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El IPC devora 40.000 millones en ahorro y una pérdida histórica del poder de compra
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LA ESCALADA DE LOS PRECIOS

El IPC devora 40.000 millones en ahorro y una pérdida histórica del poder de compra

El repunte de la inflación está provocando efectos inesperados hace pocos meses. Los salarios pierden poder adquisitivo y los ahorradores ven cómo su dinero vale menos

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La inflación continúa haciendo estragos en la economía. Y lo hace de una forma especialmente adversa para quienes tienen su ahorro colocado en depósitos —rentabilidad cero— o para aquellos cuyo poder adquisitivo depende fundamentalmente de los salarios, que son la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta ajena.

En el primer caso, el coste del repunte de los precios habrá costado en 2021 alrededor de 40.000 millones de euros. En el segundo, no menos de 13.700 millones. En total, cerca de 54.000 millones que son consecuencia de que el índice de precios de consumo (IPC) se situó en noviembre respecto del mismo mes del año anterior en el 5,6%, el máximo en casi tres décadas. Sin contar los otros efectos que tiene sobre la economía en forma de competitividad —el diferencial respecto de la zona euro se ha ensanchado hasta 1,3 puntos— o sobre otro tipo de rentas, cuyo poder de compra se ve mermado.

Los datos del Banco de España muestran, en concreto, que el volumen total de depósitos en manos de los agentes económicos se situó en octubre en 1,57 billones de euros, de los que el 60% corresponde a los hogares, el resto a fondos de inversión o a las administraciones públicas. Teniendo en cuenta que la inflación media se ha situado en un 2,5%, eso significa una pérdida de más de 39.000 millones de euros.

En el caso de los salarios, la pérdida de poder adquisitivo tiene que ver con que el incremento medio pactado en convenio colectivo se sitúa hasta el pasado 31 de octubre en el 1,6%, muy por debajo del 2,5% en media anual. Y todavía más lejos si se compara con la evolución del IPC en términos acumulados: el 5,6% en noviembre sobre el mismo mes del año anterior. La media anual es más representativa, porque refleja el efecto de la inflación a lo largo del año, y no solo durante un periodo más corto. Si la comparación se hace con los salarios pactados en convenios de empresa —con un impacto mucho menor en términos agregados— y no en los sectoriales, la pérdida de poder adquisitivo es todavía mayor, ya que la revalorización apenas llega al 1,1%. Por lo tanto, menos de la mitad de lo que han crecido los precios.

Familias de renta baja

La acción combinada de ambos efectos explica, lógicamente, la pérdida de renta disponible de las familias, cuya principal fuente de ingresos es el salario. También el volumen de empleo, que, por el momento, resiste. El deterioro afecta, principalmente, a los hogares con ingresos más bajos que viven solo de la nómina. Como ha recordado este lunes el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el 'shock' inflacionista actual es “particularmente negativo para las familias de renta baja, que dedican una parte más elevada de su renta a los precios que más están aumentando, lo que reduce su capacidad de consumir otros bienes o servicios”.

En el caso de los salarios, igualmente, la menor capacidad de compra tiene que ver con que las cláusulas de revisión, que desde los años noventa se extendieron en la negociación colectiva, son cada vez menos relevantes. Hasta el punto de que apenas el 16,7% de los convenios contempla una revisión en caso de que los precios crezcan más que lo pactado entre trabajadores y empresa. En los mejores años de la negociación colectiva, más del 70% de los convenios preveía una compensación en caso de que se desviaran los precios respecto de lo previsto, pero el largo periodo de inflación baja que han vivido las economías desde la anterior crisis explica que los sindicatos y los comités de empresa prestaran escasa atención a la cláusula. Al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los pensionistas, a quienes el Estado garantiza su poder adquisitivo.

Foto: Protestas en Cádiz. (EFE/Román Ríos) Opinión

Aquel porcentaje, en todo caso, es superior al que existe en el conjunto del área del euro, donde solo en torno al 3% de los trabajadores del sector privado, según el Banco de España, tiene sus salarios indexados automáticamente a la inflación. Esto es, precisamente, lo que más preocupa al banco central y al propio Gobierno, que temen una espiral inflacionista vía salarios que es descartada por los sindicatos.

Objetivos incumplidos

No hay que olvidar que la remuneración de los asalariados es la rúbrica que más pesa en el PIB. En 2020, en concreto, los salarios de los trabajadores por cuenta ajena ascendieron a casi 547.200 millones de euros, lo que da idea de su importancia en términos económicos. La remuneración de los asalariados, de hecho, supone el 73% de la renta disponible de los hogares. Las rentas derivadas de la propiedad, por el contrario, apenas representan el 4% de la renta bruta de las familias (antes de pagar impuestos).

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El consumo privado, precisamente, estaba llamado a ser el principal tractor de la recuperación económica en el programa de estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas. Los técnicos de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, estimaron un crecimiento del 7% anual en 2021 y 2022, objetivo que hoy puede considerarse imposible de cumplir.

Detrás de esta previsión se encontraban tanto la salida de trabajadores en situación de suspensión de empleo como la apelación al ahorro acumulado en el último año y medio. Lo primero sí se está logrando, pero la irrupción de una nueva cepa del coronavirus ha disparado las incertidumbres. El Gobierno, igualmente, como se ha dicho, preveía un fuerte aumento del consumo por el pinchazo parcial de la burbuja de ahorro precautorio atesorado por las familias durante las restricciones a la movilidad. Ese ahorro, tras el repunte de los precios, es el que se ha visto mermado por el alza de la inflación. Y no hay que olvidar que el consumo de los hogares supone nada menos que el 55% del PIB.

La inflación continúa haciendo estragos en la economía. Y lo hace de una forma especialmente adversa para quienes tienen su ahorro colocado en depósitos —rentabilidad cero— o para aquellos cuyo poder adquisitivo depende fundamentalmente de los salarios, que son la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta ajena.

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