La revisión al alza del PIB rebaja dos puntos la deuda pública, hasta el 111,5%

La revisión al alza del crecimiento de la economía española durante el último trienio no es solamente un movimiento estadístico. Tiene, además, consecuencias relevantes en algunos de los indicadores clave que reflejan la situación de las finanzas públicas. En particular, sobre el peso de la deuda pública y del déficit en relación con el PIB. En ambos casos, supone una revisión a la baja de los dos parámetros. También sobre el nivel de gastos e ingresos públicos.

Lo que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística (INE) es elevar en casi 20.000 millones de euros (19.269 millones), hasta los 1,346 billones de euros, el PIB del año 2022 frente a la estimación anterior, lo que significa que el año pasado el volumen de deuda pública respecto del producto interior bruto se situó en el 111,5% del PIB. Este porcentaje representa un descenso de casi dos puntos (1,7 puntos) de lo estimado inicialmente al cierre de 2022. Es ya, incluso, inferior al último dato ofrecido por el Banco de España, que se refiere al 30 de junio de este año, cuando la deuda acabó suponiendo el 113,1% del PIB.

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Esto significa que el trienio de la pandemia (2020-2022), si puede llamarse así, se ha cerrado con un aumento del endeudamiento público equivalente a 13,3 puntos de PIB. O lo que es lo mismo, algo más de 179.068 millones de euros a los precios actuales.

Lógicamente, la revisión también afecta al déficit presupuestario —es decir, al desequilibrio entre ingresos y gastos del conjunto de las administraciones públicas—, que el año pasado se situó, según Hacienda, en 63.776 millones. En aquel momento, se estimó un déficit equivalente al 4,80% del PIB, pero con el nuevo cálculo el desequilibrio se sitúa en el 4,73%.

La revisión puede parecer residual, pero tiene su relevancia porque a la luz de los nuevos datos es más fácil, siempre que se cumplan las previsiones, que España se sitúe por debajo del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) ya en 2024, que fija un límite del 3% del PIB.

La revisión puede parecer residual, pero tiene su relevancia porque a la luz de los nuevos datos es más fácil que España se sitúe por debajo del PDE

El Gobierno, en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas en abril de este año, ha previsto, precisamente, cerrar el año que viene con un déficit equivalente al 3%, es decir, en la frontera del tope que marca el PDE, lo que significa que ahora tendrá mayor margen para cumplir ese objetivo. Y es importante porque las nuevas reglas fiscales, que entrarán en vigor en 2024, no modifican los viejos parámetros (60% de deuda y 3% de déficit), aunque se tengan en cuenta otras consideraciones a la hora de estimar ambos desequilibrios. Los límites paramétricos, al menos formalmente, seguirán vigentes.

Ahora bien, Bruselas lo eleva al 3,3%, mientras que en el caso del endeudamiento la Comisión Europea lo sitúa en el 109,1% (apenas 1,5 puntos menos que este año). La diferencia puede resultar pequeña, pero lo significativo es que la práctica totalidad del desequilibrio entre ingresos y gastos es de carácter estructural, lo que explica las dificultades para reducir el déficit, máxime cuando la formación del nuevo Gobierno puede dilatarse en el tiempo.

Déficit estructural

De la misma forma, aunque este siempre es un dato controvertido debido a que no es observable estadísticamente, el déficit estructural, que es realmente el que preocupa en la Comisión Europea, también se verá afectado. El déficit estructural, como se sabe, es el que excluye el componente coyuntural del déficit, lo que lo hace más representativo.

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El Gobierno ha llegado a estimar que en 2023, debido fundamentalmente a la marcha del empleo, el saldo estructural será equivalente al -3,4% del PIB. Esta cifra es la diferencia entre el déficit nominal previsto para este año (3,9 puntos del PIB) y el llamado saldo cíclico (0,5 puntos). Expresado de forma más directa: la mejora del déficit por la revisión estadística da más margen a España para cumplir los objetivos tradicionales de Bruselas, que exige rebajar cada año 0,5 puntos de PIB el déficit estructural.

El Gobierno considera que la senda de gasto incluida en el Plan Presupuestario cumple con las directrices de Bruselas. La Comisión Europea, pese a que continúa activa la cláusula general de escape, ha reclamado a los Estados limitar el crecimiento del gasto corriente y mantener un tono de la política fiscal "prudente y neutral". Esta recomendación se traduce en que el gasto nacional corriente primario debe crecer por debajo de lo que lo ha hecho a medio plazo. Ahora, será más fácil.

La revisión, igualmente, modifica el nivel de gasto e ingresos públicos en relación con el PIB, y debido a que este ha sido mayor de lo estimado inicialmente, el resultado es una reducción en ambos casos. El año pasado, los ingresos totales del conjunto de las administraciones públicas se situaron inicialmente en el 43%, pero lo que hace Estadística es bajarlos seis décimas, mientras que en el caso de los gastos la reducción es similar.