Los salarios de más de 3,5 millones de trabajadores siguen con subida del 0%

La negociación colectiva avanza, pero lo hace tan lentamente que todavía más de 3,5 millones de trabajadores continúan sin haber actualizado sus salarios en 2022. Es decir, que en el año más inflacionista de las tres últimas décadas todavía no ha incorporado a sus nóminas alguna subida para compensar el avance de los precios.

Una cifra similar de asalariados puede estar en la misma situación, pero en este caso las cifras son una aproximación, ya que tradicionalmente alrededor de 10-11 millones de trabajadores están amparados por un convenio colectivo, cuando el número de trabajadores por cuenta ajena del sector privado, a la luz de la última Encuesta de Población Activa (EPA), se sitúa por encima de los 14 millones, el resto son empleados públicos o autónomos.

Los datos proceden de un reciente informe de CCOO, que estima que alrededor de un tercio de los trabajadores por cuenta ajena con convenio siguen sin renovar sus relaciones laborales en materia salarial. Sí lo han hecho, por el contrario, otros 7,6 millones de asalariados, lo que significa que si se suman ambos colectivos, el incremento promedio de los salarios sería, en realidad, del 1,8%, y no del 2,6% que puede extraerse de los datos que periódicamente recoge el Ministerio de Trabajo. La inflación interanual, como se sabe, se situó en septiembre en el 8,9%, por lo tanto, muy lejos de la revisión salarial.

Las cifras más recientes de Trabajo, referidas al pasado 30 de septiembre, muestran que hasta ese día se habían firmado 653 convenios colectivos, menos de la mitad de los que se cerraron el año pasado (1.436), de los que 151 corresponden a nuevas unidades de negociación. Los más afectados por el retraso son los convenios de empresa, cuya evolución es sensiblemente más lenta que en el caso de los de ámbito superior (sectoriales o nacionales).

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El 2,6% en que se sitúa la variación salarial media para el conjunto de la negociación colectiva apenas representa tres décimas más que en 2019, inmediatamente antes de la pandemia, pese a que entonces la inflación media del año fue del 0,7%.

Esa media, sin embargo, es poco representativa, ya que el 57% de los trabajadores que han cerrado sus relaciones laborales ha pactado subidas iniciales que no superan el 2%, mientras que únicamente el 26% ha asegurado incrementos por encima del 3%, también muy lejos del encarecimiento de la cesta de la compra. Esto se debe a que las cláusulas de revisión salarial, pese a que su número ha crecido en 2022, siguen siendo escasas respecto de períodos anteriores, lo que hace que no se produzca una actualización automática de los sueldos, con las consecuencias que tiene en cuanto a pérdida de poder adquisitivo y, por ende, un deterioro del consumo privado, que es el motor de la economía. Y no todas garantizan el 100% de la desviación.

Los últimos datos de la Comisión Consultiva de Convenios reflejan que apenas la cuarta parte de los trabajadores están amparados por una de esas cláusulas, cuando hace 15 años protegían al 70% de la población con convenio colectivo. Como sostiene CCOO, existe una gran disparidad por sectores: las cláusulas de garantía salarial protegen al 48% de los trabajadores con convenio de la industria, pero solo al 15% de los del sector servicios.

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Según Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, los sectores en los que más se ha avanzado han sido aquellos en los que se han registrado movilizaciones en los últimos meses, en particular la siderometalurgia, que estaría a la cabeza de las compensaciones salariales para hacer frente al alza de los precios. En el convenio del metal de Tarragona, con una vigencia de cuatro años, se ha pactado, por ejemplo, un incremento del 6,4% para este año, un 3,4% para 2023, un 2,8% para el siguiente y un 2,25% para 2025.

Es decir, se asume pérdida de poder adquisitivo, pero mucho más atenuada que para la mayoría de los asalariados. En el metal de Ourense, igualmente, las subidas son superiores al 5%. En el metal de Álava, de la misma forma, las subidas son superiores al 6%. El País Vasco, de hecho, es la comunidad donde más están subiendo los salarios, alrededor de un 4%, según el Consejo de Relaciones Laborales, lo que tiene en parte que ver con su especialización productiva. Los sueldos tienden a subir más en la industria que en el sector servicios. En Guipúzcoa, por ejemplo, la subida media es del 6%, según la misma fuente.

Por el contrario, en sectores como el de la banca, cuya vigencia es cuatrienal (entre 2019 y 2023), la pérdida de poder adquisitivo es significativa, lo que explica que los sindicatos hayan convocado movilizaciones para los próximos días. Las últimas reuniones celebradas con las patronales AEB y CECA han dado resultados infructuosos. Los sindicatos han convocado ya una gran manifestación en Madrid para el próximo 3 de noviembre en defensa del poder adquisitivo de los salarios.

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Esta moderación salarial puede explicar en parte que, en un contexto tan difícil, el número de empresas que se acogen a la posibilidad de descolgarse de la subida salarial pactada en convenio, lejos de crecer, esté bajando. Según el Ministerio de Trabajo, hasta septiembre se han depositado en los registros de las autoridades laborales un total de 411 inaplicaciones de convenios, que afectan a 350 empresas y a apenas 16.352 trabajadores. Si se comparan la evolución de las inaplicaciones con el mismo periodo del año anterior, se observa que se han depositado un 4,4% menos de descuelgues, que además afectan a un 7,9% menos de trabajadores.

Los efectos económicos pactados entre sindicatos y los empresarios se aplican sobre una negociación colectiva que históricamente se traduce en la firma de más de 5.000 convenios colectivos, de los que más del 80% son de empresa.

La tendencia en los últimos años es alargar su duración, y hoy la media de vigencia son 3,2 años. Esto hace que la conflictividad laboral, habitual en otros periodos históricos, sea hoy reducida, ya que fueron los representantes de los trabajadores quienes pactaron los incrementos, aunque en un contexto inflacionista muy diferente. Ahora, y a la vista de la evolución del IPC, lo que se pretende es, precisamente, revisar esas subidas por la vía de la movilización. Entre otras cosas, porque las negociaciones con la patronal CEOE para renovar el acuerdo global de negociación colectiva están bloqueadas. Como el pacto de rentas que algún día impulsó la vicepresidenta Calviño y auspicia el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.