El Gobierno ya gasta casi tanto en asesores de políticos como en políticos asesorados

El Estado está a punto de cruzar un umbral que parecía impensable hace unos años: gastar más en asesores políticos que en altos cargos. Según los datos recién publicados por la Intervención General (IGAE), en 2023 el gasto en altos cargos ascendió a 83,3 millones de euros, mientras que el gasto en personal eventual alcanzó los 72 millones, el dato más alto de toda la serie histórica.

El presupuesto destinado al pago de las nóminas de los asesores fue un 86% del presupuesto destinado a los altos cargos. Los altos cargos incluyen, desde los puestos políticos de responsabilidad (presidente, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado) y los máximos mandatarios de las entidades y los organismos del Estado. Esto es, todos los cargos políticos de alta responsabilidad. Por su parte, los asesores son calificados como personal de nombramiento directo por los altos cargos que "solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial".

Hasta hace unos pocos años, el gasto en altos cargos era muy superior al de los asesores. En buena medida, porque los cargos de responsabilidad estaban más centrados en su labor de gestión que en la política. Sin embargo, desde 2017 han ganado peso en los gabinetes los asesores políticos encargados de elaborar discursos, informes y argumentario. El último de los escándalos surgió a raíz de una entrevista de Carlos Alsina al ministro Óscar Puente, quien informó que tenía a su equipo de asesores trabajando para elaborar un listado de las descalificaciones que recibe en la prensa escrita. "Desde luego, tiene utilidad para mí", justificó el ministro.

Hace tres décadas, el presupuesto en altos cargos triplicaba al de los asesores. En total, los altos cargos percibían un total de 65 millones de euros y los asesores, menos de 24 millones. Sin embargo, desde entonces el presupuesto de los altos cargos apenas se ha incrementado en un 33%, mientras que el de los asesores se ha disparado un 207%. Esto es, se ha multiplicado por tres.

El gran salto en el gasto en asesores se produjo a partir del año 2017, coincidiendo con la llegada de los partidos de la nueva política, que puso a prueba la capacidad de resistencia de los partidos tradicionales. Pero el verdadero despegue del gasto se produjo a partir de la moción de censura de 2018 que llevó a la presidencia a Pedro Sánchez. En ese ejercicio, el gasto en asesores era de 39,5 millones, en 2023 superó los 72 millones. En su mandato, Sánchez ha elevado el gasto en asesores un 82%, mientras que en todo el mandato de su antecesor el incremento fue del 2%.

El presupuesto destinado a los asesores ha ido en paralelo a la ganancia de peso de la política en el debate social y mediático. En los años de la burbuja, la crisis y la posterior recuperación hubo dos temas prioritarios: la economía y la corrupción. Sin embargo, a partir de los recortes y el surgimiento de los nuevos partidos políticos, la política empezó a ganar relevancia. De pronto, las sesiones de control al Gobierno o los consejos de ministros eran seguidos ampliamente por la ciudadanía.

La importancia de los asesores es directamente proporcional a la relevancia que le dan los altos cargos a la política frente a la labor de gestión. Sobre todo los ministros y los secretarios de Estado. Todos quieren tener asesores especializados que les orienten en la elaboración de argumentario (o, como se dice ahora, relato), en el diseño de su estrategia política, en la relación con las Cortes, en la redacción de discursos…

Por el contrario, el crecimiento del presupuesto para los altos cargos está siendo mucho más lento. Hay dos motivos fundamentales, el primero, que la mayor parte de los puestos políticos ya están creados. Es cierto que el actual Gobierno ha aumentado el número de ministerios y secretarías de Estado, pero el margen para crear nuevos puestos es mucho más reducido. De hecho, las retribuciones de los altos cargos suponen un freno a la incorporación de profesionales independientes a la gestión ejecutiva, porque los salarios que cobran en la empresa privada son muy superiores.

Cerca del millar

En julio de 2023, último registro de personal disponible, el Gobierno contaba con 936 asesores para 21 ministerios y la Presidencia. Son un 56% más que en el último año del Gobierno de Rajoy. Su reparto es muy desigual por ministerios, una tendencia que es habitual. Moncloa concentra a la mayor parte de asesores, ya que tiene que abarcar todos los temas que se tratan dentro del Ejecutivo. El pasado mes de julio el número ascendía a 491 efectivos, esto es, más de la mitad del total.

El segundo con mayor número de asesores es el Ministerio de Política Territorial, liderado por el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con 128 asesores. Esta es la cartera encargada de la gestión de las delegaciones y subdelegaciones del Estado en los territorios, por lo que cuenta con asesores en las distintas comunidades autónomas.

En total, La Moncloa y el Ministerio de Política Territorial suman 619 asesores, dos tercios del total. Sin embargo, en el último año de Rajoy sumaban 429 efectivos. Esto es, el ejército de asesores ha aumentado un 44%.

El resto de ministerios también ha engordado rápidamente. Por ejemplo, el de Transición Ecológica es el tercero más nutrido, con 36 asesores, más del doble que en el último Gobierno de Rajoy, cuando esta cartera tenía además las responsabilidades de Turismo y Agenda Digital. En ese año 2018 eran 14 asesores.

Los dos siguientes ministerios más nutridos eran los más importantes de Podemos (los datos son hasta julio del 23): Trabajo y Derechos Sociales, con un total de 22 asesores cada uno. En el último año de Rajoy, el ministerio de Empleo y Seguridad Social contaba con 18 asesores, menos de la mitad.

En los dos primeros meses del año, el Gobierno ya ha ampliado en algo más de medio millón de euros la partida presupuestaria destinada a los asesores. La prórroga presupuestaria no es suficiente para cubrir todo el gasto que necesitará el Ejecutivo a lo largo del año para pagar los salarios de su plantilla creciente de asesores. En 2023 ya incrementó el crédito presupuestado en 1,7 millones de euros porque se había quedado corto, lo que anticipa que el aumento de medio millón de euros aprobado hasta febrero también será insuficiente para cubrir todos los gastos.