones euros, de activos fijos en Canarias de los años 2010 a 2020, 101 millones de euros y por reversión de medidas temporales de los años 2015 a 2020, 29 millones de euros", desvela la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete en su memoria anual de 2023.

En cualquier caso, Telefónica advierte de que aún es pronto para concretar la cifra que podrá deducirse finalmente y también la fecha en las que podrá activar esos créditos fiscales. En el caso de las bonificaciones fiscales, porque la Comisión Europea ha vuelto a recurrir la sentencia. En el caso de la sentencia del Constitucional también opta por la prudencia: "A pesar de que las declaraciones del impuesto sobre sociedades del grupo fiscal en España de los ejercicios 2016 a 2022, se verán afectadas por la citada Sentencia, en este momento no resulta posible determinar con una mínima certeza cuáles serán los concretos efectos en la situación tributaria de Telefónica ni, dado el estado de los procedimientos en los que se dilucidan las pretensiones de Telefónica, cuándo se dictarán los actos administrativos en los que se reconozcan dichos efectos".

"Ello en la medida en que concurren diversos factores de incertidumbre que impiden determinar, desde un punto de vista cuantitativo, estos efectos, así como predecir cuándo podrán ser determinados o cuándo tendrá lugar su materialización", añade la empresa.

Si se concreta la recuperación de esta cantidad, las cuentas de la compañía recibirán en los próximos años un balón de oxígeno, después de terminar el ejercicio pasado con unas pérdidas de 892 millones. No obstante, son unos números rojos achacables principalmente a dos partidas extraordinarias: la provisión del expediente de regulación de empleo (ERE) que ha realizado en España y un deterioro del fondo de comercio en Virgen Media 02, la joint venture británica que comparte con Liberty Media. Al observar solo los ingresos, se incrementaron en un 1,6% interanual, superando los 40.000 millones.

También le permitirá encarrilar las previsiones financieras que se ha marcado para 2024, el primer año completo en el que va a ejecutar el nuevo plan estratégico, conocido como GPS (siglas en inglés de crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad). Por ejemplo, espera que sus ingresos crezcan un 1% y que el incremento del resultado bruto de explotación (ebitda) se sitúe entre el 1% y el 2%, unos objetivos no muy ambiciosos, pero que serán más sencillos de alcanzar si finalmente gana este pulso a Hacienda.

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El informe publicado el pasado viernes también detalla las remuneraciones de la alta dirección. Durante el año pasado, Álvarez-Pallete ganó 6,32 millones, un 6,88% menos que los 6,787 millones que percibió en el ejercicio anterior. En concreto, ingresó 1,92 millones en concepto de retribución fija, una cuantía que lleva congelada desde 2013, y 3,717 millones por variables a corto plazo (las que se pueden ver elevadas con el cumplimiento de objetivos). Además, hay que sumar 518.000 euros de beneficio de las acciones o instrumentos financieros consolidados, 132.000 euros por sistemas de ahorro y 29.000 euros por "otros conceptos".

No sería la primera vez que Telefónica gana una batalla de este tipo. De hecho, la elevada suma que reclama se añadiría a los 1.317 millones de euros que ya obtuvo de Hacienda en 2022, después de ganar al fisco en la Audiencia Nacional. De nuevo se trataba de un conflicto con la Agencia Tributaria por el impuesto de sociedades pagado por la compra y venta del buscador Lycos.

La elevada suma que reclama se añadiría a los 1.317 millones que ya obtuvo de Hacienda en 2022, tras ganar al fisco en la Audiencia Nacional

Sin embargo, la compañía también informa que en julio de 2023 Hacienda inició una nueva inspección sobre el impuesto de sociedades de los ejercicios entre 2018 y 2021 y sobre el impuesto sobre el valor añadido de 2019 (mayo-diciembre), 2020 y 2021.

"Como consecuencia del proceso de inspección en curso, de los ejercicios pendientes de inspeccionar, y el desenlace final de los litigios descritos, al cierre del ejercicio 2023, no se estima que exista una necesidad de registrar pasivos adicionales en los estados financieros consolidados", indica la compañía.

Bruselas vs 8.000 M en ayudas de estado

Las bonificaciones fiscales para la adquisición de empresas en el extranjero fueron creadas por el Gobierno de José María Aznar y Rodrigo Rato en 2002, que mantuvo José Luis Rodríguez Zapatero y posteriormente fueron declaradas ilegales por Bruselas. Sin embargo, ahora han sido validadas por el TGUE. En el caso de Telefónica, dichas ayudas fueron aplicadas por las compras de O2, BellSouth, Coltel y Vivo, firmas extranjeras que compró la operadora para su expansión bajo la presidencia de César Alierta. Ahora está por ver si habría que añadir intereses de demora o compensaciones por el lucro cesante o si algunas de estas potenciales devoluciones caerían en saco roto por prescripción, ya que contabiliza activos fiscales de hace hasta 24 años (2002).

Pero aquí no está solo Telefónica. Otras grandes multinacionales del Ibex también están pendientes del resultado definitivo del litigio con Bruselas. Santander, Iberdrola, Ferrovial, Abertis, ArcelorMittal y Axa fueron las otras empresas que se han visto impactadas por esta controversia. En el nuevo frente para Hacienda, la justicia europea se pronunció hace cinco meses a favor de las ayudas fiscales que España ofreció a las grandes multinacionales por la compra de empresas en el extranjero. Esta sentencia llegó en septiembre, después de otras previas que fallaron en sentido contrario, lo que obligó a grandes empresas del Ibex a devolver sumas milmillonarias.

Sin embargo, la Comisión Europea elevó el pasado 14 de diciembre de 2023 un recurso de casación al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para tratar de evitar el pago a las multinacionales del Ibex y que Hacienda no tenga que desembolsar alrededor de 8.000 millones de euros, montante total que fuentes comunitarias estiman que está en juego. Fuentes jurídicas expertas y conocedoras del caso señalan que Bruselas siempre recurre y era un paso que se preveía que daría la institución liderada por Ursula von der Leyen.

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En cualquier caso, Iberdrola, que ha devuelto a Hacienda 665 millones de euros por las ayudas fiscales de las que se benefició en la compra de Scottish Power, cree que el recurso de la Comisión Europea no debería paralizar la recuperación de lo pagado y las devoluciones de Hacienda. "Si bien esta sentencia del TGUE ha sido objeto de recurso por la Comisión Europea, la misma es ejecutiva y obligatoria desde el día de su pronunciamiento, al haber quedado sin efecto la orden de recuperación contenida en la Tercera Decisión. En cualquier caso, el grupo Iberdrola y sus asesores internos y externos estiman que no se deben producir mayores riesgos relacionados con la aplicación del fondo de comercio financiero y que se debería proceder a la devolución de las cuantías en su día recuperadas por la Administración tributaria al devenir indebido el ingreso realizado por el grupo", señala la eléctrica en su informe financiero anual de 2023.

Santander, auditada por PwC, no hace referencia alguna en su memoria anual al último fallo del TGUE sobre esta cuestión, pese a ser una de las compañías que menciona el fallo del tribunal comunitario y se limita a decir que las sentencias previas a la misma no han tenido efecto sobre sus resultados. La entidad presidida por Ana Botín recibió más de 1.000 millones en mayo de 2023 de Hacienda tras ganar un litigio contra el fisco por discrepancias relativas a los activos fiscales del Banco Popular. Dicho pago ha sido recurrido por la Agencia Tributaria, según el informe anual del Santander.

El Ministerio de Hacienda ha recibido varios golpes judiciales que le han supuesto importantes desembolsos al Ibex. En 2023, la Agencia Tributaria reveló pagos por 4.500 millones de euros a seis grandes multinacionales cotizadas.