El crecimiento y la inflación aceleran la caída del déficit, pero no evitarán los ajustes

Los indicadores de la economía española correspondientes al tercer trimestre reflejan el mantenimiento de la inercia conseguida tras el final del estado de alarma el pasado mes de mayo. Esta evolución ha sorprendido positivamente: no en vano, en el segundo trimestre se registró el segundo mayor nivel de crecimiento trimestral del PIB de la serie histórica, solo por detrás del logrado tras el final del confinamiento en 2020. Al inicio del trimestre, las previsiones de los analistas apuntaban a un crecimiento próximo al 1,5% a lo largo del verano, pero las últimas cifras lo sitúan claramente por encima del 2%.

Es el caso, por ejemplo, del Banco de España, que en su informe trimestral, publicado el martes, sitúa en el 2,7% el ritmo de crecimiento del PIB a lo largo del verano, apenas una décima por debajo del segundo trimestre. El modelo de estimación en tiempo real (modelo 'nowcasting') de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) comenzó el trimestre en el 1% y esta semana ya está marcando una previsión del 2,2%.

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El repunte de la actividad está provocando varias consecuencias, entre las que se encuentran un avance de la inflación, porque la demanda excede a la oferta disponible, y una intensa recuperación del empleo. Estos dos factores están en la base de la rápida reducción del déficit que está logrando España este año. Al cierre del primer semestre del año, el saldo negativo de las administraciones públicas se redujo hasta el 4% del PIB, claramente por debajo del 6,3% del mismo periodo del año anterior.

Esta reducción de la ratio de déficit es puramente cíclica, ya que el Gobierno no ha retirado toda la batería de estímulos que puso en marcha durante la crisis. En otras palabras: es consecuencia de la recuperación económica y del repunte de los precios. Se están produciendo tres factores en paralelo que contribuyen a contener el déficit: crece la recaudación en términos reales, se reducen las partidas de gasto en protección social y aumenta el denominador de la ratio, el PIB nominal. De esta forma, sin necesidad de una política restrictiva, el déficit está bajando rápidamente.

El Banco de España ha rebajado su previsión de déficit para este año hasta el 7,6%. Esta cifra es casi un punto inferior al nivel de referencia que se fijó el Gobierno para este año. Si finalmente se confirma esta proyección, será la segunda mayor reducción de déficit de la historia, solo superada por la del año 2013, que estaba amplificada por el rescate financiero de 2012.

La contención del gasto público está teniendo un papel clave en este proceso de reducción del déficit. La creación de empleo está suponiendo un gran ahorro en prestaciones sociales, tanto para los ERTE como para el desempleo. Al inicio del año, había más de 700.000 trabajadores en ERTE, pero al final de septiembre serán ya menos de 260.000, mientras que el número de desempleados ha pasado de los 3,9 millones a ser menos de 3,4 millones.

En total, se han reactivado en torno a un millón de trabajadores desde el final de 2020, lo que supone un gran ahorro en prestaciones. Al inicio del año, solo las ayudas de los ERTE implicaban un gasto de más de 600 millones de euros; en julio ya habían caído a la mitad: 343 millones de euros, y en los próximos meses seguirán reduciéndose. El resultado es que el gasto público acumulado hasta el mes de junio es muy similar al del mismo periodo del año 2020, apenas 1.000 millones inferior.

Por el contrario, la recaudación va mejor de lo esperado gracias a la recuperación económica y a la inflación. Los ingresos de la Agencia Tributaria están creciendo hasta julio un 17%, el mayor salto de toda la serie histórica, y al cierre del mes ya marcaron máximos históricos. El IVA es el principal aportador, ya que se vende más y además a precios más caros. En total, la recaudación del IVA en los siete primeros meses del año superó los 44.500 millones de euros y se queda a menos de 300 millones de los máximos históricos previos a la pandemia. Con estos datos, España va camino de conseguir una recaudación récord con el IVA este año, y eso a pesar de que el PIB va a ser muy inferior al existente antes de la crisis.

El IRPF también avanza, aunque menos, ya que en 2020 estuvo protegido por las prestaciones de los ERTE, que también pagan IRPF. En cualquier caso, los salarios están subiendo cerca de un 1,5% y la creación de empleo está siendo muy intensa, lo que explica que la recaudación crezca un 9% respecto al año 2020. En total, la recaudación hasta el mes de julio fue de 59.000 millones, de modo que supera en más de 6.000 millones la recaudación histórica de 2019.

Además de la contención de los ingresos y el crecimiento del gasto, el aumento del PIB nominal reduce la ratio de déficit. En concreto, cada punto de crecimiento resta algo más de una décima al PIB. De ahí que el crecimiento estimado para la economía española este año, del 7,6% según el Banco de España, recortará en casi un punto el déficit público.

Coyuntural y estructural

Esta rebaja del déficit público se debe, casi íntegramente, a la evolución favorable de la actividad económica. Se trata, por tanto, de una mejora coyuntural que proseguirá en los próximos meses a medida que avance el PIB. Sin embargo, a medida que el crecimiento se vaya ralentizando, el ajuste del déficit será más lento, hasta el punto de estabilizarse a partir del año 2023.

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En ese momento, cuando España ya estará claramente fuera de la crisis, el déficit seguirá siendo superior al 3%, que es el umbral que marca la Unión Europea para situar a los países en el procedimiento de déficit excesivo. España entró en la crisis con un saldo negativo próximo al 2% y sale de la misma con unos números rojos de en torno al 3,5% del PIB. Esto significa que en el futuro serán necesarios ajustes estructurales, que se canalizarán por la vía de las subidas de impuestos. Así figura en el plan de recuperación que pactó el Gobierno con la Comisión Europea para desbloquear la recepción de los fondos del plan de ayudas.

Además del mandato europeo, hay otro argumento para realizar una política contractiva cuando finalice la crisis: el elevado endeudamiento con que sale España de la crisis. Es cierto que la moderación del déficit este año permitirá rebajar la ratio de deuda/PIB por debajo del 118%, desde el 120% de 2020, y seguir hasta el 114% en 2023. Pero a partir de ese momento, el crecimiento del PIB será similar al déficit, lo que implica un parón en el ajuste coyuntural de la deuda y será necesario un ajuste estructural.