La fragmentación política complica que España pueda utilizar todos los fondos europeos

Las elecciones del 23 de junio han dejado un mapa político de difícil gobernabilidad. Aunque el bipartidismo ha salido reforzado, ninguno de los dos grandes bloques cuenta con mayorías suficientes. Además, el reparto de escaños en el Congreso complica que pueda gobernar la derecha, pero esta tiene mayoría absoluta en el Senado, lo que da lugar a dos Cámaras que pueden tener prioridades legislativas antagónicas. Con estos mimbres políticos, España tiene por delante tres de los años más importantes de su historia reciente, ya que tiene a su disposición más de 100.000 millones de euros de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por utilizar en los próximos tres años.

La tarea ya hubiese sido muy complicada incluso con una mayoría holgada para alguno de los dos bloques, debido al gran montante de recursos que tiene asignado España y al retraso en la ejecución acumulado en los últimos meses. Pero con las dos Cámaras fragmentadas y divididas, el cumplimiento de los hitos y objetivos de inversión y reformas se complica drásticamente.

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Para empezar, a España le queda poco más de medio mes para negociar la adenda al plan de recuperación que envió la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a Bruselas tras el anuncio de la convocatoria electoral. La Comisión Europea pretendía dar una prórroga al periodo de la negociación para esperar a la formación de un nuevo Gobierno que pueda cerrar el acuerdo hasta finales de agosto o principios de septiembre. Sin embargo, parece complicado que la investidura vaya a resolverse rápidamente, lo que significa que será el actual Ejecutivo en funciones quien culmine la adenda.

A partir de ese momento, llega lo difícil: aprobar reformas de calado y, muchas de ellas, tremendamente impopulares, que será necesario sacar adelante contra reloj. Es el caso, por ejemplo, de la implantación de una red de peajes antes de que acabe el año, la reforma fiscal propuesta por el comité de expertos del actual Ministerio de Hacienda o la subida del impuesto al diésel.

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Estas medidas, que serían complicadas para cualquier Gobierno con una mayoría holgada, se tendrán que acometer en una coyuntura de gran fragmentación y polarización. Pero los compromisos adquiridos por el Gobierno de Pedro Sánchez están escritos negro sobre blanco en los memorandos con la Comisión Europea y difícilmente podrán modificarse. También hay reformas ya aprobadas que todavía tienen que pasar el filtro de Bruselas. La más importante es la segunda parte de la reforma de las pensiones, orientada a elevar los ingresos del sistema, pero que se ha quedado muy lejos del incremento de los gastos comprometidos tras la indexación al IPC. La Comisión todavía tiene que validar esta reforma, que forma parte del tercer desembolso de los fondos europeos, que ya debería estar solicitado.

Además de las reformas, también será necesario desplegar rápidamente todas las inversiones pendientes, que ya van con retraso. No solo las correspondientes a los más de 70.000 millones del plan inicial (transferencias), también a los casi 95.000 adicionales que incorpora la adenda. Un reto mayúsculo en el que, además, tendrán que participar las comunidades autónomas y corporaciones locales, ya que son quienes detentan muchas de las competencias a potenciar con los fondos.

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El Partido Popular consiguió un gran poder territorial tras las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, lo que también puede generar un choque con el Gobierno central si Sánchez consigue sacar adelante una investidura muy compleja. Esto significaría más dificultades de entendimiento en las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas, tal y como ocurrió durante la pasada legislatura. Con la diferencia de que ahora el poder territorial del PP es muy superior.

Difícilmente podría complicarse más el mapa político para la absorción de los fondos europeos, cuya fecha límite es diciembre de 2026. Será el momento en que los partidos políticos tengan que demostrar sentido de Estado para que España no pierda una oportunidad histórica para relanzar y modernizar su economía.