La doble recesión salvará a España de ser contribuyente neto a la UE

La noticia buena es que España, muy probablemente, seguirá siendo receptor neto de fondos de la Unión Europea —saldo financiero entre pagos y transferencias procedentes de la UE—. La noticia mala es que el mantenimiento del 'statu quo' (aunque con escaso superávit) será consecuencia de los pobres resultados obtenidos por la economía española en los últimos años.

En particular, por la doble recesión sufrida. En 2009, cuando el PIB retrocedió un 3,6%, y en 2012, cuando cayó un 2,9%. Y como la asignación de fondos comunitarios se hace respecto de la renta media de la UE, eso significa que España seguirá ingresando más de lo que aporte a las arcas comunitarias.

La renta per cápita de los españoles, en concreto, llegó a alcanzar un 105% de la media de la UE27 en el año 2007, al inicio de la crisis, pero aunque aguantó razonablemente bien la embestida de la primera recesión (en 2010 el PIB per cápita en términos de paridad de compra bajó hasta el 99%), en 2012, y debido a la segunda gran contracción de la economía, el nivel de renta se hundió hasta representar solo el 91%. Es decir, una caída de nada menos que 14 puntos en apenas unos pocos años.

Desde entonces, el PIB per cápita apenas se ha recuperado, hasta representar el 92% en 2017, nivel que se tendrá en cuenta a la hora de asignar los nuevos fondos que lleguen en el próximo septenio del marco financiero plurianual (MFP). Este marco, como se sabe, es el presupuesto de la Unión Europea a largo plazo, y establece los límites del gasto de la UE (tanto en su conjunto como en distintos ámbitos de actividad) durante un periodo de cinco años como mínimo, aunque tradicionalmente ha abarcado siete ejercicios.

El anterior marco estableció un límite de compromisos de gasto equivalente a 959.510 millones de euros, pero en el próximo septenio esa cifra aumentará, en principio, de forma significativa (descontando el efecto Brexit), habida cuenta de que la Comisión ha propuesto elevar las aportaciones de los Estados hasta el 1,11% de la renta nacional bruta disponible (frente al 1% actual).

Las cifras no están cerradas. Entre otras cosas, porque será la Comisión Europea entrante (la que surja tras las elecciones del 26 de mayo) quien tendrá que negociarlas con los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de otoño, que es cuando se pretende aprobar el plan financiero plurianual 2021-2027, que debe incluir tanto las orientaciones de política presupuestaria como las cifras detalladas.

Niveles de renta

Esto es especialmente relevante para España, si se tiene en cuenta que en el plan anterior muchas regiones salieron de los objetivos prioritarios de la UE al elevar sus niveles de renta, lo que explica que entre 2014 y 2019, en este caso, según lo previsto en el proyecto de presupuestos devuelto por el Congreso al Gobierno, España haya sido contribuyente neto en una cifra equivalente a 3.538 millones de euros. Desde 2014, tan solo en 2015 y 2018 el saldo financiero ha sido favorable a España, que hizo un enorme progreso en términos de renta en los años anteriores.

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Lo que se sabe hoy, según Eurostat, es que en una década, entre 2007 y 2017 —los datos del año pasado son todavía provisionales—, la economía española creció una media del 0,3%, por debajo del 0,6% del área del euro y del 0,8% del conjunto de la UE28. Es decir, aunque la economía española haya crecido muy por encima de la media desde 2015, no ha sido suficiente para avanzar de forma relevante en la convergencia.

Esto es especialmente importante para las regiones con un nivel de renta per cápita inferior al 75% de los Eestados miembros, ya que la cohesión continuará siendo, junto a la política agrícola común (PAC), la parte del león del presupuesto comunitario. La cohesión, en concreto, según el último proyecto de la actual Comisión, se llevará 373.000 millones entre 2021 y 2027, lo que supone alrededor de la tercera parte del presupuesto de la UE.

Políticas de cohesión

La política de cohesión identifica tres categorías de regiones: las menos desarrolladas, las regiones en transición y las regiones más desarrolladas. Y lo que se sabe es que el PIB per cápita seguirá siendo el criterio predominante para asignar fondos con el objetivo de reducir las disparidades y ayudar a que las regiones de baja renta y bajo crecimiento se pongan al día. Además, se introducen nuevos criterios para reflejar mejor la realidad sobre el terreno, como el desempleo juvenil, un bajo nivel educativo, el cambio climático y la acogida e integración de los migrantes. Y España, no hay que olvidarlo, tiene el segundo mayor nivel de paro de la UE (tras Grecia), una elevada tasa de abandono escolar y es crucial en la frontera sur de Europa. Por lo tanto, encaja en los nuevos criterios de asignación de fondos.

Los datos más recientes de Estadística muestran que dos comunidades autónomas, Andalucía (74%) y Extremadura (70%), y una ciudad autónoma, Melilla (71,8%), cerraron el año 2017 con un PIB per cápita inferior al 75%, por lo que seguirán teniendo un trato preferencial en el reparto de fondos de la UE.

Con datos correspondientes al trienio 2014-16, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía se sitúan como regiones menos desarrolladas por no alcanzar el 75% de la renta per cápita media; Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias son calificadas como regiones en transición (entre el 75% y el 100%), mientras que Madrid, País Vasco, Cataluña, Navarra y Aragón superan el 100% de la renta media y se consideran regiones más desarrolladas.

Ahora bien, por lo que respecta al Fondo de Cohesión, uno de los instrumentos de convergencia regional, el método actual de asignación de recursos no sufrirá alteraciones. Se beneficiarán aquellos Estados miembros cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita esté por debajo del 90% de la media de la UE.