Calviño asegura que lo "responsable" es enviar la adenda a la UE antes de las elecciones

El Consejo de Ministros ha dado su aprobación definitiva a la adenda del plan de recuperación que enviará inmediatamente a la Comisión Europea. Se trata de la segunda parte del plan que permite movilizar el último tramo de las transferencias sin contrapartida que recibirá España y todo el montante de los préstamos, que asciende a 84.000 millones de euros. A nadie se le escapa que el Gobierno envía este segundo paquete de inversiones y reformas con las Cortes ya disueltas y en las vísperas de unas elecciones generales que podrían provocar un cambio de mayorías en el país. Esto significa dejar como herencia al próximo presidente un plan de gobierno ya pactado con la Comisión Europea. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha asegurado que ha tomado esta decisión por "responsabilidad" con España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha asegurado que, si presenta esta adenda, no es para limitar la acción del próximo Gobierno, sino para "no poner freno al plan de recuperación". España tenía de plazo hasta el 31 de agosto para enviar este documento, pero Calviño considera que tras las elecciones no habrá tiempo para conformar un nuevo Ejecutivo y elaborar todo el plan, de modo que "lo responsable es enviar la adenda en este momento", ha insistido. Eso sí, no ha querido responder a las preguntas sobre el margen que le quedaría al próximo Ejecutivo para cambiar los compromisos que adquiera el actual.

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Calviño también ha explicado que el nuevo texto incluye las aportaciones realizadas por los partidos políticos y los agentes sociales, de modo que no supone una hipoteca para el próximo Gobierno. Sin embargo, aunque los altos responsables del Ministerio de Economía hayan recopilado algunas de las propuestas de la oposición, no ha habido negociación ni consenso. En definitiva, el texto es una decisión unilateral del actual Gobierno. La vicepresidenta ha explicado que lo que sí incluye la adenda es "un análisis detallado de las propuestas" que ha recibido durante los meses de consultas. Y ha asegurado que el Partido Popular ha tenido tiempo suficiente desde diciembre, cuando presentó el proyecto de la adenda, para enviar más propuestas.

"No sé si el señor Feijóo no quiere seguir adelante con este tipo de inversiones y reformas", ha lamentado Calviño, quien asegura no comprender las críticas que está recibiendo por la aprobación de la adenda sin consenso. "Lo que tenemos que hacer es culminar la transformación estructural de la economía española", con el objetivo de "duplicar el crecimiento potencial de la economía española, pasando del 0,8% al 1,6%", ha asegurado.

Calviño ha señalado que la adenda permitirá mantener el ritmo de ejecución del plan de recuperación. "Hasta ahora, un 70% de los fondos recibidos ya está adjudicado", ha explicado la vicepresidenta. Sin embargo, adjudicación no significa gasto real, y Calviño ha rechazado ofrecer el detalle de esta ejecución pese a las preguntas de los periodistas. La Comisión Europea cifra el gasto realizado realmente hasta el final del año 2022 en menos de 8.000 millones de euros, lo que supone menos del 25% de los fondos recibidos hasta ese momento.

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La mayor parte de las transferencias adicionales que le corresponden a España respecto del plan de recuperación inicial (debido a que es uno de los países que peor desempeño económico tuvo durante la pandemia) se destinarán a los Perte, con especial atención al Perte chip destinado a la inversión en capacidad innovadora y productiva en el sector de los semiconductores. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) serán los encargados de canalizar la mayor parte de los préstamos que recibirá España y que irán destinados a financiar a las comunidades autónomas, a empresas y a hogares con tres objetivos fundamentales: mejorar la resiliencia económica, acelerar la transición verde e impulsar la inversión digital.

En cuanto a las nuevas reformas comprometidas, Calviño tampoco ha querido dar detalles, pero ha explicado que se centran en las Recomendaciones específicas por país de la Comisión Europea. Una de las recomendaciones más importantes que recibió España es la de aplicar una estrategia fiscal de "saneamiento gradual y sostenible". Esto significa realizar un ajuste del déficit público y conseguir embridar el desequilibrio de las pensiones que heredará el próximo Gobierno tras la vinculación de las prestaciones al IPC.