La independencia fiscal de Cataluña sería inconstitucional, según los inspectores de Hacienda

La propuesta de la Generalitat de Cataluña para recaudar todos los impuestos generados en la comunidad ha provocado una reacción inmediata por parte de los inspectores de Hacienda que temen que el Gobierno se esté planteando fraccionar la Agencia Tributaria. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha denunciado este lunes que la independencia fiscal catalana "es inconstitucional", ha asegurado su presidenta, Ana de la Herrán. La carta magna determina que la financiación autonómica tiene dos bloques, un primero formado por las dos haciendas forales (País Vasco y Navarra) y otro, el Régimen Común, que incluye a todas las demás comunidades autónomas. No existe una tercera vía posible para Cataluña, asegura la asociación.

La asociación reconoce que la Constitución no prohíbe explícitamente que la Generalitat no pueda tener un modelo fiscal propio e independiente, pero sí veta el resultado que esto generaría. En concreto, la Constitución determina que las comunidades del Régimen Común deben contar con financiación para proveer un mínimo común de servicios públicos.

Esto se consigue con distintos fondos para el reparto de los recursos a través de las CCAA del Régimen Común que sí están contemplados en la Constitución española. De ahí que el modelo de independencia fiscal de Cataluña no tenga encaje en la carta magna. El artículo 158.1 de la CE determina que el sistema de financiación debe ser "garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español".

La presidenta de la asociación ha añadido que este modelo propuesto por la Generalitat también atentaría contra el artículo 138 de la Constitución, que determina que el Estado tiene que "garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español". Si se creara un sistema fiscal diferenciado para una comunidad autónoma rica, "sería un fraude de ley" por atentar contra el espíritu de la Constitución, ha asegurado De la Herrán. Este modelo "rompería los principios de igualdad y de solidaridad entre territorios recogidos en la Constitución", ha concluido.

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Además, los inspectores de Hacienda también han argumentado que el modelo de una independencia fiscal para Cataluña tampoco tendría encaje en el sistema de financiación autonómica, desarrollado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) del año 1980. La ley determina que las comunidades del Régimen Común tienen que participar en el reparto de los recursos a través de distintos fondos (de garantía de servicios públicos, de compensación interterritorial, de convergencia autonómica, etc.). "La cesión del 100% de los tributos recaudados en Cataluña a la Comunidad de Cataluña no tiene ninguna cobertura legal ni en la Constitución, ni en la Lofca ni en las normas de desarrollo", ha remarcado José María Peláez, vocal de la asociación.

Los inspectores temen que el camino intermedio que pueda buscar el Gobierno sea la creación de un consorcio con la Generalitat de Cataluña para ceder competencias a la Agencia Tributaria catalana. La creación de consorcios sí está recogida en la legislación actual, pero solo para la gestión de la recaudación, no para conseguir la independencia fiscal. Y, además, solo puede aplicarse "cuando la naturaleza del impuesto así lo exija" para facilitar la gestión tributaria, como podría ser la recaudación del IRPF.

La lucha contra el fraude

Los inspectores de Hacienda no solo han señalado que la independencia fiscal de Cataluña choca contra la Constitución española, también complicaría la lucha contra el fraude fiscal. En su opinión, la base de datos de la Agencia Tributaria es "la joya de la corona" de las instituciones nacionales por la gran cantidad de datos de los que dispone que "se alimentan a diario". Esta base de datos unificada es fundamental para luchar contra el fraude fiscal, que cada vez es más sofisticado, aseguran los inspectores. Para hacerlo, es fundamental cruzar datos entre los contribuyentes para detectar dónde puede existir riesgo de fraude. Pero, si esta base de datos se rompe y se desgaja un territorio que supone el 20% del PIB nacional, la gestión tributaria y la lucha contra el fraude se complican enormemente.

De hecho, la existencia de los regímenes forales del País Vasco y Navarra ya entorpece la lucha contra el fraude, ya que estas administraciones tributarias están separadas de la estatal. "La situación práctica es que el País Vasco es un agujero negro, no hay información sobre esos contribuyentes", ha lamentado Peláez, "es una situación que perjudica la lucha contra el fraude". Para la IHE, romper la unidad nacional en materia de gestión tributaria iría en el camino opuesto al signo de los tiempos, ya que en las últimas décadas los países europeos están buscando vías para mejorar la transparencia y hacer una lucha conjunta contra el fraude. Poner más barreras solo facilitará la delincuencia tributaria.

La asociación también ha mostrado un profundo malestar por la situación en la que se encuentran los inspectores destinados en la comunidad autónoma. "Los compañeros de Cataluña nos han trasladado su preocupación porque no saben nada sobre qué va a pasar con su futuro", ha lamentado la vicepresidenta de la asociación, Teresa Benito. "Nadie ha pensado qué pasaría con estos funcionarios", ha denunciado. No es la primera vez que un traspaso de competencias generaría un profundo malestar a los trabajadores públicos afectados.