Carrera de Junts y ERC por volver a 2012 a cuenta del cupo vasco para Cataluña

ERC y JxCAT han iniciado una carrera para volver a 2012 a cuenta de un pacto fiscal para Cataluña que acerque a Cataluña al modelo vasco y navarro. ERC con la fuerza de presidir la Generalitat. JxCAT, a través de su posición de fuerza en las conversaciones mensuales que mantiene con el PSOE en Suiza, con el secretario de organización, Santos Cerdán. ERC ha presentado un documento de 80 páginas, mientras que de la propuesta de los de Puigdemont sólo se sabe que quiere introducir la cuestión en la agenda de temas a tratar para dar apoyo en la legislatura a Pedro Sánchez. En 2012, Artur Mas lo intentó antes de dar el pistoletazo de salida del procés. El independentismo se agarró entonces a la negativa a tener un cupo como los vascos para luego justificar el intento de ruptura en 2017.

Ahora estas formaciones buscan el pacto fiscal como una manera para dar un aterrizaje suave a las formaciones que fracasaron en el intento de separarse del resto de España.

De la demanda de JxCAT poco se puede decir. Es secreta, como el resto de las conversaciones en Suiza con el PSOE. Incluso cuando se hacen anuncios, como la ley orgánica para dar competencias integrales sobre inmigración, que ni ha visto la luz ni se ha vuelto a hablar de ella.

En la campaña de las generales, JxCAT ya planteó que Cataluña tenía que recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña. Pero eso se parece mucho a lo que mantiene ERC. Y en la dinámica de subasta constante entre los partidos independentista, los de Puigdemont siempre han de pedir más y diferenciarse.

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Portavoces de JxCAT sólo explican una cosa: no existe coordinación ninguna con la Generalitat. Pedro Sánchez tiene dos partidos catalanes llamando a las puertas de la Moncloa pidiendo lo mismo e intentando atribuirse el mérito de una negociación que, por ahora, el Gobierno rechaza, porque supone sacar a Cataluña del régimen común.

La conselleria de Economía no da cifras concretas, al no aclarar cómo se calcularía el cupo catalán ni tampoco cómo se dotaría el fondo de solidaridad interterritorial que propone. Lo único que queda claro es que en ese fondo el único que aportaría recurso sería Cataluña: Euskadi y Navarra seguirían sin colaborar con la solidaridad territorial de España. En este momento sólo lo hacen tres CCAA que son donantes netas al conjunto del sistema: Madrid, Cataluña y Baleares. Aragonès ya ha advertido que plantean el fondo como un instrumento temporal, con lo que abre la ventana a que fuese a ir menguando de manera progresiva hasta quedar a cero, lo que no parece la mejor baza para que pueda ser aceptado por el Gobierno.

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La propuesta de ERC carece de consenso interno, ni siquiera dentro del independentismo, como prueba que JxCAT vaya por su lado en sus contactos suizos con el socialismo. El PSC ya ha dicho que no comparte los planteamientos del presidente catalán, Pere Aragonès. Por tanto, por mucho que la respalde la Cámara de Comercio de Barcelona, tampoco se trata de una propuesta que una a Cataluña.

Moncloa, de espaldas

Tampoco hay consenso externo. Moncloa está de espaldas. La amnistía divide al votante del PSOE, pero en Ferraz son conscientes de que una reducción de fondos para las CCAA puede resultar mucho más letal en términos de votos. En términos demoscópicos, lo que era la criptonita para Superman.

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En cambio, para JxCAT y ERC la perspectiva es que esta legislatura española es la ventana de oportunidad perfecta para conseguir una mejora de financiación notable para Cataluña, por la dependencia de Pedro Sánchez de los siete votos que cada una de estas formaciones tienen en el Congreso. Aragonès ya advirtió en Madrid que el nuevo sistema de financiación será una condición para futuras negociaciones durante la legislatura.

Fácil o difícil

De manera objetiva parece más fácil reformar el sistema de financiación actual —lleva casi una década pendiente de renovarse— que salir del régimen común. Pero después de haber declarado la independencia a ERC y a JxCAT les parece más factible apuntarse al cupo vasco. De manera formal ambos piden un referéndum pactado, pero los votantes lo ven como una posibilidad lejana. En cambio, el pacto fiscal puede parecer una salida por el camino de en medio. ¿Por qué se opta por la salida difícil? Porque la fácil supone buscar aliados en el resto de España, en otras comunidades autónomas que estén en situaciones de infrafinanciación. Y eso supone llegar a acuerdos con autonomías del PP, como Valencia o Andalucía. La política como una piedra en la economía. Pere Aragonès no se ha reunido ni con Carlos Mazón ni con Juan Manuel Moreno Bonilla, mientras ha ocupado la presidencia. En estas condiciones resulta irrelevante que la consellera de Economía, Natalia Mas, acuda o no acuda al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es que los contactos institucionales al más alto nivel están capados. En España nunca se ha cambiado el sistema de financiación sin Cataluña haciendo de locomotora de las reformas.

Luego están las cuestiones técnicas, que tampoco gustan al independentismo. Por ejemplo, qué impacto tendría en las agencias de rating que califican la deuda del Reino de España una salida de Cataluña del régimen común y si eso supondría un encarecimiento de los costes financieros de los cerca de 86.000 millones que debe la Generalitat, en su mayor parte cubiertos por el FLA.