El Gobierno se enroca contra el fallo del TC que abre un agujero millonario en Sociedades

Los abogados del Estado buscarán limitar la devolución de impuestos cobrados de más a las empresas, según el fallo del Tribunal Constitucional, que anula algunos puntos de un decreto ley de Montoro en 2016. Supone un nuevo punto de fricción entre el Estado y las empresas que puede llevar a más litigiosidad.

El mandato que tienen los abogados del Estado es que solo aceptarán la devolución de dinero a las empresas afectadas por las medidas anuladas por el Constitucional si habían alegado en el recurso la inconstitucionalidad de estas. El Constitucional dictó el pasado 18 de enero de 2024 una sentencia por la que declaró inconstitucionales varias modificaciones del Impuesto de Sociedades realizadas en 2016 en el Real Decreto-Ley 3/2016, que limitaban la optimización de las bases imponibles negativas para aminorar la cuota de Sociedades.

Fuentes jurídicas apuntan a que hay 300 recursos en la Audiencia Nacional. Dentro del Ibex 35, nueve empresas han informado en sus informes anuales de 2023 que estiman un impacto positivo de 1.000 millones de euros tras el fallo del Constitucional, entre devolución de impuestos pagados de más y un mayor uso de bases imponibles negativas en próximos ejercicios.

Hasta el momento, la Agencia Tributaria ha contabilizado la devolución extraordinaria de más de 300 millones de euros, reduciendo la recaudación del Impuesto sobre Sociedades en febrero en un 29,6% interanual, hasta los 467 millones.

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En un escrito al que ha tenido acceso este medio, que ha enviado la Abogacía General del Estado a los abogados del Estado, se les autoriza a allanarse en los recursos en los que se haya alegado en el proceso contencioso la indebida aplicación de los dos preceptos declarados inconstitucionales.

Hay que tener en cuenta que los abogados del Estado necesitan una autorización de la Administración para adherirse a una tesis que favorece al contribuyente y perjudica a Hacienda. En este caso, limita la posibilidad del allanamiento total (es decir, aceptar la postura contraria) a los recursos que se hubieran basado en la inconstitucionalidad de las medidas sobre las que se pronunció contrariamente el TC.

Por otro lado, acepta un allanamiento parcial cuando la demanda presentada por el contribuyente incluye preceptos declarados inconstitucionales, habiéndolo argumentado, y otros argumentos, aceptando solo los primeros.

Acepta un allanamiento parcial cuando la demanda presentada por el contribuyente incluye preceptos declarados inconstitucionales

Sin embargo, dice el informe de la Abogacía del Estado, "en ningún caso se aplicaría en supuestos en los que a la fecha de dictado de la sentencia del Tribunal Constitucional no se hubiera planteado en vía jurisdiccional la inconstitucionalidad de los preceptos anulados, ni se extenderá a aquellos supuestos en los que la razón de deducir estuviera en la inadmisibilidad".

Los abogados consultados creen que se trata de un intento del Gobierno que no tendrá éxito para evitar la devolución a las grandes empresas de una cifra que superará los 1.000 millones.

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Esta tesis "contraviene a la lógica más elemental. La sentencia del TC limita sus efectos para casos en los que no se haya accionado, pero nada dice de aplicarla a casos en curso, aunque no se haya alegado inconstitucionalidad", señala Antonio Puentes, socio de BDO. La Agencia Tributaria ya elaboró una nota interna para los inspectores sobre la repercusión del fallo en el que elabora una guía que limita el daño a las reclamaciones que hubieran argumentado la inconstitucionalidad.

"No se puede aplicar esta idea, sería limitar la soberanía del juez. Es una barbaridad desde el punto de vista jurídico", arguye Esaú Alarcón, socio en Gibernau. "Lo lógico es que cuando se pronuncien los tribunales superiores de justicia o la Audiencia Nacional, que lo harán con órganos colegiados, no apliquen la tesis de la Abogacía del Estado", añade.

"No se puede aplicar esta idea, sería limitar la soberanía del juez. Es una barbaridad desde el punto de vista jurídico"

El Gobierno está maniobrando por varias vías para reducir el golpe contra las arcas públicas de la anulación de varias medidas que se incluyeron en el Real Decreto-Ley 3/2016, aprobado por el Ejecutivo de Rajoy e impulsado por el exministro Cristóbal Montoro.

Por una parte, la Abogacía del Estado trata de limitar la devolución del dinero pagado de más por parte de las empresas en los últimos ejercicios, al haberles restringido la utilización de bases imponibles negativas de forma inconstitucional, según ha declarado el alto tribunal.

Asimismo, el PSOE presentó el mes pasado una enmienda al Proyecto de Ley anticrisis para establecer nuevos límites al uso de bases imponibles negativas por parte de las grandes empresas. El Grupo Socialista propone un límite del 50% para empresas que facturan más de 20 millones. En el caso de las deducciones por doble imposición internacional, se recorta desde el 100% al 50% la reducción posible.