¿25.000Є por cumplir 18? La 'herencia universal' puede no estar tan lejos

Entre las 676 páginas del informe España 2050 asoma la cabeza una propuesta de modesta extensión pero profundo calado que puede cambiar para siempre la solidaridad generacional en España. Se trata de lo que el trabajo se denomina “herencia pública universal”, un pago que recibirían todos los españoles al cumplir su mayoría de edad y que serviría como empujón económico en su juventud. Un “mecanismo de protección colectiva” que lleva décadas debatiéndose en Reino Unido o Francia pero que nunca ha sido tan popular en nuestro país como la renta básica universal.

“Como hemos visto, la desigualdad intergeneracional de la riqueza es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la sociedad europea”, explica el informe. “En la desigualdad de la riqueza, las herencias juegan un papel cada vez más crucial. Esta desigual distribución de las herencias afecta de manera decisiva a la equidad entre las generaciones jóvenes. Una propuesta novedosa para contribuir a que este fenómeno no se agudice en el futuro es la posible creación de una herencia pública universal; una dotación económica que todos los jóvenes recibirían una vez alcanzada cierta edad”. Por una parte, serviría para ayudar a unos jóvenes cuya tasa de paro ronda hoy el 40%. Pero también serviría para reducir la concentración de riqueza.

"Para corregir las desigualdades, el pago debería ser elevado. Por ejemplo, 22.204Є"

Luis Bauluz, economista de la Paris School of Economics que ha formado parte del equipo que desarrolló ese apartado, insiste que se trata todavía de una propuesta abierta a discutir por la sociedad, pero proporciona a El Confidencial unas cuantas pistas. Por ejemplo, de qué margen económico hablamos o a qué edad se produciría. “La herencia universal es un único pago que se realizaría al cumplir una determinada edad (por ejemplo, 18 o 25 años)”, explica. Algo que le diferencia de la renta básica universal, “un ingreso permanente y que no está vinculado a la edad”, una medida semejante de redistribución que Bauluz considera complementaria.

Hay dos escuelas de pensamiento sobre el dinero que deberían percibir los mayores de edad, añade Bauluz. La del veterano economista británico de la London School of Economics Tony Atkinson, fallecido en 2017, y la que expone en ‘Capital e ideología’ Thomas Piketty, a la sazón fue director de tesis de Bauluz. El primero proponía en ‘Inequality: What Can Be Done?’ un pago de 5.000 libras (al cambio actual, unos 5.820 euros) al cumplir la mayoría de edad, mientras que el segundo elevaba la cantidad hasta los 120.000 euros a ser entregados tras cumplir los 25. Un equivalente al 60% de la riqueza media francesa, señala el economista español.

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Bauluz es más partidario de que este pago “no sea demasiado pequeño si se pretende que corrija las desigualdades de riqueza y que facilite una mayor igualdad de oportunidades entre los jóvenes”, aunque recuerda que es su opinión y no la del grupo, que no se desarrolla en el trabajo. Una posibilidad viable en España a medio camino entre la propuesta del británico y la del francés sería el equivalente de la renta media, que en 2019 se encontraba en 22.204 euros.

¿Importa en qué se gastarán el dinero?

La otra gran cuestión que envuelve la discusión acerca de esta herencia pública es si sería necesario someterla a algún tipo de condicionalidad. El informe España 2050 señala que “podría usarse para adquirir la primera vivienda, financiar la creación de un negocio o completar la formación”, pero no especifica si sería obligatorio o una mera sugerencia. Una vez más, hay dos visiones sobre este asunto.

"La desigualdad intergeneracional en España se ha disparado en los últimos años"

Atkinson, recuerda Bauluz, “sí considera que vincular la herencia a un fin concreto como comprar una vivienda, comenzar un negocio o ampliar la educación podría ser importante”. La alternativa es que no tenga ningún tipo de condicionalidad, algo que defiende Piketty, ya que su objetivo no es solo proporcionar a los jóvenes una ayuda de inicio, sino también “facilitar la circulación de la propiedad” que “parte de valores muy elevados”. Como recuerda el economista, el 10% más rico de los países desarrollados posee entre el 50 y el 70% de la riqueza de cada país, por lo que redistribuir las herencias serviría para reducir esa tendencia a la concentración.

En las célebres 15 propuestas de Atkinson, esta medida se compatibilizaba con otras como un empleo público garantizado por el sueldo mínimo, una tasa de interés sobre los ahorros, una estructura de impuestos más progresiva para los ingresos, una renta básica para niños o una institución de inversión pública. Medidas originales que probablemente formarán parte del debate económico durante las próximas décadas.

Redistribuyendo las herencias

Si la medida resulta relevante en un país como España es porque intenta atajar uno de los problemas que se han agudizado en las últimas décadas, que es la desigualdad económica entre generaciones, y que “aquí ha crecido de manera espectacular en los últimos años”, como señala Bauluz. “Mientras que la riqueza media de una persona de 65 años era dos veces el de una de 35 en 1999, en 2016 (último año con datos disponibles) era cinco veces”. Una evolución que nos asimila a EEUU, “otro país con una gran desigualdad intergeneracional de riqueza”, como él mismo explicaba en una investigación.

¿Cómo hemos llegado a este punto en España? Por un lado, “la creciente inestabilidad laboral y los efectos de la Gran Recesión, que afectó de forma mucho más marcada a los jóvenes” y que ha reducido la posibilidad del acceso a la vivienda en propiedad. Por otro, y de forma paralela, el “incremento muy pronunciado” del patrimonio de las personas mayores, precisamente por las mismas razones. Es decir, “el fuerte incremento del precio de los activos inmobiliarios (como la vivienda) o los mobiliarios (como las acciones o los fondos de inversión)”, algo común a otros países de nuestro entorno. “Aquellos que accedieron a la propiedad de estos activos cuando su precio aún era bajo han sido los ganadores de este fenómeno”.

Como recuerda Bauluz citando un trabajo de Yonatan Berman y Salvatore Morelli, colaboradores de Atkinson, la distribución de la riqueza suele estar muy concentrada, lo que afecta de manera negativa a la igualdad de oportunidades. “Es cierto que la desigualdad intergeneracional en España es muy alta, lo que refuerza la necesidad de facilitar que los jóvenes accedan a un mínimo capital al inicio de sus vidas”.

"Los jóvenes no necesitan una red de seguridad, necesitan un trampolín"

Una de las cuestiones más espinosas es cómo conseguir redistribuir la herencia sin encontrar un rechazo frontal de la sociedad, ya que una de las formas de financiación sería a través de un impuesto a las herencias (por ejemplo, de un 10%), aunque también cabe la posibilidad de que provenga de otra partida. Bauluz tiene una idea, la integración del impuesto de sucesiones y donaciones con el de plusvalías, y que ese nuevo impuesto recaiga de igual manera sobre los activos inmobiliarios y los mobiliarios:

“Mientras que el primero suele ser progresivo (aunque en la práctica se ve afectado por un excesivo número de exenciones y demasiadas diferencias entre comunidades autónomas), el segundo recae sobre la transmisión del patrimonio inmobiliario, que es el principal activo de las clases medias. Esto probablemente haga que el conjunto de los dos impuestos tenga un carácter regresivo y que la sociedad percibe que paga muchos impuestos sobre las herencias”. La integración “permitiría que la sociedad fuese más receptiva a la redistribución de herencias, pues sería mucho más claro cuánto se paga por las herencias, así como qué grupos pagan un porcentaje mayor”. Además, considera que sería interesante que el valor de la herencia fuese proporcional al número de años que se ha residido en España: "Así, alguien que lleva toda su vida recibiría la cuantía total, mientras que alguien que acaba de llegar en el momento de cumplir la edad, no la recibiría".

Una historia de la herencia pública

Aunque las propuestas más conocidas son las de Atkinson y Piketty, el debate sobre un pago mínimo público a los mayores de edad lleva presente desde hace décadas. Uno de los principales exponentes es el profesor de Políticas Sociales de la London School of Economics Julian Le Grand, asesor entre 2003 y 2005 del gobierno laborista. “Es una gran contribución del gobierno español que estén haciendo un ejercicio de visión tan amplia y, por supuesto, me encanta que hayan elegido esta idea”, explica a El Confidencial.

Le Grand proponía un “capital básico universal” de 10.000 libras que se cobraría el cumplir los 18 años, aunque en algunos casos podría repartirse al nacimiento. Su financiación provendría o bien de un impuesto a las herencias o a la renta. En su opinión, es una medida mucho más útil que la renta básica universal, ya que “la RBU afronta el problema incorrecto en lo que se refiere a los jóvenes: no necesitan una red de seguridad, que es básicamente lo que proporciona la RBU. Más bien, necesitan un trampolín: algo que les ayudará a lanzarse a la vida adulta, que les dará independencia y autonomía, libertad para elegir su propio camino y recursos que les ayuden a superar cualquier barrera con la que se encuentren”.

Por esa razón, Le Grand es también un defensor de la incondicionalidad del pago. “Al final, los adultos tienen que ser responsables de sus propias vidas, y los jóvenes tienen que aprender, así que el pago debería ser incondicional”, valora el economista. “Por supuesto que habrá quien malgaste el dinero o lo gaste de una forma que las generaciones mayores desaprueben, pero creo que serán pocos, especialmente si el montante es elevado”. Le Grand se alinea así con la visión ‘pikettista’: “La gente que recibe pequeñas cantidades, como en una lotería, a menudo lo gastan rápidamente; pero si reciben una cantidad que puede cambiar potencialmente su vida, al igual que ocurre con la renta básica es más probable que lo usen como inversión o ahorro”.

¿La solución? Una ceremonia oficial donde se entregase a cada joven su dinero

El experimento más cercano a una herencia pública, o capital básico, como se refiere Le Grand, fue el Child Trust Fund que el gobierno puso en marcha en 2003 y que otorgaba 250 libras a cada recién nacido. “Era una forma de UBC, implicaba un pago garantizado a cada bebé nacido en Reino Unido”, explica el economista a El Confidencial. “Pero tenía dos problemas: era demasiado pequeña, y ya como se otorgaba en el nacimiento, y no en la juventud, los beneficios eran muy lejanos. Así que fue uno de los primeros caídos en los recortes después del 'crash' financiero”.

La medida concluyó en 2011, en los años de la austeridad, sin que nadie la echase de menos. Como recuerda el economista, “tal vez se trataba de una medida muy amplia y poco profunda”. Le Grand aprendió dos lecciones de aquel episodio. El primero, que debe organizarse de manera que si se elimina, se note, “especialmente entre las clases medias”. “La pérdida debería ser grande, obvia e inmediata, no la sensación vaga de una pequeña pérdida que ocurrirá dentro de 18 años”. ¿La segunda? Una ceremonia oficial donde se entregue a cada joven su dinero y se celebre que ya puede votar, algo que se echaría en falta si se eliminase. Una ‘quinceañera’ del Estado de bienestar. ¿Veremos ceremonias de 'herencia pública universal' algún día en España?