Más problemas para la tasa Google: Bruselas pide que sea deducible en sociedades

El Gobierno prometió a la Comisión Europea que recaudaría 1.200 millones de euros con la creación del impuesto sobre determinados servicios digitales (ISD), popularmente conocido como tasa Google. Una cuantía que no solo se antoja ambiciosa, sino que tiene otros problemas a los que se enfrentará ahora o en el futuro. La iniciativa española surgió de la propuesta de directiva europea —que se debatirá el próximo 6 de noviembre en el Ecofin— que contempla que el gasto de las empresas en este tributo sea deducible en el impuesto sobre sociedades.

La propuesta de directiva muestra su preocupación por la doble imposición que se podría generar si los estados miembros aprueban el impuesto sobre determinados servicios digitales. En primer lugar, sobre las rentas generadas en el propio país y, en segundo, por las rentas obtenidas en el resto de la Unión Europea. Bruselas considera que se tiene que considerar un gasto en el que incurren las tecnológicas y, por tanto, merma su resultado contable, de modo que no debería volver a tributar en el impuesto sobre sociedades, como ocurre con otros tributos. Eso sí, no se aplicaría a toda la tributación del impuesto sobre servicios digitales, sino que se limitaría a ingresos que estén sujetos a los dos tributos.

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Para evitar esta situación, la propuesta de directiva recoge, en su punto 27, que “con el fin de reducir los posibles casos de doble imposición cuando los mismos ingresos estén sujetos al impuesto sobre sociedades y al ISD, se espera que los estados miembros autoricen a las empresas a deducir el ISD, pagado como coste, de la base imponible del impuesto sobre sociedades en su territorio, independientemente de que ambos impuestos se paguen en el mismo Estado miembro o en estados miembros diferentes”.

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En otras palabras, esta tasa Google se comprendería como un gasto que tienen que realizar las empresas dentro de su actividad y, por tanto, sería deducible de la base imponible en el impuesto sobre sociedades. El resultado es que la previsión de recaudación que conseguiría Hacienda gracias al establecimiento de este gravamen no sería neta, sino bruta, ya que se tendría que descontar la pérdida de recaudación del impuesto sobre sociedades de las tecnológicas. La merma en el impuesto sobre sociedades no sería equivalente a los ingresos generados por el nuevo tributo, pero sin duda serían inferiores a la estimación del Gobierno.

Cuando los mismos ingresos estén sujetos al impuesto sobre sociedades y al ISD, se espera que los estados autoricen la deducción del ISD

El Gobierno todavía no ha hecho pública la letra pequeña del anteproyecto de ley de este impuesto que aprobará este viernes en el Consejo de Ministros. Eso significa que todavía se desconoce si acatará la propuesta de directiva de la Unión Europea. Tampoco hay que olvidar que esto es solo una propuesta, no es el texto definitivo, que tal vez nunca llegue a aprobarse.

Los estados miembros debatirán la propuesta el próximo 6 de noviembre en el Ecofin. Será una de las reuniones más importantes de los últimos meses, ya que el objetivo de los grandes países de la Unión es aprobar el impuesto sobre servicios digitales a nivel europeo para evitar la competencia desleal entre países. Esta directiva, como el resto, necesita que haya unanimidad para salir adelante, de lo contrario se vería bloqueada y los países que quisieran adoptarla tendrían que recurrir a la vía de la cooperación reforzada.

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En cualquier caso, parece complicado que España pueda escapar finalmente al diseño del tributo que se diseñe a nivel europeo, máxime cuando es una iniciativa que surgió a nivel comunitario. También es importante tener en cuenta que el Gobierno pretende que España sea pionera impulsando este tributo de forma unilateral sin el acompañamiento del resto de países comunitarios, lo que siempre genera dudas sobre cómo funcionará.

Un impuesto indirecto

La Asociación de Inspectores de Hacienda recordó el jueves que la propuesta de directiva europea considera el impuesto sobre determinados servicios digitales un tributo indirecto, de modo que debería ser deducible en el impuesto sobre sociedades. De hecho, la asociación ha dedicado su congreso anual al debate sobre la fiscalidad de las grandes tecnológicas, donde han abordado esta figura tributaria controvertida que han propuesto la Unión Europea y también la OCDE.

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“La Comisión es de la opinión de que es un impuesto indirecto”, explica Francisco Fernández Monge, inspector de Hacienda y representante de España ante la Unión Europea. “Hay que tener en cuenta cuál es el objeto del gravamen, esto es, la creación de valor del usuario”, explica Fernández Monge. Sin embargo, el tributo no grava directamente al usuario (que es el que aporta el valor) sino a la empresa que posteriormente monetiza ese valor, de modo que sería un tributo indirecto.

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En este caso, el impuesto debería ser deducible, por ejemplo, como es el IVA. Otro problema es el que se deriva de la deducibilidad del pago del impuesto en otro país. Al tratarse de operaciones ‘cross-border’ (que atraviesan fronteras), no siempre es sencillo determinar dónde se ha realizado el hecho imponible. Para evitar dificultades, la Comisión pretende que sea deducible en cualquier país, pero esta opinión también puede generar controversia. “Es otro punto de discusión”, reconoce Fernández Monge. No obstante, no será necesario esperar mucho tiempo hasta que cada país ponga las ‘cartas sobre la mesa’. Será el próximo 6 de noviembre y ahí se verá hasta qué punto la UE es capaz de impulsar un tributo especialmente diseñado para las grandes tecnológicas norteamericanas.

La creación de la tasa Google no es neutra, sino que tiene efectos negativos sobre la actividad económica

Los inspectores de Hacienda también recordaron que la OCDE alerta de que la creación de la tasa Google no es neutra, sino que tiene efectos negativos sobre la actividad económica. España está liderando la creación de este impuesto y, por tanto, puede sufrir en mayor medida. Por dos motivos, el primero, porque drene inversión extranjera, y el segundo, porque puede suponer unos importantes costes de gestión para las empresas adaptarse a este tributo inédito.