¿Y si el SMI subiese en Madrid pero no en Murcia? Una propuesta con la que nadie se atreve

Roberto Bande es profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela, pero vive en Lugo, una de las provincias españolas con menor coste de vida. A partir de este año, sus vecinos cobrarán como mínimo 1.134 euros en 14 pagas, tras el pacto alcanzado por el Gobierno y los sindicatos para elevar el SMI. Percibirán la misma cantidad los trabajadores de otras regiones de España con un nivel de vida muy superior, algo que para el economista no tiene sentido. “Con 1.200 euros, en Madrid tiras mal, pero eso en Lugo sería un salario decente”, resume.

“Pensemos en una familia con hijos: en Lugo, donde aún no hay grandes presiones inmobiliarias, ese salario te permitiría pagar un piso en una zona normal, con condiciones normales, y aún tendrías dinero de sobra para gastos”, prosigue. “Con 1.200 euros, en Madrid cubres la vivienda y poco más, si no quieres compartir piso”. Por eso, Bande es uno de los economistas que han defendido que el salario mínimo no debería ser homogéneo en toda España, ya que el efecto de un SMI de 1.134 euros no es igual en una región donde la mediana de sueldos es de 27.884 euros, como País Vasco, y otra donde es de 18.146, como Extremadura.

Otro de los economistas que más tiempo llevan defendiendo un SMI distinto para cada comunidad (pero también por sector y edad) es Marcel Jansen, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de Funcas. “España es uno de los pocos países que estipulan un salario mínimo universal para todos los mayores de 16 años”, explica. “Cuando fijas el SMI intentando minimizar los impactos en la economía, tienes que fijarte en los colectivos y las regiones menos productivos”. Es decir, aquellas en que el aumento del SMI puede tener un mayor efecto en la contratación al elevar los costes.

El economista holandés anima a fijarse en la diferencia entre salario medio y salario mínimo en cada región, donde se pone de manifiesto que España es uno de los países con mayores desigualdades de la eurozona. “El hecho de que el mismo trabajo contemple un distinto salario en diferentes regiones no implica que se rompa el mercado ni se discrimine a los trabajadores, porque en términos de poder adquisitivo, 1.134 euros en Madrid están muy por debajo de 1.134 en Extremadura”, argumenta.

La propuesta de establecer diferentes salarios mínimos por regiones lleva tiempo planteándose en el mundo académico, pero no se ha trasladado a la conversación política. En España, el criterio para definir el SMI es que alcance el 60% del salario medio a nivel nacional, sin tener en cuenta las variaciones regionales. “Es una patata muy caliente, y no está la política para meterse en muchos debates, pero en el mundo académico muchos estamos de acuerdo en que es un problema que se puede atajar”, valora Bande.

El economista gallego recuerda que una de las debilidades de la economía española es que crea empleo muy lentamente, pero lo destruye con gran velocidad en los momentos de crisis, especialmente en las regiones, sectores y trabajadores más vulnerables. “Salvo Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía, que se suelen salvar”, explica. Por eso, como Jansen, propone diferenciar no solo por región, sino también por sector productivo: “En una investigación que publicamos, defendíamos que limitar salarios a nivel sectorial puede favorecer la creación de empleo”.

El Estado fijaría un SMI para todas las CCAA y estas podrían elevarlo

“Cualquiera que dedique un poco de tiempo a pensar sobre ello caerá en que tiene sentido, es intuitivo”, insiste Luis Bauluz, profesor de Cunef y uno de los pikettistas españoles. “La evidencia disponible muestra que subir el salario mínimo en general no tiene demasiado impacto en el empleo, que es el efecto negativo que más se suele temer. Pero lo que también apunta es que si bien a nivel agregado puede que no haya unos costes tan grandes, sí es posible que se compensen a nivel local, que aumente el desempleo en las regiones más pobres y crezca en las ricas”.

¿Cómo se implantaría?

El modelo propuesto no implicaría bajar el SMI de ninguna comunidad o provincia, entre otras razones, porque las regiones carecen de las competencias necesarias para hacerlo, sino establecer un SMI mínimo a nivel nacional y que cada región decidiese, después de valorar los riesgos, si acuerda un suplemento. Sobre todo en aquellos casos en que los convenios colectivos quedan tan cerca del SMI que resultan cortos, como ocurre “en la hostelería de Madrid o Barcelona”, explica Jansen. “No tiene sentido que sea el Estado el que fije distintos SMI por CCAA, sino uno general pensando en las autonomías menos productivas”.

El ejemplo que plantea es el de Londres, donde a través de la negociación colectiva rige un acuerdo que fija un complemento “sustancialmente por encima del SMI, pensando en que el coste de la vida es muy superior en la capital”. En España, podría plantearse a nivel autonómico, “más ahora que el Gobierno parece haber llegado a un acuerdo con el PNV para fomentar los convenios autonómicos y dotarlos de prioridad aplicativa frente a los nacionales”.

Lo que no se contempla en ningún caso es que una comunidad pueda bajar su SMI por debajo del nivel establecido por el Estado. “Es peligroso, porque llevaría a una competencia a la baja: mi propuesta es que algunas tengan la opción de aumentarlo sin poner en peligro las condiciones mínimas del Gobierno, que ofrece la opción de adaptar el SMI a las distintas oportunidades que puedan surgir”, valora Jansen.

Bauluz no ve tan claro que haya que dejar a criterio de las distintas comunidades la fijación del salario mínimo: prefiere un modelo en el que los distintos SMI se fijen en función de un baremo común y objetivo, como el del 60% de la media o de la mediana de sueldos. “En la teoría está bien, en la práctica me da miedo: dicho de forma rápida, Ayuso no lo va a subir, y a lo mejor en Asturias lo suben más de lo que deben”, sugiere. “Creo que tener un criterio común en España y una regla proporcional al salario mediano sería mejor, porque te quitas discusiones”.

Un SMI distinto por cada edad

Jansen sale al paso de algunas de las críticas que suelen plantear los detractores de esta propuesta. Por ejemplo, que rompería el mercado laboral, ya que “a través de los convenios colectivos ya se articulan diferentes salarios por región y sector”. “O que favorecería la migración de unas regiones a otras: puede ser una manera de reducir las tasas de desempleo”, explica. Lo que tiene claro es que es necesario poner en marcha una comisión de expertos que considere cambios en el diseño del SMI y realice un análisis pormenorizado de las potenciales consecuencias de cada modelo.

Reino Unido establece diversos salarios mínimos según la edad del trabajador

Por ejemplo, estableciendo diferentes SMI según edad, como ocurría hasta mediados de los años noventa en España. El primer SMI, aprobado en 1963, ofrecía 1.800 pesetas al mes para los mayores de 18 y 1.200 para los mayores de 14, así como otro de 720 para aprendices, pinches y botones. Jansen propone hoy un SMI reducido para los que no tienen títulos posobligatorios o que no los han terminado aún, con el objetivo de fomentar su empleabilidad.

“Esas personas tienen derecho al SMI, que a este ritmo va a ser más alto que el de los aprendices en Alemania, o que el de Holanda, donde la tasa de desempleo es de un 8%”, lamenta. En su opinión, sería beneficioso para la entrada del mercado laboral de los jóvenes una diferenciación en su salario mínimo. En Reino Unido, por ejemplo, la living wage establece distintos salarios mínimos según la edad: de las 4,35 libras por hora de 16 a 18 años a las 8,21 libras de los mayores de 25. “Esta medida podría beneficiar a la libertad de los jóvenes para independizarse”, valora Jansen.

¿Por qué no existe en otros países de Europa?

Una investigación publicada recientemente por un grupo de investigadores liderados por el economista Enrico Moretti, uno de los grandes expertos en diferencias regionales, llegaba a la conclusión de que los distintos modelos de negociación salarial de Italia y Alemania perjudicaban a la primera, ya que los convenios colectivos establecidos a nivel nacional provocaban el aumento del desempleo en las regiones más pobres. Si el país mediterráneo siguiese el modelo alemán, es decir, si ligase los sueldos locales a la productividad, el empleo y los ingresos aumentarían un 11,04% y un 7,45% respectivamente, según sus cálculos.

Italia es uno de los países europeos que carecen de un salario mínimo a nivel estatal, lo que ha generado durante los últimos meses un debate sobre su necesidad como medida de protección para los trabajadores de las regiones más pobres. Frente a ello, Jansen opina que España trata el SMI como una panacea. “En una economía con tantos problemas de empleo, el Gobierno pone demasiados huevos en el cesto del SMI”, valora. “En los últimos años, ha aumentado un 50%, argumentando que es el mejor instrumento para reducir desigualdades, pero hay evidencia de que las subidas aprietan a las empresas más pequeñas o que tienen efectos nocivos en grupos como los jóvenes”.

No es común en Europa un modelo con diferentes modelos de SMI para cada región porque, como recuerda Bande, ningún país comunitario tiene el mismo nivel de disparidad regional en el comportamiento de los mercados de trabajo, salvo “Italia o parte de Alemania”. “El comportamiento de España es paradigmático, por eso tiene más sentido aquí”, añade. Otros países, como los escandinavos, intentan intervenir lo menos posible en los sueldos para no interferir en la negociación colectiva.

El modelo que sirve como ejemplo suele ser el de Estados Unidos, donde el Gobierno fija un SMI a nivel federal y, posteriormente, cada estado e incluso ciudad establece sus propios niveles. Eso provoca, por ejemplo, que Seattle fuese una ciudad pionera en el aumento del salario mínimo en 2014, cuando lo dobló de los 7,25 dólares del mínimo federal hasta los 15. “El argumento es el mismo: no es igual vivir en Nueva York que en Florida o Milwaukee”, concluye Jansen.