¿Inflación de segunda ronda? Ni está ni se la espera

Es conocido que hay una inflación buena cuando se sitúa en torno al 2% anual, como han demostrado multitud de trabajos académicos, y una inflación mala cuando se aleja de ese objetivo —por arriba o por abajo— de forma significativa. Pero hay una inflación todavía peor, que es la subyacente. Es decir, aquella que excluye los productos más volátiles: alimentos no elaborados y precios de la energía.

Se trata, como se sabe, de la inflación estructural, que es la más peligrosa porque refleja que el alza temporal de los precios se ha colado por las cañerías del sistema económico y llega para quedarse. Mientras que la evolución de los alimentos no elaborados o de la energía depende, fundamentalmente, de factores de oferta (clima o volumen de suministro de los carburantes), la subyacente incorpora una inflación de segunda ronda. O, lo que es lo mismo, supone que los agentes económicos han convertido un alza de los precios de carácter coyuntural en estructural.

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¿Qué está sucediendo actualmente con el repunte de la inflación? Pues ni más ni menos que, por el momento, la inflación de segunda ronda —desde luego en España— es escasamente relevante. Una simple comparación lo pone de relieve. Mientras que la tasa anual del IPC se situó en noviembre en el 5,5%, la subyacente ha escalado hasta el 1,7%. Por lo tanto, hay una diferencia de 3,8 puntos. Se trata de la mayor distancia en cuatro décadas, cuando los precios de la energía se dispararon por los dos choques petroleros de los años 70, y se sitúa muy por debajo de lo que sucede ahora en la eurozona. El IPC avanzó en noviembre un 4,9% en la zona euro, pero la inflación subyacente, eliminando los productos más volátiles, lo hizo un 2,6%. Hay, por lo tanto, una diferencia de 2,3 puntos.

Economía real

La distancia puede parecer pequeña, pero lo que refleja es que en España el alza de los carburantes y de los alimentos no elaborados, por el momento, se ha trasladado escasamente a la economía real. Es decir, a la inflación subyacente. Mientras que en los últimos 12 meses (noviembre sobre noviembre) el IPC general ha pasado del -0,8% al 5,5%, en el caso de la estructural ha pasado del 0,2% al 1,7%. Por lo tanto, su impacto ha sido mucho más limitado.

Aún es pronto para saber lo que ocurrirá en 2022, pero nada indica que los salarios —que es el componente que más influye en los costes de las empresas— abran la vía a una inflación de segunda ronda. Principalmente, al contrario de lo que sucedió en los años 70 y 80, porque las cláusulas de revisión salarial, que se activan cuando el IPC se desvía respecto del incremento pactado en convenio, son hoy mucho menos relevantes. Hasta el pasado mes de noviembre, según la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, apenas el 16,7% de los trabajadores tenían derecho a esa compensación. La presencia de cláusulas de garantía salarial es ligeramente superior en los convenios supraempresariales (16,8% de los trabajadores) que en los de empresa (15,4% de los asalariados). En 2008, al comienzo de la anterior crisis, el 67,3% de los convenios incorporaba una cláusula de garantía.

Esto explica que este año se vaya a producir una pérdida importante en el poder adquisitivo de los salarios (la inflación media a lo largo del año se situará en torno al 3%, mientras que las nóminas habrán subido un 1,5%). Y, si los salarios no incorporan la subida de los precios, eso significa que la presión sobre la inflación es sustancialmente menor.

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No parece que en 2022 se vaya a revertir esta situación habida cuenta de que en los últimos años la duración media de los convenios colectivos ha tendido a crecer de forma muy significativa, lo que supone que muchos de los que están vigentes seguirán sin incorporar las cláusulas de garantía salarial. Lógicamente, salvo pacto en contrario. Según un informe de CCOO, la duración media de los convenios colectivos se sitúa en 3,8 años. En el caso de los convenios de empresa, baja hasta los 3,6 años, pero sube a 4,6 en los de ámbito superior. Hay que tener en cuenta, además, que ya no está vigente el último Acuerdo sobre Negociación Colectiva firmado por sindicatos y patronal, que expiró el año pasado. Este acuerdo preveía incrementos anuales del 2% más un 1% adicional en función de diferentes variables.

La ausencia de una inflación de segunda ronda significativa se manifiesta, igualmente, en algunos subíndices muy relevantes. El precio de los alimentos elaborados —menos influidos por circunstancias coyunturales— está creciendo a un ritmo del 2,5%, menos de la mitad que lo hace el IPC general, mientras que los bienes industriales sin productos energéticos lo hacen al 1,5%. Igualmente, el subíndice alimentos (elaborados o no), bebidas y calzado crece un 3%, también muy por debajo del IPC general.

La inflación toca techo

Obviamente, esto no significa que el camino esté despejado si persisten los incrementos de la energía. Pero sirva como referencia que Funcas estima que, dentro justo de un año, en diciembre, el IPC anual se sitúe ya en el 0,4%, frente al 5,5% actual. Eso quiere decir que, de alguna manera, se descarta una inflación de segunda ronda. El pico del actual ciclo alcista de la inflación, según sus previsiones, se situará en el 5,8% en diciembre de este año y, a partir de ahí, iniciará una clara tendencia a la baja (el IPC lo que mide son tasas de variación respecto a un periodo precedente).

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya señaló en un ‘paper’ publicado en septiembre de este año, escrito por dos de sus más destacados economistas, que el repunte de la inflación en los países avanzados será de naturaleza temporal. Entre otros motivos, porque el poder sindical está muy debilitado y hoy los trabajadores no tienen capacidad real para presionar a los empleadores en busca de incrementos salariales que compensen el alza de los precios. “El poder de negociación de los trabajadores”, sostiene el informe, “se ha erosionado con el tiempo en muchas economías de la OCDE”, como revelan algunos estudios recientes.

Muy diferente es que la economía española importe a lo largo de 2022 inflación no energética y que luego se traslade a los costes de producción. En este caso, las empresas tendrían que repercutir los incrementos generando una espiral de precios de intensidad incierta. Entre las incertidumbres también se encuentra el efecto que pudiera estar teniendo sobre la inflación la política ultraexpansiva del Banco Central Europeo (BCE). En todo caso, la revisión de la política monetaria adoptada hace unos meses por el BCE le da mayor margen de maniobra para mantener los estímulos a lo largo de 2022, ya que obliga a tener en cuenta los años de muy baja inflación.