Moncloa rechaza el SMI por CCAA que propone Garamendi por romper la unidad de mercado

El idilio entre el Gobierno y la patronal empieza a resquebrajarse a costa del salario mínimo interprofesional (SMI). Si este miércoles la CEOE acusaba al Ejecutivo de precipitación después de que Sánchez anunciase su subida en un acto sin presencia del líder de los empresarios, este jueves Antonio Garamendi lanzaba su alternativa en forma de un SMI por territorios. La respuesta de Moncloa no se ha hecho esperar: un no tajante, al considerar que rompería la unidad de mercado.

A solo cinco días de la próxima reunión del diálogo social, que acabará con una revalorización del salario mínimo —haya o no acuerdo, y de momento no lo hay—, Garamendi, ha abogado por evaluar un cambio legislativo que permita que este se pueda diferenciar por territorios, para adaptarlo a una "España diversa", como ya se hace en la negociación colectiva.

"Sí creo que hay que evaluar un SMI que se acoplara a cada uno de los territorios de este país", ha afirmado Garamendi en declaraciones a Capital Radio, donde ha recordado que la negociación colectiva entre patronales y sindicatos varía en función de los territorios, ya que no aplican las mismas condiciones salariales en el convenio del metal del País Vasco que en otras comunidades.

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I. Gil

Pero el Gobierno no quiere entrar en los globos sonda lanzados desde la patronal, y ha rechazado la propuesta sin paliativos. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado en una rueda de prensa para presentar los datos de paro que un SMI por territorios "tendría efectos devastadores en términos de unidad de mercado". "Esto es por completo ajeno a la tradición jurídica y política del país", ha dicho Pérez Rey.

El secretario de Estado ha insistido en que "es el momento" de subir el SMI, pese a la caída de 118.000 afiliados medios a la Seguridad Social en el mes de agosto. "No hay ninguna duda", ha remarcado, tras insistir en que los buenos datos macroeconómicos deben tener su impacto en los trabajadores más vulnerables.

Con un tono más prudente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha rechazado la propuesta de la patronal, al considerar que sería muy compleja de establecer y la regulación estatal es la que debe primar en todo el país. "No sería conveniente hacer distingos añadidos en relación al territorio porque hay que garantizar que los trabajadores tengan unas condiciones laborales mínimas, dignas, desarrollen su actividad donde la desarrollen", ha defendido. En cualquier caso, Montero ha confiado en que se consiga un acuerdo con los agentes sociales para la subida del SMI y que la CEOE logre en la negociación "un equilibrio adecuado" entre el crecimiento del empleo y la mejora de las condiciones laborales.

La patronal señala al Estado

Pero el enfrentamiento aumenta a medida que pasan los días, y la patronal señala al Estado. Garamendi ha recordado que el alza del SMI no le cuesta nada a las arcas públicas, dado que las administraciones no actualizan conforme a su evolución los contratos suscritos con empresas adjudicatarias. "El Gobierno está muy tranquilo diciendo que hay que subirlo, pero al Estado le cuesta cero subir el salario mínimo", ha asegurado el líder de la patronal.

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"Que la gente se ponga en la piel de gente muy humilde que son empresarios", ha afirmado, al tiempo que ha recalcado que el salario mínimo no afecta a las empresas del Ibex ni a la mayoría de sectores que se encuentran bajo el paraguas de la negociación colectiva, sino que afecta fundamentalmente al sector agrario que aún atraviesa importantes dificultades.

"En los últimos tres años el SMI ha subido el 30%. Nadie dice que no haya que subirlo, solo decimos que no es el momento", ha concluido el presidente de CEOE, partidario de analizar una senda en el tiempo.