Seis datos que muestran que los jóvenes están peor que cuando estalló el 15-M
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Una década sin salir de la crisis

Seis datos que muestran que los jóvenes están peor que cuando estalló el 15-M

El movimiento de los jóvenes indignados nació para cambiar el país y la sociedad, o al menos cambiar el reparto de rentas entre la población. 'Spoiler': no tienen mucho que celebrar

placeholder Foto: Una pancarta del 15-M en una manifestación en Valencia. (EFE)
Una pancarta del 15-M en una manifestación en Valencia. (EFE)

El movimiento del 15-M fue una gran esperanza para decenas de miles de jóvenes que cargaban sobre sus hombros los principales costes de la burbuja financiera, inflada durante más de una década por las generaciones que los precedieron. La 'juventud sin futuro' buscaba la fuerza del grupo para virar un sistema que estaba dejándola al margen. Consiguieron tocar conciencias con una repercusión mundial, sin embargo, una década después, ha pasado ya el tiempo suficiente como para valorar si ha cambiado en algo la situación económica de la juventud. El estallido de la pandemia obliga a realizar un doble análisis, por una parte, el de todo el ciclo expansivo (2013-2019), para conocer si los jóvenes participaron de la recuperación económica y, por otra, el de la crisis del coronavirus, para corroborar si en esta ocasión los costes de la crisis se han repartido de otra forma.

En lo que se refiere al mercado laboral, la situación de la juventud es tan mala como lo era en 2011 o incluso peor. El número de trabajadores ocupados muestra con crudeza cómo el único grupo de edad en que ha caído el empleo es el de los jóvenes. Según los registros de la EPA, antes del estallido de la pandemia había casi un millón de trabajadores jóvenes menos que en el año 2011, contabilizando aquí como jóvenes a las personas entre 20 y 34 años de edad.

Este dato muestra que la recuperación del empleo ha pasado de largo por los jóvenes, ya que en pleno pico del ciclo económico había todavía un millón de jóvenes trabajando menos que en el peor momento de la crisis inmobiliaria. Este dato no se repite en otras franjas de edad. Por ejemplo, en el grupo de edad que va desde los 50 hasta los 59 años, el número de ocupados ha crecido en 1,2 millones de personas.

[Consulte aquí los principales indicadores económicos]

Y en 2020 estalló otra crisis inesperada, la del coronavirus, y el reparto de las consecuencias volvió a cebarse con los jóvenes. A lo largo del año, el número de ocupados se redujo casi un 3%, pero la caída del empleo juvenil fue mucho peor, de más del doble, alcanzando el 7,6% de empleos perdidos. Una vez más, se llevaron el peor golpe de la crisis.

Como consecuencia, en el año 2020 el número de ocupados de 20 a 34 años de edad superó por poco la cota de los 4,35 millones de personas, lo que supone un descenso del 24% respecto al año 2011. En estos 10 años que han pasado desde el fondo de una crisis hasta el siguiente, se han perdido más de 1,3 millones puestos de trabajo ocupados por jóvenes.

La tasa de empleo de los jóvenes (el número de ocupados sobre el total de población) mejoró levemente durante los años de expansión económica gracias a que este grupo de edad es menos numeroso como consecuencia de la caída de la tasa de natalidad. En el año 2019, la tasa de empleo de los jóvenes alcanzó el 62%, casi 2,5 puntos más que en 2011, gracias a la reducción de población en esta franja de edad. Sin embargo, con la crisis, la tasa de empleo ha vuelto a retroceder hasta el 57%, esto es, 2,5 puntos por debajo del nivel de 2011. Se trata del único grupo de edad en que la tasa de empleo está por debajo de los niveles de hace una década. En el caso de la población de 40 a 49 años, la tasa de empleo ha aumentado en 6,5 puntos, y en el de 50 a 59 años, se ha incrementado en casi ocho puntos.

Pero el desempleo no es el único problema al que se enfrentan los jóvenes. La mayoría de los que tienen un trabajo se enfrentan al drama de la precariedad con contratos temporales y a tiempo parcial que les condena a la pobreza laboral. Antes de la pandemia, el 19,4% de los trabajadores entre 25 y 29 años tenía un contrato a tiempo parcial, esto es, casi uno de cada cinco. Esta tasa de parcialidad ha aumentado en 3,5 puntos desde el año 2011. Es cierto que la parcialidad ha crecido en casi todos los grupos de edad, pero en ninguno como entre los jóvenes, lo que implica un deterioro de su situación laboral a pesar de la recuperación.

La precarización del empleo juvenil también se ha producido por la vía de los contratos temporales. Miles de jóvenes entran y salen del mercado laboral cada semana con contratos por horas que no solo aumentan el riesgo de pobreza, también dificultan la acumulación de capital humano (formación o experiencia). Antes del estallido de la pandemia, el 51% de los jóvenes de 20 a 29 años ocupados tenía un contrato temporal, esto es, 7,5 puntos más que en el año 2011. En ningún otro grupo de edad ha crecido tanto la temporalidad, hasta el punto de que los jóvenes sufren el doble de temporalidad que el resto de la población.

Todos estos datos del mercado laboral evidencian que los jóvenes no solo fueron los perdedores de la crisis financiera, tampoco consiguieron incorporarse a la recuperación de los años posteriores y finalmente han terminado siendo el grupo de edad más afectado por la recesión del coronavirus. A pesar del movimiento 15-M, su situación actual sigue siendo tan dramática como lo era hace una década. O incluso más.

El resultado del deterioro de su situación laboral es el importante aumento del riesgo de pobreza entre los jóvenes en la última década. En este caso, todavía no hay datos disponibles del año 2020, por lo que la comparativa se tiene que limitar a los años de recuperación. En este periodo, la tasa de riesgo de pobreza (medido como una renta inferior al 60% de la mediana) de los jóvenes se ha incrementado en 3,7 puntos. El 22% de los jóvenes entre 25 y 34 años está en riesgo de pobreza incluso después de las transferencias sociales de las administraciones públicas.

Esto significa que los jóvenes no solo no participaron de la recuperación, sino que también siguen al margen de las ayudas públicas. Casi uno de cada cuatro jóvenes está en riesgo de pobreza, un dato que muestra con crudeza la situación tan vulnerable en que vive la juventud, sin que se haya hecho nada en una década para solucionarlo. El grueso de las transferencias sociales se dirige a los jubilados, lo que explica el fuerte incremento de su renta media en los últimos años y la caída de la tasa de pobreza hasta el 14,5% tras reducirse en más de cinco puntos desde el año 2011.

Diversos organismos internacionales han advertido a España durante estos últimos años del desequilibrio en sus ayudas públicas, que se centran en los más sénior y dejan al margen a los jóvenes. En un informe publicado justo antes de la pandemia, el FMI advertía de que la concentración de las transferencias sociales en el grupo de población que supera los 65 años de edad “implica que la redistribución fiscal se centra en los mayores”, mientras que “la cohorte de los jóvenes queda particularmente en desventaja”. El Fondo alertaba en ese informe de que este desequilibrio en la atención pública por edades genera “problemas intergeneracionales” y ha sido incapaz de “prevenir la pobreza juvenil generalizada”.

El drama de la vivienda

Uno de los mayores problemas de los jóvenes es el del acceso a la vivienda. España, que tradicionalmente ha sido un país de propietarios, de pronto bloqueó la entrada de los jóvenes al mercado inmobiliario. En un primer momento, porque no se concedían hipotecas y, después, porque los precios han subido a un ritmo tan elevado en las ciudades que los jóvenes no pueden pagar una entrada y los impuestos de la compra.

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Antes de la crisis inmobiliaria, casi el 60% de los jóvenes emancipados entre 16 y 29 años tenía una vivienda en propiedad, y en el grupo de edad superior, de 30 a 44 años, el porcentaje de propietarios ascendía a casi el 75%. Desde entonces, estas tasas se han hundido y en el año 2019, antes de la pandemia, el porcentaje de propietarios jóvenes entre 16 y 29 años era de apenas el 25,5%, menos de la mitad que el nivel previo a la crisis. Y en el tramo de edad inmediatamente superior, de 30 a 44 años, el porcentaje de propiedad ha caído en 15 puntos, hasta situarse por debajo del 60%.

La expulsión de los jóvenes del mercado inmobiliario contrasta con el asentamiento de los mayores de 65 años: el 90% tiene vivienda en propiedad, esto es, 2,3 puntos más que en el pico de la burbuja inmobiliaria.

Pero el hecho de excluir a los jóvenes de la vivienda en propiedad tiene otro efecto muy relevante: ha impedido que se unieran a la recuperación gracias al ‘efecto riqueza’ que genera la subida del precio de su patrimonio. Las familias participan en el crecimiento de la riqueza durante las expansiones gracias a la revalorización de sus viviendas, pero quienes no son propietarios se ven excluidos de las fases de bonanza. Al contrario, las sufren porque también suben los precios del alquiler, de modo que se disparan sus costes.

El mejor indicador que mide el patrimonio de los hogares es el de la 'Encuesta financiera a las familias' que elabora el Banco de España cada tres años. Los últimos datos disponibles son los correspondientes al año 2017, de modo que están algo desfasados, pero permiten analizar la evolución de los primeros años de la recuperación. Los hogares cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 años han visto cómo su patrimonio neto (activos menos deudas) medio se hundía un 56% desde 2011 hasta 2017, pasando de 107.000 a 47.000 euros. No solo se trata del peor dato de todos los grupos de edad: además el dato de 2017 fue incluso peor que el de 2014, lo que indica que la situación de los jóvenes siguió empeorando al menos durante la primera fase de la recuperación.

Por el contrario, el patrimonio de los mayores de 74 años supera los 335.000 euros y ha pasado de ser un 150% superior al de los jóvenes en 2011 a ser un 600% mayor en 2017. Estos datos muestran cómo se ha producido una concentración de patrimonio en los grupos de más edad. Su principal fuente de renta, las pensiones, es inmune a las crisis y está blindada por los diferentes gobiernos, que han buscado de forma reiterada proteger el estatus de los pensionistas. A medida que han ido acumulando patrimonio, se han beneficiado de las rentas del capital, principalmente por la revalorización de los precios de la vivienda y por la subida del precio de los alquileres. Un escenario de acumulación de riqueza que solo se podrá romper con una intervención del sector público que de momento está desaparecida.

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