El cupo vasco y navarro es un "agujero negro" para la Agencia Tributaria en su lucha contra el fraude

La propuesta de la independencia fiscal de Cataluña ha permitido abrir un debate sobre la situación de los regímenes forales del País Vasco y Navarra. Durante décadas, los derechos históricos en materia tributaria han pasado por debajo del radar de la actualidad política y mediática. Para los partidos políticos ha sido un tema tabú por miedo a perder votos en las dos comunidades autónomas y por la necesidad de pactar con el PNV en Madrid. Sin embargo, el Govern de Pere Aragonès ha puesto a los dos regímenes en el centro de la discusión pública.

El último argumento para el debate lo ha puesto sobre la mesa la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que hasta ahora había sido muy prudente a la hora de pronunciarse sobre los regímenes vasco y navarro. Sin embargo, el modelo propuesto por la Generalitat les ha obligado a exponer públicamente su preocupación por el efecto negativo que generan las rupturas de la unidad tributaria en la lucha contra el fraude. La asociación ha sido contundente: “Cuando hacemos comprobaciones tributarias, todo lo que se refiere al País Vasco es un agujero negro”.

"Los mecanismos de coordinación son remedios que no solucionan el problema principal"

Los inspectores denuncian que no disponen de información sobre las empresas y ciudadanos con residencia en los territorios forales, lo que complica los cruces de información, las comprobaciones y las inspecciones tributarias a contribuyentes nacionales que tienen parte de su actividad en el País Vasco o Navarra. “Cuando afrontamos los fraudes más sofisticados, como las tramas del IVA, las facturas falsas o los nichos de sociedades, la falta de información y la fragmentación perjudican la lucha de la Agencia Tributaria”, explicó el lunes José María Peláez, inspector de Hacienda y vocal de la asociación. Y, es de esperar que ocurra lo mismo en el sentido inverso: para las agencias forales será mucho más complicado perseguir el fraude en contribuyentes que tengan actividad en el resto de España.

Los inspectores reconocen que existen mecanismos de coordinación con la Agencia Tributaria y planes de acción conjunta para actividades concretas, pero advierten que “son remedios que no solucionan el problema principal". El problema de fondo está en que no disponen de información sobre esos contribuyentes, lo que impide cruzar información y detectar fuentes potenciales de fraude.

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"Yo puedo acceder a la información de una empresa, por ejemplo, de Valencia, pero no tengo información de una filial de esa empresa, de clientes o de proveedores situados en el País Vasco", denuncian. Para los inspectores, chocar con el muro de los regímenes forales es parte de su día a día: "Cuando vemos que hay una empresa que no ha declarado, lo primero que pensamos es: ya estamos con los regímenes forales".

En definitiva, los inspectores constatan que los sistemas forales suponen un obstáculo para la lucha contra el fraude al generar una vía de escape para empresas y particulares. Sin embargo, como están recogidos en la Constitución española, han sido respetados tradicionalmente y vistos con absoluta normalidad. A nadie le sorprende que las estadísticas que publica la Agencia Tributaria del IRPF, el catastro inmobiliario o incluso los declarantes por municipios tengan en blanco los datos referidos al País Vasco y Navarra.

La salida de Cataluña

Si los inspectores de Hacienda están reconociendo ahora los problemas que generan los regímenes forales, es precisamente por la propuesta de la Generalitat de Cataluña de un modelo fiscal en el que gestionarían íntegramente sus impuestos. La asociación no esconde su preocupación: "En las comunidades forales existen dificultades, pero eso no se soluciona generando una quiebra mayor de la Agencia Tributaria en un territorio tan importante y tan grande como es Cataluña", lamenta la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán.

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En su opinión, la fragmentación de la unidad fiscal de España va en contra del signo de los tiempos. Cada vez los países tienden a aumentar la colaboración para mejorar la lucha contra el fraude. Al fin y al cabo, los mecanismos más complejos para esquivar impuestos se basan en la creación de tramas de empresas en diferentes jurisdicciones para complicar la labor de los inspectores.

Un ejemplo claro es el de las tramas del IVA, que utilizan sociedades pantalla en otras jurisdicciones para declarar el pago del tributo en origen y así no tener que abonarlo en España. La viabilidad de estas tramas depende directamente de las dificultades que tengan los inspectores de hacienda para acceder a la información de las declaraciones fiscales realizadas por las sociedades pantalla y la dificultad para localizar a sus responsables. De ahí que la fragmentación y la falta de colaboración sean condiciones indispensables para los defraudadores.

"En un mundo cada vez más globalizado no se entiende cómo queremos fraccionar lo más importante que tiene la Agencia Tributaria"

"En un mundo cada vez más globalizado no se entiende muy bien cómo queremos fraccionar lo más importante que tiene la Agencia Tributaria, que es su sistema de información y sus bases de datos", lamenta la presidenta de los Inspectores de Hacienda del Estado. De hecho, ponen como ejemplo la creación de unidades centralizadas para controlar a los grandes contribuyentes a nivel estatal.

Si se produjese la cesión total a Cataluña de todos sus impuestos, la Agencia Tributaria perdería información sobre los declarantes con residencia en territorios que suponen casi el 30% del PIB de España. Esto supondría un golpe mortal a su capacidad para gestionar los tributos y perseguir el fraude. "Sería un agujero negro de las bases de datos demasiado grande", lamentan los inspectores. Un escenario idóneo para el fraude fiscal en un país que ha tenido muchos problemas para sacar a flote la economía sumergida.