COMPARECENCIA EN EL CONGRESO

El BdE pide cambios en la ley de quiebras para evitar que cierren empresas viables

Lo coyuntural se puede convertir en definitivo. Esto es lo que teme el gobernador del Banco de España, que reclama cambios legales para que empresas viables no acaben liquidadas

Foto: Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. (EFE)
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. (EFE)

La economía española ha entrado en una nueva fase. Si la primera significó la explosión de la crisis, la segunda comienza ahora con la gestión de los daños producidos por la pandemia, y estará marcada por una “enorme incertidumbre”.

Este es el mensaje que ha trasladado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, a los diputados de la Comisión para la Reconstrucción del país, donde ha advertido de los “daños estructurales” que ha ocasionado ya el nuevo escenario económico. No es para menos teniendo en cuenta que, de acuerdo con las estimaciones del Banco de España, el PIB ha podido caer en el segundo trimestre del año entre un 16% y un 22% con respecto al primer trimestre. Y lo que es todavía peor, nada indica que volver al punto de partida será rápido.

Según el Banco de España, en 2022, el nivel del PIB se situará todavía entre cuatro y seis puntos porcentuales por debajo del nivel que se proyectaba en diciembre de 2019; la tasa de paro permanecerá por encima del 17% y la ratio de deuda pública sobre el PIB se situará entre el 115 % y el 120 %. Además, no se pueden descartar otros escenarios más negativos como resultado de una evolución más adversa de la enfermedad o de un mayor daño de la crisis sobre el tejido productivo. En particular, en el caso de las empresas de menor tamaño y las que se han visto más afectadas por la crisis, que “podrían encontrar dificultades para acceder a la financiación, especialmente en ausencia de instrumentos de apoyo público”.

También las grandes. Y eso explica que el Banco de España reclame al Gobierno “estudiar la posibilidad” de extender los mecanismos de garantía pública para que las empresas con “perspectivas sólidas de viabilidad” tengan acceso a esos recursos.

Es por eso, por lo que, en esta segunda fase, sostiene el gobernador Hernández de Cos, la respuesta de política económica debe combinar dos objetivos: apoyar la recuperación, lo que aconseja no efectuar una retirada prematura de las medidas de apoyo, pues esto aumentaría el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos, y, en paralelo, facilitar el ajuste de la economía al escenario que emergerá tras la pandemia. Es decir, al mismo tiempo que se aplica una “terapia de choque” hay que dibujar un escenario de salida de la crisis. Soplar y sorber al mismo tiempo para facilitar la salida de la hibernación.

Agenda de reformas

O dicho en otros términos hay que comenzar a diseñar lo que el gobernador denomina una agenda de reformas dirigida a afrontar los desafíos estructurales de la economía. Entre otros motivos, porque, tras la pandemia, España acumulará el mayor nivel de deuda pública en muchas décadas. Es por eso, sostiene el Banco de España, por lo que la senda de reducción del déficit público debe estar sostenida por lo que denomina “cultura de la evaluación” una vez que la economía recupere una senda de crecimiento sólido, aunque, dicho esto, reclama una “definición y comunicación tempranas”, lo que tendría “importantes beneficios para la credibilidad de nuestra política económica”. Algo que exigiría un “amplio acuerdo político” en aras de enderezar un problema de fondo de la economía española, y que tiene que ver con el hecho de que, en los 20 últimos años, la productividad total de los factores apenas haya crecido a una tasa anual promedio del 0,2%.

En todo caso, lo que plantea el Banco de España es que “en el medio plazo se acometa un programa de reducción gradual del déficit y del endeudamiento públicos”. El ritmo, en concreto, podría situarse en una reducción anual del déficit estructural del 0,5%. Eso exigiría, en paralelo, “una revisión integral del sistema impositivo”, con el fin de mejorar su capacidad recaudatoria y su eficiencia.

Entre esos acuerdos, podría encontrarse la extensión de los ERTE en algunos sectores o empresas que seguirán muy afectados por las medidas de distanciamiento social, lo que no es incompatible con el mantenimiento de los “diferentes mecanismos de flexibilidad disponibles para las empresas”, por ejemplo, los descuelgues salariales, que permiten a las empresas en dificultades no subir el salario como fija el convenio.

Entre esos mecanismos para salvar la vida de muchas empresas ahora asfixiadas por la situación económica se propone revisar, de forma urgente, los “procesos de reestructuración, insolvencia y alivio de la carga financiera de las empresas”. Para ello, según el gobernador, deben establecerse procedimientos administrativos “ágiles y simplificados” en los concursos de acreedores. Concretamente, las empresas deudoras con dificultades financieras “deberían tener la capacidad de acceder a un marco preventivo que les permitiese continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables”.

Con el agua al cuello

¿Qué significa esto? Pues que para salvar a miles de empresas que están ahora con el agua al cuello, pero que son solventes, se introduzcan cambios en las leyes concursales atendiendo a la situación de cada empresa. Según Hernández de Cos, muchas empresas que eran solventes antes del 15 de marzo lo siguen siendo, pero pueden caer atrapadas por una legislación demasiado rígida.

Para evitarlo, lo que se propone son más ayudas del sector público. Incluso, sin decirlo de forma expresa, llegando o, a hacer quitas parciales de la deuda. Es decir, en línea con una reciente propuesta de una docena de economista agrupados en torno a Fedea, en la que solicitaban condonaciones parciales cuando estuviera en riesgo el futuro de empresas solventes.

Entre los problemas estructurales, según el gobernador, se encuentra la educación, y Hernández de Cos ha advertido que la “suspensión de la educación presencial tiene el riesgo de generar un impacto negativo sobre el rendimiento académico de los estudiantes”. En particular, en los hogares de menor renta. En consecuencia, propone, hay que dotar al sistema educativo de mecanismos que permitan a los alumnos adquirir las cualificaciones necesarias aun en ausencia de educación presencial.

Contrato único

Otro problema estructural tiene que ver con la proporción de empresas innovadoras, que en España se sitúa muy lejos de los porcentajes observados en Francia, Italia o Alemania, mientras que el peso sobre el PIB de la inversión pública y privada en I+D es un 26% y un 54%, respectivamente, inferior al promedio europeo.

El tercer problema estructural hay que relacionarlo con la elevada precariedad en el mercado laboral, casi el doble que en la UE. Y, en este caso, lo que se propone es reducir la dualidad entre fijos y temporales. Para ello, se propone “explorar figuras como la de contratos con costes de despido crecientes”. Es decir, el llamado contrato único, que significa que la cuantía de la indemnización sería en función de la antigüedad.

En relación a las pensiones, lo que se propone es fijar un nivel de prestaciones mínimo que debe proveer el sistema público y caminar hacia un modelo similar al de las cuentas nocionales, como existen en países como Alemania, Suecia o Italia, que han optado por incorporar mecanismos de ajuste entre la esperanza de vida y el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación para estabilizar el sistema.

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