Mala noticia para los gobiernos autonómicos

Las administraciones públicas preparan sus cuentas con la senda de déficit de Rajoy

Cs se ofrece para desbloquear el veto del Senado al techo de gasto, pero es demasiado tarde para el Estado, las comunidades autónomas y la Seguridad Social, las tres administraciones afectadas

Foto: El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el Congreso. (EFE)
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el Congreso. (EFE)

La senda de estabilidad presupuestaria ha protagonizado uno de los principales encontronazos parlamentarios entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición del PP y Ciudadanos, y ha acabado en el Tribunal Constitucional. Los dos partidos optaron por bloquear la reforma de la Ley de Estabilidad en el Congreso con el objetivo de boicotear la tramitación de los Presupuestos del PSOE. Ahora, Ciudadanos ha decidido cambiar su estrategia y ha tendido la mano al Gobierno para acelerar la reforma, pero para las distintas administraciones se antoja demasiado tarde.

Comunidades autónomas, Seguridad Social y Estado están preparando sus cuentas de 2019 ciñéndose a la senda de déficit de Rajoy. Así lo confirman fuentes de las tres administraciones. En realidad, no tienen otra alternativa, ya que la ley es clara y determina que tienen que ceñirse a la senda aprobada, que hasta ahora es la que dejó Rajoy en julio de 2017.

Esto significa que el margen presupuestario con el que están trabajando las autonomías es de cinco décimas del PIB menos que la senda concedida por la Comisión Europea tras la investidura de Pedro Sánchez. En concreto, las autonomías y la Seguridad Social tienen que ajustar sus presupuestos con un déficit de dos décimas menos, unos 2.500 millones de euros, mientras que el Estado tiene una décima menos, unos 1.300 millones menos. El resultado es que el desfase presupuestario de España tiene que reducirse hasta el 1,3% del PIB en 2019 desde el 2,7% de 2018, en vez de desviarse hasta el 1,8%, como pretende el Gobierno.

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Algunas comunidades han llamado al Ministerio de Hacienda para preguntar qué senda de déficit tienen que fijar en sus presupuestos y la respuesta que están recibiendo es la misma en todos los casos: el Gobierno hará lo posible por acelerar la aprobación de los nuevos objetivos de déficit pero, hasta entonces, tienen que ceñirse a la senda de Rajoy. De lo contrario, estarían presentando unas cuentas que no se ajustan a la legalidad y podrían acabar tumbadas por los tribunales.

Las comunidades están llamando a Hacienda y la respuesta siempre es la misma: tienen que ceñirse a la senda de estabilidad que dejó aprobada Rajoy

Es importante señalar que las administraciones tienen que cuadrar las cuentas ‘sobre el papel’, ya que la realidad ha demostrado que no pasa absolutamente nada si se desvían e incumplen los objetivos de estabilidad. De hecho, aunque los números presentados sean irrealizables, esto no suele tener consecuencias. Para las comunidades autónomas, el único inconveniente es que tendrán que presentar un Plan Económico-Financiero al año siguiente y, como máximo, aprobar un acuerdo de no disponibilidad para compensar la desviación en el caso de que Hacienda lo imponga. Y parece complicado que vaya a hacerlo si se saltan la senda de Rajoy.

En el caso del Estado y la Seguridad Social, no pasa nada por excederse en el déficit. De hecho, la Administración central nunca ha cumplido sus compromisos desde la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el año 2012. Y tampoco en 2018 va a hacerlo.

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Las comunidades autónomas están elaborando ya sus cuentas para 2019 y de momento no tienen ninguna expectativa de que la nueva senda de estabilidad vaya a llegar a tiempo. Eso significa que la mayoría se prepara para comenzar el año con el antiguo objetivo de déficit, esto es, del 0,1% del PIB.

Es cierto que muchas autonomías no tienen otra alternativa que elaborar unas cuentas en superávit o equilibrio, ya que están constreñidas por la regla de gasto. En concreto, el gasto público (computable en la regla de gasto) no puede crecer en 2019 más de un 2,7%. Este límite lo fijó ya el Gobierno de Rajoy y Sánchez quiere respetarlo. Esto significa que muchas regiones no podrán aprovechar todo el margen de déficit ya que no pueden elevar tanto su gasto público.

Más de la mitad de las comunidades tendrán que ajustar sus presupuestos a la regla de gasto con independencia de la senda de déficit

Esto supone que más de la mitad de las comunidades tendrán que ajustar sus presupuestos a la regla de gasto independientemente de la nueva senda de déficit o la antigua. Es más, País Vasco, Navarra, Baleares y Canarias van por el camino de tener que presupuestar superávit fiscal para el próximo ejercicio.

Demasiado tarde

El cambio de Ciudadanos es, de momento, poco más que un amago. El partido quiere dejar de bloquear la tramitación de las enmiendas a la totalidad, pero todavía no se sabe si va a ayudar al PP a paralizar el debate de las enmiendas parciales. Esto significa que todavía está por ver si la formación naranja ha cambiado realmente de opinión o este movimiento ha sido solo un ‘globo sonda’ para ver cómo calaba entre el electorado.

Pero, aunque realmente haya cambiado de opinión, todo parece indicar que es ya demasiado tarde, al menos para las comunidades autónomas. En primer lugar, porque el cambio de la norma tendría que pasar toda la tramitación en el Congreso y posteriormente en el Senado.

Y, en segundo lugar, porque una vez modificado el artículo 15 de la Ley de Estabilidad, el que da a la Cámara Alta la capacidad de veto, hay que tramitar la modificación de los objetivos de déficit. Esto es, aprobarlos en Consejo de Ministros, llevarlos al pleno del Congreso y posteriormente al del Senado. Y todo eso teniendo en cuenta que finalmente el Gobierno consiga llevar a buen puerto su estrategia, punto que no está nada claro.

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Esto significa una dilatación de plazos que se traduce en que las comunidades autónomas tendrán que elaborar sus números con la senda de Rajoy. Además, si se tiene en cuenta que es año electoral, todos los gobiernos regionales querrán aprobar sus presupuestos para realizar políticas públicas. De hecho, la mayor parte de las autonomías trabajan de forma concienzuda para tener listas las cuentas de modo que entren en vigor el primero de enero.

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