Con el impuesto digital y el financiero

Hacienda estimó los ingresos de los nuevos tributos sin saber el número de declarantes

Prevé recaudar más de 2.000 millones con los impuestos digital y financiero, pero no puede estimar el coste administrativo porque desconoce el número de contribuyentes que tendrán que pagarlos

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

Para compatibilizar el incremento del gasto público con el ajuste estructural del déficit, el Gobierno se vio obligado a prometer a la Comisión Europea la creación de dos nuevos impuestos que aumentarán la recaudación en más de 2.000 millones de euros en 2019. Se trata del impuesto sobre determinados servicios digitales (ISD) y el de transacciones financieras (ITF). El Gobierno realizó una estimación de recaudación que muchos analistas han calificado de ambiciosa, pero el Ejecutivo defendió que era prudente. Ahora ya se conoce cómo realizó los cálculos y admite que desconoce hasta cuántos contribuyentes se verán afectados por estos dos tributos.

El Ministerio de Hacienda ha publicado la memoria económica del impacto normativo de los dos anteproyectos de ley que ha sacado a consulta pública. Ahí reconoce que “el impacto recaudatorio asociado a este nuevo tributo es difícil de cuantificar”, en referencia a la tasa Google. A pesar de todas las dificultades, el ministerio se atreve a poner una cifra concreta a cada uno de los tributos: 1.200 millones con el de servicios digitales y 850 con el de transacciones financieras. Sin embargo, no quiere cuantificar las cargas administrativas que supondrían para las empresas encargadas de liquidar el tributo, porque no sabe cuántos contribuyentes tendrá cada uno de ellos.

La contradicción es mayor en el caso del impuesto digital. Para justificar los 1.200 millones de previsión, el ministerio explica que al “establecer umbrales de tributación más exigentes”, generará mayores ingresos. En concreto, señala que pretende establecer el límite para cargar el impuesto a las empresas que facturen más de tres millones de euros gracias a estos servicios digitales y no cinco millones como establece la propuesta de directiva de la Comisión Europea que se someterá a debate en dos semanas.

Este umbral más bajo permite “ampliar significativamente el número de obligados en un segmento del universo empresarial especialmente poblado en nuestro país”. En otras palabras, esta rebaja de los límites de tributación hará que muchas más empresas tengan que pagar este impuesto. Gracias a esta medida, la recaudación se incrementaría en 240 millones de euros, nada menos que un 33% más.

No se dispone [de] información sobre el posible número de contribuyentes que tendrán que liquidar el impuesto digital

En la misma memoria económica, apenas unos párrafos más adelante, el ministerio admite que “no se dispone [de] información sobre el posible número de contribuyentes que tendrán que liquidar el impuesto”. Además, matiza que “principalmente afectará a empresas multinacionales” que ingresan mucho más que tres millones y también mucho más que cinco millones, de modo que la modificación del umbral apenas tendría impacto recaudatorio. Todo lo contrario de lo que prevé el Gobierno, que estima que las empresas que ingresen entre tres y cinco millones de euros aportarán un 25% de la recaudación del tributo.

Hacienda reconoce así lo que es una evidencia: nadie sabe cuántas empresas se verán afectadas por este tributo. De modo que la estimación que realiza gracias a su rebaja del umbral de tributación es papel mojado.

[El Gobierno aprobará el gasto público más bajo desde 2007, equivalente al 40,9% del PIB]

Gracias a este umbral más estricto, el Ministerio de Hacienda considera que España elevaría el potencial recaudatorio del impuesto digital hasta 968 millones de euros. Sin embargo, esta cuantía está muy lejos de los 1.200 millones que ha prometido el Ejecutivo a Bruselas. La diferencia la cubre el Gobierno justificando que los ingresos de este sector crecen muy rápido, nada menos que un 25% anual en el último trienio, por lo que en 2019 se mantendrá esta inercia.

Esta "circunstancia permite estimar el impacto recaudatorio total entre 1.065 millones y 1.258 millones”, explica el ministerio en la memoria económica. Entre la estimación más prudente y la más optimista, hay un rango de casi 200 millones de euros y el Gobierno se ha quedado en la franja más ambiciosa. En concreto, su previsión de recaudación es de 1.200 millones, apenas 58 millones por debajo del máximo estimado.

Menos operaciones financieras

En cuanto al impuesto sobre transacciones financieras, el Ministerio de Hacienda prevé una recaudación de 850 millones. A esta cifra llega después de analizar 198 operaciones de compraventa de acciones en empresas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros. Posteriormente, ha extrapolado este dato al conjunto de transacciones financieras y así sale la cifra de los 850 millones.

El ministerio matiza que “la cifra así obtenida ha sido objeto de corrección a la baja para tener en cuenta el gravamen de las operaciones netas en lugar de las brutas”, que no serán sometidas a tributación. Hacienda admite que este tributo “podría producir una reducción del volumen global negociado en acciones españolas sujetas al impuesto”, ya que tendrían un coste superior, pero no cuantifica el impacto.

Para reducir las cargas administrativas que tienen que soportar los operadores financieros como consecuencia de este nuevo tributo, Hacienda estudia establecer un procedimiento de liquidación y pago del impuesto que “se pueda canalizar a través del depositario central de valores”. Esto permitiría unificar el pago del tributo en algunas entidades, de modo que las empresas reducirían los costes administrativos de gestionar el tributo.

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