El Gobierno propone ampliar los ERTE al 31 de enero con un recorte de las exoneraciones
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La renovación no será automática

El Gobierno propone ampliar los ERTE al 31 de enero con un recorte de las exoneraciones

La propuesta que ha trasladado el Gobierno a los sindicatos incluye una cláusula que obliga a las empresas a formar a sus trabajadores para beneficiarse de la exoneración en las cuotas

Foto: El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)

El Gobierno ha presentado este martes a los agentes sociales su propuesta para extender por cuatro meses más los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) de la pandemia, que vencen el próximo 30 de septiembre. Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social han propuesto a sindicatos y patronales ampliar la duración de este esquema de protección de rentas hasta el 31 de enero, cubriendo así la próxima campaña navideña, algo que satisface las demandas de ambas partes, explican fuentes presentes en la reunión.

Sin embargo, algunas de las propuestas realizadas chocan con las pretensiones de los agentes sociales. Entre ellas, se encuentra la no renovación automática de la prestación, la reducción de las exoneraciones para los ERTE de limitación y la vinculación de estas ayudas a que las empresas formen a sus trabajadores. El diálogo tripartito seguirá en los próximos días para acercar posturas con el objetivo de que la prórroga pueda aprobarse en el último consejo de ministros del mes, el del próximo martes. El Gobierno tiene claro que esta prórroga mantendrá las ayudas a todos los beneficiarios y los sindicatos han reclamado que se mantenga el 'contador a cero', esto es, que la prestación no consuma derechos de paro. También se mantendrían todos los sectores protegidos actualmente (por categoría de los CNAE) y se prorroga la protección a los trabajadores fijos discontinuos.

Foto: Imagen de la sede del Banco de España en Madrid. (EFE)

El Gobierno ya anunció que pretendía que los nuevos ERTE incluyesen un pilar formativo para que los trabajadores que siguen en esta situación puedan tener una salida a su situación cambiando de empleo. Actualmente hay unos 160.000 trabajadores que siguen sin trabajar ni una sola hora al mes, lo que significa que difícilmente podrán volver a su empleo y será necesario buscarles una salida. El Gobierno ha planteado a los agentes sociales que las empresas tengan que formar a sus trabajadores en ERTE para poder beneficiarse de las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social. Lo que está todavía pendiente de negociación es quién paga esas acciones formativas y cuáles tienen que ser sus características. Lo que sí ha fijado el Gobierno es que la formación tendrá que realizarse entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022, para que así estén terminadas antes del próximo verano.

Las exoneraciones para los ERTE de impedimento, esto es, de las empresas que no puedan abrir por orden administrativa, que son ya una minoría, se mantienen en el 100%. Sin embargo, el Gobierno propone reducir las exoneraciones para los ERTE de limitación hasta el 50% en el caso de las empresas de menos de 50 trabajadores, que actualmente están en el 75%, y del 40% para las empresas mayores, que actualmente cuentan con una ayuda del 65%.

Foto: Imagen de las 'colas del hambre' en Toledo durante la pandemia. (EFE)

Otro de los puntos relevantes de la prórroga de los ERTE es que su renovación no será automática, o así lo ha propuesto el Gobierno. Las empresas que quieran mantener este esquema de protección tendrán que solicitarlo antes del 10 de octubre, así como las prestaciones para sus trabajadores. La autoridad laboral tendrá un plazo de 10 días para contestar a la petición, lo que ya retrasa hasta el día 20 del mes la confirmación de la ayuda. En caso de silencio administrativo se entenderá que la prestación ha sido rechazada, lo que implica que las empresas no habrán contado con la ayuda ese mes, algo que no sabrían hasta el día 20. Esta propuesta ha generado un importante rechazo entre sindicatos y patronales, ya que consideran que introduce una gran inseguridad jurídica.

Los agentes sociales también han solicitado al Gobierno que introduzca una cláusula especial en la renovación de los ERTE para proteger a las empresas y trabajadores de la isla de La Palma como consecuencia de la erupción del volcán. El Ejecutivo ha valorado la propuesta de forma positiva, pero indica que cualquier prestación extraordinaria se aplicará sobre todo el archipiélago canario, ya que otras islas también podrían verse afectadas por el evento, en especial las empresas del sector turístico.

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