Un estudio de Hacienda constata el deterioro de la meritocracia en España

La desigualdad es uno de los males que afectan a la economía global. La concentración de riqueza y el ensanchamiento de las diferencias de renta provocan que se desaproveche el potencial de una parte de la población. Una parte de esa desigualdad es consecuencia de la diferencia de esfuerzo realizado a lo largo del ciclo vital, de modo que estaría socialmente justificada. La desigualdad que no tiene justificación y es un lastre económico es la de oportunidades. En la que el origen o la procedencia de cada joven determina la posición que terminará ocupando en el mercado de trabajo. La meritocracia brilla por su ausencia.

Un estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, pone de relieve que España es uno de los países europeos con mayor desigualdad de oportunidades. O desigualdad injusta, como escriben sus autores, los economistas Sara Ayllón, Pablo Brugarolas y Samuel Lado. Para hacerlo, calculan la evolución de la desigualdad de oportunidades desde 2005 hasta 2019 (año previo a la pandemia) y utilizan técnicas innovadoras a partir de la inteligencia artificial para afinar los cálculos.

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Los principales hallazgos que realizan es que el aumento de la desigualdad de renta que ha sufrido España en los últimos años se fundamenta en la desigualdad de oportunidades. "Documentamos un aumento sustancial de las desigualdades injustas que contribuyen a la desigualdad de ingresos en España, con un aumento de la proporción de la desigualdad total atribuida a desigualdad de oportunidades", señalan los autores. En el año 2005 la desigualdad de oportunidades explicaba el 43% de la desigualdad total en España y en 2019 era el 68%, "lo que representa un aumento sustancial durante el periodo". Si se mide según el índice de Gini, la desigualdad de oportunidades equivale a una subida del 37% hasta el 45%. "Esto sugiere que las desigualdades injustas se han vuelto más relevantes para explicar la desigualdad de ingresos en España durante este período", escriben los autores.

Uno de los hallazgos más relevantes es que la desigualdad de oportunidades no está correlacionada con el ciclo económico. Simplemente, España es un país en el que la meritocracia está disminuyendo, ya sea en las fases de expansión de la economía, como en las de contracción. La desigualdad de oportunidades "se está convirtiendo en un problema estructural en España que no se ajusta al momento en el que los individuos pueden encontrar más oportunidades cuando la economía está en crecimiento", señala el informe.

España ha empeorado su posición en el ranking europeo de "desigualdad injusta", pasando de ocupar la sexta posición en 2005 a la cuarta en 2019. Solo se sitúa en mejor posición que Serbia, Bulgaria y Rumanía. Estos datos ponen a España ante su propio espejo: la desigualdad de oportunidades no solo deslegitima el sistema a ojos de una buena parte de la población, sino que también genera ineficiencias económicas. La desigualdad que se crea durante la infancia difícilmente puede corregirse a lo largo del resto de la vida de los ciudadanos. De ahí que los autores recomienden encarecidamente concentrar mayores recursos públicos en este grupo social.

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Uno de los problemas que explican esta situación, según los autores, es el bajo nivel de gasto público que realiza España en mejorar la situación económica de los niños. De hecho, España es uno de los países con mayor riesgo de pobreza en la infancia. Los autores recomiendan elevar los ingresos públicos, especialmente eliminando beneficios fiscales del IVA, para destinar estos recursos a los niños. España tiene un gran margen de mejora tanto en términos de gasto educativo como de ayudas a las familias si se compara con el resto de países europeos.

Los autores señalan que estas ayudas podrían canalizarse a través de deducciones monetizables en el IRPF para los padres con hijos para que cuenten con un extra de recursos para su desarrollo. Otra de las opciones que señalan los autores es el despliegue efectivo del ingreso mínimo vital, una política diseñada por el Gobierno para ayudar a las clases más bajas y que está teniendo graves problemas para llegar a estos grupos sociales. "Es necesario agilizar el proceso de solicitud, reducir la carga administrativa y dotar de recursos para las solicitudes denegadas", escriben los autores.

Todas estas recomendaciones para avanzar hacia la igualdad de oportunidades no son nuevas, pero sí han sido ignoradas en España durante décadas. La prioridad política en este periodo ha sido satisfacer las demandas del envejecimiento, principalmente en pensiones. Y el problema para la igualdad de oportunidades es que en los próximos años el gasto público estará muy tensionado por el gasto en pensiones, sanidad y dependencia.