PARA EVITAR LA LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS

Fedea pide quitas y que el Estado pierda privilegios en las quiebras

La idea de condonar deudas en empresas solventes se abre paso. Un informe de Fedea lo propone. También, que el Estado tenga menos privilegios a la hora de cobrar

Foto: Un negocio, cerrando su persiana. (EFE)
Un negocio, cerrando su persiana. (EFE)
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La propuesta es, por el momento, la última de las que está realizando Fedea para hacer frente a las consecuencias económicas del covid-19. Y, en resumidas cuentas, lo que se propone es que las administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, pierdan sus privilegios a la hora de cobrar cuando una empresa insolvente se declara en concurso de acreedores.

En concreto, los que se reclama es que, “en situaciones como la actual”, lo prioritario sea impedir que empresas “económicamente viables sean liquidadas”. Y para evitarlo, se propone “facilitar la reestructuración de su deuda”.

¿Cómo? Por un lado, limitando a la hora de cobrar tanto los privilegios de las administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, como los vetos de los acreedores sénior, es decir, los que tienen preferencia a la luz de su calidad crediticia. Por otro lado, lo que se propone es facilitar la reestructuración de las deudas contraídas con los bancos por las empresas en dificultades pero solventes. Esto, según Fedea, “podría facilitarse mediante quitas, tanto de deudas fiscales como a la Seguridad Social”. Es decir, una condonación parcial de la deuda en el marco de un proceso de reestructuración del pasivo.

Cuadro del 'Informe del grupo de trabajo mixto Covid-19', de Fedea.
Cuadro del 'Informe del grupo de trabajo mixto Covid-19', de Fedea.

La propuesta forma parte de una serie de documentos que están elaborando diversos economistas para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cuyos patronos son el Banco de España y algunas empresas del Ibex. El documento se titula ‘Por la recuperación financiera de las empresas tras el covid-19’, y ha sido elaborado, entre otros, por economistas como Santiago Carbó, José Ramón Díez (Bankia), Gonzalo de Cadenas (Mapfre), Jorge Onrubia, Emilio Ontiveros (AFI), Rafael Repullo (CEMFI); Javier Santillán o Francisco Uría (KPMG).

En síntesis, lo que se dice es que el sector público está obligado a cumplir un papel fundamental en el reflotamiento de muchas empresas ahora en dificultades. No solo por el tratamiento que se dé a las deudas contraídas por las empresas en unas circunstancias muy difíciles, sino también porque el sector público es clave en la cadena de pagos, como ya se observó en la anterior crisis, que derivó inicialmente en un enorme retraso que solo se solucionó cuando se crearon instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Los retrasos, sin embargo, pudieron ser fatales para muchas empresas que no disponían de liquidez suficiente.

Problemas de tesorería

Ahora, lo que se reclama es que las administraciones no vuelvan a acumular impagos, lo que pondría en mayores dificultades la tesorería de miles de empresas. Y, en concreto, se recuerda que ya el nivel de retraso de pagos por parte de las administraciones públicas es “considerable” en algunos casos. En concreto, las obligaciones pendientes de pago del sector público con el sector privado superaban los 81.500 millones de euros a cierre de 2019, montante equivalente al 6,6% del PIB.

Una de las cuestiones más polémicas en esa crisis es la participación del sector público en el capital de las empresas privadas, algo que pudiera estar distorsionando el mercado interior, ya que los países con más recursos tienen mayor capacidad para salvar empresas. Y, en este sentido, lo que se propone es articular esquemas de apoyo a la solvencia empresarial mediante inversiones participativas público-privadas siempre que tengan carácter “estrictamente temporal”.

El documento recuerda que, a escala europea, los apoyos de otros gobiernos a la liquidez y solvencia de sus empresas son “significativamente más ambiciosos y cuantiosos que en España”. En concreto, y en relación con las ayudas directas a pymes y autónomos vía transferencias, en España se sitúan en solo un 0,3% del PIB, muy por debajo de otros países europeos: Alemania, donde alcanzan un 1,9% del PIB; Francia, 1%; Reino Unido, 1,2%; Dinamarca, 1,6%, u Holanda, 0,7%.

La conclusión que sacan los economistas agrupados por Fedea es que esos países parecen más decididos a ayudar a sus empresas, “probablemente por una mejor situación de sus finanzas públicas y, probablemente, por una mayor confianza de la sociedad en sus instituciones”. La consecuencia no deja lugar a dudas: “Esto crea un marco competitivo y de recuperación económica desigual”, se asegura.

Es por eso por lo que se plantea acudir a la vía de las participaciones preferentes como un modelo particularmente adecuado, aunque eso suele beneficiar más a las grandes empresas.

La ventaja es que así no estaría la incertidumbre de no saber si después del proceso se recibiría la financiación que garantizara la supervivencia

Por último, lo que se propone es que teniendo en cuenta las limitaciones de las empresas para el acceso a la financiación, sea el Estado quien avale determinados préstamos destinados a posibles procesos de consolidación empresarial. Es decir, de compra de empresas, habida cuenta del reducido tamaño de las españolas.

De esta manera, se asegura, las empresas tendrían la seguridad de que estos procesos les permitirían acceder a la financiación necesaria para mantener un determinado nivel de empleo y de capital circulante de las empresas adquiridas. La ventaja es que así no se generaría la incertidumbre de no saber si después del proceso —la fusión— se recibiría la necesaria financiación que garantizara la supervivencia de la nueva entidad combinada.

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