España tiene margen para retrasar la investidura sin frenar los fondos europeos
El país cuenta con recursos para seguir ejecutando el Plan de Recuperación durante la segunda mitad del año. Los problemas aparecen en un escenario de repetición de elecciones
Las demandas del Partido Popular se han cumplido y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, será el primer candidato a la Presidencia del Gobierno. El Rey decidió proponerle y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aceptó darle tiempo para buscar aliados. El debate de investidura se realizará dentro de un mes y, teniendo en cuenta que no posee los apoyos, es probable que sea necesario repetirlo en octubre, esta vez con el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Este retraso prolongará la situación de gobierno en funciones, al menos durante dos meses, en un momento clave para el ciclo presupuestario. Primero, porque coincide con los meses de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, de los objetivos de déficit y, lo que es más importante, la gestión del Plan de Recuperación, que ya va con retraso. Sin embargo, los expertos coinciden en señalar que España tiene margen para gestionar esta situación sin afectar a la inversión pública.
Los Presupuestos aprobados hace un año garantizan el mantenimiento de las inversiones públicas, ya que recogen las partidas para canalizar los recursos procedentes de Europa. Los ministerios tienen margen para modificar el destino de estos fondos y así cumplir con los nuevos compromisos de inversión. Esto significa que el Estado tiene el marco presupuestario para comenzar el año con prórroga, incluso para completar el año sin unas nuevas cuentas.
En cuanto a la gestión de los fondos europeos, los expertos coinciden en señalar que no habría excesivos problemas en el corto plazo. "El retraso en la investidura no tiene por qué afectar a la ejecución de los fondos europeos", explica Manuel Hidalgo, senior fellow de EsadeEcPol y uno de los mayores expertos en la ejecución del Plan. El motivo es que "la gestión de los fondos europeos es una cuestión básicamente administrativa, con convocatorias y licitaciones que muchas veces están muy lejos del Consejo de Ministros".
De hecho, la ejecución de las inversiones debería mantener la velocidad de crucero de los meses previos a las elecciones, ya que se mantienen los mismos equipos al frente de los ministerios. "Estamos en un escenario de más continuidad que si hubiese habido un cambio de Gobierno", explica Paloma Baena, directora senior de Asuntos Europeos y Next Generation EU de Llorente y Cuenca. De hecho, los principales problemas que han ocurrido en los últimos meses vienen derivados de los cambios de gobierno en algunas comunidades autónomas.
"Si seguimos en una situación de interinidad no se podrán cumplir las reformas pactadas y la solicitud de los pagos podría verse retrasada"
Los ministerios pueden seguir aprobando proyectos de inversión a través de decretos y también pueden repartir recursos a las CCAA a través de conferencias sectoriales. Los recursos están presupuestados y, por tanto, no existe ningún problema en el corto plazo. Sin embargo, si la ausencia de Gobierno se prolonga por meses y es necesario acudir a una repetición de elecciones, los problemas empezarían a acumularse. El motivo es que España tiene que seguir solicitando los siguientes pagos del plan de recuperación, pero un gabinete en funciones no puede ejecutar las reformas comprometidas con Bruselas que requieran la tramitación de una ley.
De hecho, el Gobierno debería haber solicitado ya el cuarto pago y no lo ha hecho porque no ha podido pasar alguna ley importante, como es la de Función Pública, que se estaba tramitando antes de la disolución de las Cortes. "Si seguimos en una situación de interinidad, no se podrán cumplir las reformas pactadas y la solicitud de los pagos podría verse retrasada", explica Baena. El Gobierno en funciones podría solicitar una extensión de los plazos e incluso pagos parciales de los distintos tramos, pero esto implica acumular más retrasos en la recepción de los recursos.
La conclusión es que la repetición electoral ya empezaría a afectar a la ejecución de los fondos europeos. Y eso teniendo en cuenta que los expertos ya descuentan que España no llegará a tiempo para absorber todos los recursos asignados en el plazo fijado (año 2026). "Si la formación de gobierno se retrasa durante varios meses, tendremos problemas para la recepción de los nuevos pagos si no hay un ejecutivo en plenas funciones", señala Hidalgo.
Mientras tanto, el Gobierno en funciones tendrá que culminar la negociación de la Adenda del Plan con la Comisión Europea. Bruselas retrasó su aprobación definitiva a la espera de la formación de un nuevo Gobierno, pero ya tiene poco margen para tomar una decisión. El motivo es que en diciembre tiene que cerrar los fondos comprometidos con los estados miembro. Esto significa que en octubre ya no tendrá margen para renegociar toda la adenda con un nuevo Ejecutivo en España, por lo que se aprobará lo que se está pactando en estas semanas.
En cuanto a las comunidades autónomas, seguirán recibiendo los fondos europeos que estén presupuestados. Lo que no tendrán son los objetivos presupuestarios, ya que el Gobierno ha anunciado que no los aprobará mientras siga en funciones. Eso significa que tendrán que mostrar responsabilidad presupuestaria para firmar unas cuentas que avancen hacia la estabilidad fiscal.
Las demandas del Partido Popular se han cumplido y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, será el primer candidato a la Presidencia del Gobierno. El Rey decidió proponerle y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aceptó darle tiempo para buscar aliados. El debate de investidura se realizará dentro de un mes y, teniendo en cuenta que no posee los apoyos, es probable que sea necesario repetirlo en octubre, esta vez con el líder del PSOE, Pedro Sánchez.